La orden provino del tribunal federal que integran los jueces Mariano Llorenz, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia y fueron categóricos. Desarchivar la causa que el juez Ariel Lijo había investigado durante un largo proceso de tiempo, adelantada por Noticias Argentinas de manera exclusiva, sin encontrar razones ni fundamentos que prueben la existencia de una red de trata de personas en las que fueron involucrados el empresario y escritor Alejandro Roemmers y el empresario de medicina y directivo de River Plate, Matías Barreiro.
Lijo concluyó que en la denuncia realizada por Roberto Mazzoni se acreditaron relaciones pero, siempre, lo que aparece son intercambios de dinero por sexo o dinero por acompañamiento pero, de ninguna manera, maniobras vinculadas a la trata de personas.
El delito de la trata de personas es uno de los más aberrantes que puedan tipificarse en un código de leyes en la actualidad. Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos de la persona afectada. Para la ONU, ningún lugar en el mundo es inmune a la trata de personas, que consiste en vender, comprar y comercializar a las personas como si se tratase de objetos.
A pesar del consenso existente para condenar estas prácticas el delito persiste y representa la nueva esclavitud en el siglo XXI. La ONU señala que “…el 66% de las víctimas de trata de personas identificadas desde 2006 en países de América Latina son mujeres, el 13% niñas, el 12% hombres y el 9% niños”.
En este contexto, señalar con el dedo índice a uno de los integrantes de una de las familias más acaudaladas de la Argentina y a un dirigente de uno de los principales clubes deportivos del país, requiere de una investigación exhaustiva y de declaración de testigos que avalen la acusación que no fueron presentados durante el período de instrucción realizado por Ariel Lijo.
Para el juez federal, candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia, en esta causa no aparecen indicios de trata ni hay menores de edad involucrados. Se aportaron chats y conversaciones como pruebas pero se trata de transacciones y acuerdos entre adultos libres y conscientes de sus actos. Con estos argumentos se archivó la causa. Nadie fue imputado por ningún delito y se terminaron las especulaciones sobre el honor y el buen nombre de los señalados por Mazzoni.
Sin embargo, ni Alejandro Roemmers ni Matías Barreiro podrán pasar la hoja rápidamente por estas acusaciones que no pudieron ser probadas en sede judicial porque la Cámara Federal, con la firma de los jueces Mariano Llorenz, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, ordenó el desarchivo de la causa, que era lo que había pedido la Asociación Civil Madres Víctimas de Tratas.
La sentencia de Cámara Federal es del 8 de julio de 2024 y revocó la sentencia del juez federal Lijo, En el marco del expediente N° 1052 / 2022, caratulado “Legajo nº 9 – Querellante: Mazzoni, Roberto Oscar. Imputado: Roemmers, Alejandro Guillermo y otros s/legajo de apelación”, la Cámara revocó la sentencia de archivo y ordenó al juzgado a proseguir con la investigación de acuerdo a los parámetros establecidos en dicha sentencia para recién establecer si corresponde o no su archivo.
Para tomar esta decisión, la Cámara consideró, respecto al fondo de la cuestión, que “compartimos el carácter prematuro asignado por el impugnante a la resolución puesta en crisis”. Es decir, que los hechos denunciados “no pueden ser desestimados sin la realización de las correspondientes medidas probatorias que diluciden esos interrogantes”. En este sentido, consideró que “los elementos de convicción hasta aquí colectados resultan insuficientes para archivar la causa en los términos en los que lo ha hecho el Magistrado de grado”.
Además, los integrantes de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata hicieron alusión a posibles conductas que guardarían conexión”. Al respecto, señala que al respecto, el Juez Lijo “no ha ordenado medida alguna a los fines de ahondar sobre la misma”.
Según trascendió en Comodoro Py, dos jóvenes se presentaron ante la Asociación mencionada y “expresaron a viva voz, que su vida corría peligro, atento a que las secuencias vividas involucraban a gente famosa y poderosa, y temían realizar una declaración en sede judicial”.
La presentación también señaló que las víctimas, según expresaron desde la asociación, manifestaron haber sido drogadas mientras participaron de fiestas, en las cuales los denunciados habrían sido parte.
Una vez más, el escritor Alejandro Roemmers volvió a resaltar que es víctima de una fake news.
En un comunicado que dio a conocer a través de sus abogados señaló que, «….la justicia archivó la falsa denuncia de Roberto Mazzoni después de dos años en que no se presentara ninguna prueba y ningún damnificado en la causa, ni siquiera el propio Mazzoni, ya que nunca trato al Sr. Roemmers. Reiteramos: no existe ni una sola persona, ni mayor ni menor de edad, ni en nuestro país ni en el exterior, que haya jamás manifestado alguna queja respecto al comportamiento impecable del Sr. Alejandro G. Roemmers».
Además, se puso de manifiesto las credenciales poco creíbles del denunciante Mazzoni. “Manifestamos también que, mediante un escrito presentado en la justicia, hemos ofrecido testigos y pruebas que demuestran el accionar de Roberto Mazzoni, la incitación del falso testimonio y su voluntad de pedir dinero a cambio de no difamar falsamente”.
Por último, los letrados señalaron que «Pedimos a todos no hacerse eco de estas absurdas injurias que no tienen ningún fundamento y son un grave delito que nuestro código penal aun no permite evitar al tiempo de su ocurrencia».
Sin embargo, la reciente declaración de Mazzoni en el Senado Nacional y el tratamiento del pliego para que Ariel Lijo acceda a ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, provocaron declaraciones políticas como las de Álvaro de Lamadrid que puso el foco en la instrucción judicial.
Para los nombrados en la causa se trata de una tormenta perfecta. La nominación de la administración de Javier Milei a favor de Ariel Lijo para sumarse a la Corte Suprema se mezcla con la investigación de un caso que requiere la certeza absoluta de inocencia o culpabilidad por las graves acusaciones realizadas.
