La “intervención” es el nombre justo para las acciones gubernamentales en materia de hábitat, ya que el término remite a lo quirúrgico y se asemeja mucho a lo delicado del procedimiento en un cuerpo humano. Existe un problema, en este caso habitacional y de ingreso de servicios públicos –el más preciado, las cloacas–, y el Estado oficia de cirujano que sabe: deberá herir para sanar. A fines del mes pasado, el bisturí tocó el Cordón Ayacucho, un conjunto de 1.344 viviendas de familias que forman un bloque sobre calle Ayacucho y Patricias Argentinas. Las máquinas de demolición empezaron a abrir ese conjunto compacto de barrio Tablada a la altura de calle Centeno. En consecuencia 34 familias verán alterados sus hogares en los próximos meses. Unas serán relocalizadas en otro terreno de la zona sur. Otras perderán una habitación o comedor pero recibirán a cambio dinero para construir para arriba lo relegado. Las menos, recibirán una compensación económica por la demolición total de su casa que les permitirá adquirir otra vivienda. Los gobiernos local y provincial tienen previsto para el 2014 hacer lo mismo en nueve calles más, lo que significará darle algunas de las soluciones a 300 familias.
Todo por consenso
En la nueva esquina de Ayacucho y Centeno se levanta como señalética del comienzo de la intervención por otras máquinas –estas destinadas a construir– la Plaza de los Niños, bautizada por los propios vecinos e inaugurada la semana pasada. Algunos de los vecinos son segunda generación del Cordón Ayacucho y tienen su vida entre esas coordenadas: escuelas, trabajos y centros de salud. Precisan infraestructura urbana y el ingreso de los servicios públicos al barrio por lo que la relocalización es necesaria. El problema es que por fuera del Cordón la zona no ofrece terrenos públicos o privados que el Estado entregue en contraprestación para quienes deben mudarse. Sumado a esto, Raúl Álvarez, titular del Servicio Público de la Vivienda, explica que no hay intención de hacer un barrio nuevo para 300 familias. Nadie quiere cambiar un bloque por otro. Según el funcionario, experiencias de reordenamiento urbano en distintos puntos del país han arrojado que con esa solución se pueden agravar disputas antiguas entre vecinos. Entonces, la solución se personaliza y se trata de cortar afectando a la menor cantidad de casas. A cargo, están trabajadores sociales y demás equipos técnicos que forman el denominado Gabinete Social.
Colofón del ordenamiento –que según cuenta Álvarez rescata a varias familias hacinadas– se generará el título de propiedad de las viviendas del Cordón. Para el funcionario, conseguirlo significa más que aumentar el patrimonio de las 480 familias del barrio relocalizadas. El dueño que se sabe dueño cuida, invierte y dispone de su hogar. Con el papel en mano, su vivienda no pertenece al circuito inmobiliario informal, donde los valores son cuatro veces menores al regulado por la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros). El apropiamiento puede verse, de acuerdo a Álvarez, en Villa Corrientes, más conocido como Villa La Lata y ubicado entre las calles Paraguay, Corrientes y Rueda. En la década pasada se aplicó allí la política para evitar desarraigo de los asentamientos informales compactos, permitir el ingreso de los servicios públicos y entregar títulos de propiedad. El próximo paso será abrir calle Ameghino. Fue decidido entre el Gabinete Social junto con los vecinos. El ambicioso proyecto integral de intervención tomará 170 millones de pesos de las arcas provinciales. Además de la relocalización, implica abrir y construir nueve calles, cinco pasajes y conectar las preciadas cloacas. La intención del gobernador Antonio Bonfatti, según comentó Álvarez, es que la misma vaya a la par de la reconversión del predio donde funcionó el ex Batallón de Comunicaciones 121, prevista para 2014.
