La Unión de Personal Militar Asociación Civil (Upmac), organización fundada en 2002 y con personería jurídica reconocida al año siguiente, cursó el pasado 30 de noviembre un pedido al presidente electo Javier Milei que en la reforma de ministerios que aplicará su gestión “elimine la Secretaría de Derechos Humanos”. Es que, según la entidad, que tiene entre sus prioridades buscar una “solución” al problema de “la detención arbitraria de los camaradas presos por supuestos delitos denominados de lesa humanidad” –según definió su presidente, el coronel retirado Francisco Verna– el área nacional aparece como un estorbo superlativo para ese fin. “Lejos de velar por el cuidado de los derechos esenciales de todos los habitantes de República Argentina, sólo se ha dedicado a impulsar como querellante los llamados «juicios de lesa humanidad», que no son más que la «máscara» de la «justicia venganza» que sirvió y sirve para humillar al personal militar, de fuerzas de seguridad y policiales que participaron en la guerra antisubversiva de los años 70”, sostuvo la entidad.
Upmac admite a personal de las tres Fuerzas Armadas, retirados o en actividad, como socios activos; pero tiende lazos también a las fuerzas de seguridad y policiales, familiares, y a cualquier persona que comparta el ideario como socios adherentes u honoríficos. Pero sus actividades se centran en el personal militar y la entidad ha tenido una fuerte política gremial en reclamos de personal retirado o con pensión militar, haberes, política salarial, política de ascensos, presupuesto para Defensa y condiciones profesionales; también en cuanto a la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas (Iosfa). Pero en ningún momento dejó de lado las presentaciones por quienes considera “presos políticos”, en particular por los detenidos aún sin condena por su participación en el terrorismo de Estado de la última dictadura, al que no reconoce como tal cosa. Entre las acciones que destaca, Upmac incluso cursó denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ante el Grupo de Trabajo por Detenciones Arbitrarias y el Comité contra la Tortura, ambos organismos de Naciones Unidas. Y también denunció “tratos inhumanos” a el Vaticano.
En su sitio en internet mantiene enlaces hacia el noticiero Tiempo Militar, el foro Pacificación Nacional Definitiva, el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, el Círculo de Oficiales de Mar y la Unión de Promociones, entidad conocida por la sostenida reivindicación de las fuerzas militares, de seguridad y policiales que libraron una “guerra” contra el “terrorismo”. Precisamente esta última entidad, que surgió tres años después de Upmac en fecha similar –29 de mayo, Día del Ejército– la precedió dos días en su apelación al futuro gobierno de Milei: su delegación en Mendoza entregó el pasado 28 de noviembre a un diputado nacional electo de La Libertad Avanza en la provincia cuyana –Facundo Correa Llano– una carta para el futuro jefe del Estado en la que pide una “solución definitiva” para los militares “injustamente detenidos”.
Upmac fue más allá al pedir la disolución del área de Derechos Humanos por haber establecido lo que llama “política de persecución” de “los funcionarios de la Secretaría que, activa e injustamente, someten a los agentes del Estado imputados en dichos juicios a dictámenes tendenciosos y apartados de todo rigorismo jurídico y científico, con el propósito de imponer la teoría que ellos llaman «impunidad gerontológica», según la cual el beneficio de excarcelación o prisión domiciliaria en razón de la edad o del estado de salud, no debe aplicarse a los imputados en estas causas”.
“Esto significa, en otras palabras, perseguirlos a cualquier precio y que se mueran en las cárceles, lo que además implica una discriminación, concebida desde una mirada sociológica, carente de fundamente jurídico”, sostiene Upmac, y carga, con nombre y apellido, contra tres funcionarios del área “indignos de su profesión”, un abogado, un médico y una psicóloga.
Con todo, los pedidos casi gemelos en tiempo y forma de Upmac y la Unión de Promociones al presidente electo Milei coincidieron con las versiones –luego confirmadas– que restaban influencia futura a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, en las carteras de Seguridad y de Defensa. Conocida por sus posiciones como parte de la “familia militar”, Villarruel es cofundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) una organización creada en 2003, y que comparte ideario con las anteriores. Pero a la postre ambos ministerios quedaron en manos de los candidatos de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich confirmada para Seguridad, y el ex cobista Luis Petri para Defensa, en una línea más distante de las aspiraciones de los represores condenados –o procesados a la espera de juicio– por crímenes contra la humanidad.
Cercenada la línea directa, Upmac y la Unión de Promociones apelaron al propio Milei cuya posición –al menos la que mantuvo en el debate presidencial– es que en la última dictadura no existió terrorismo de Estado sino que se cometieron “excesos”, y admitió la desaparición forzada de personas aunque negó la cifra de 30.000 desaparecidos: sostuvo que fueron “8.753”.
