Este viernes la provincia hizo público un decreto que llevó malestar a los más de dos mil mediadores que trabajan en la provincia de Santa Fe. En la resolución fechada el 17 de diciembre el Ejecutivo introdujo cambios en la ley que define cómo trabajan quienes se encargan de generar acuerdos y evitar que los conflictos lleguen a juicio. Pidieron suspender la decisión. Desde el gobierno dijeron que son cambios destinados a mejorar el sistema, pero los mediadores de distintas jurisdicciones coincidieron que afectará honorarios y la calidad de la práctica.
Afectados
En diálogo con El Ciudadano, la presidenta del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Rosario, Marcela Napoleone, explicó que la resolución definida por decreto fue el peor final de una serie de reuniones que mantuvieron durante este año los mediadores y funcionarios del Ministerio de Justicia provincial. Lo que más afecta al trabajo de estos abogados (en su mayoría mujeres) que están matriculados en Santa Fe es la reducción de los honorarios al mínimo.
“Hay una escala de uno a cinco JUS (cada uno está calculado en unos 2.600 pesos) por cada mediación que varía dependiendo del caso y cómo avanza. El decreto definió que en caso de que una de las partes no asista a la mediación el profesional cobrará solo una unidad JUS cuando tuvo gastos (papel, movilidad, alquiler de la sala de reunión, entre otros) por todo el procedimiento”, explicó Napoleone. El sistema prevé que una parte de las mediaciones que cada profesional lleva adelante sea gratuita.
Otro de los cambios que molestó a los 600 mediadores en la ciudad es la inclusión de un sistema de calificación de la mediación, que es un paso obligatorio antes de ir a juicio. “Exigen que al final de la mediación las partes califiquen por «bueno», «malo» o «regular» al profesional cuando son profesionales con título y capacitaciones constantes. Si buscan generar un sistema de excelencia hay otros caminos para hacerlo: encuestas, hacer estadísticas, construir salas gratuitas para las reuniones, entre otras propuestas que elevamos a la provincia”, señaló Napoleone. También recordó que los mediadores son abogados que tienen cada tres años la obligación de hacer 60 horas de capacitación.
Consultada por qué tipo de problemas son los que más resuelven en las instancias previas al juicio, la abogada dijo: “Desde 2015 hasta este año el 40 por ciento de los conflictos de familia, como cuotas alimentaria, por ejemplo, las resolvemos en la mediación”.
Según la abogada, hay tres proyectos para modificar la ley N°13.151 que creó el sistema de mediación en Santa Fe en 2010, pero ninguno fue tratado en la Legislatura. “Hicieron estas modificaciones entre gallos y medianoche porque desde 2016 intentan desbaratar el sistema de mediación”, opinó Napoleone.
Distintas agrupaciones de mediadores de los colegios de profesionales presentaron cartas al Ministerio de Justicia santafesino para dejar sin efecto la resolución. También hicieron una presentación en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe para que intervenga en el conflicto.
La postura oficial
El secretario de Justicia de Santa Fe, Ángel Garrote declaró este viernes en LT10: “Desde el gobierno se reafirma el interés en sostener y mejorar el sistema de mediación prejudicial obligatoria. Es una esencial herramienta para propender a la paz social, evitar que los conflictos lleguen a Tribunales”.
El funcionario de la cartera que dirige Ricardo Silberstein opinó que los ajustes a la ley fueron para reglamentar la actividad. “Puede ser que haya algún párrafo que tenga un error de tipeo pero, en líneas generales, los fundamentos tienden a mejorar el sistema, que se corresponde con puntos tratados en reuniones con representantes de Colegios de Abogados y destacados mediadores de Santa Fe”, dijo Garrote.
Según trascendió este viernes, el Ejecutivo creó una comisión de implementación de las nuevas disposiciones sobre mediación prejudicial contenidas en el decreto Nº 4036. Esta norma fija nuevos criterios en relación al sistema.
El objeto de la comisión es optimizar el proceso de puesta en funcionamiento de las modificaciones que plantea el decreto, se informó. Estará integrada por los secretarios de Justicia y de Coordinación Legal y Políticas Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por dos representantes de cada una de las cinco circunscripciones de los Colegios de Abogados de la provincia, de los cuales uno debe ser mediador.
La Comisión deberá proponer criterios y pautas destinados a optimizar la implementación y la aplicación de las reformas al sistema de mediación prejudicial obligatoria en un plazo de seis meses desde su efectiva conformación. Las conclusiones a las que arriben los distintos actores en este espacio deberán ser aprobadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, especificaron desde el Ejecutivo.
El titular de la cartera provincial, Silberstein, explicó: “Se estima oportuno y conveniente generar una instancia para promover el diálogo, la concertación y el consenso”. En ese sentido, ya se han ido realizando reuniones con representantes de los Colegios de Abogados y con mediadores “en las que se ratificó el consenso en implementar sistemas de encuestas y obtención de información relevante para trabajar en una mejor gestión de calidad, no en calificaciones individuales para cada mediador o comediador”, reveló el ministro.
