Uno de los temas más analizados en los últimos días fue la baja de 5 puntos porcentuales en las retenciones a la soja, después de que el gobierno de Mauricio Macri las haya reducido en igual porcentaje (del 35 a 30 por ciento) en diciembre pasado porque era una promesa electoral.
Sin embargo, se sabe que otros sectores de su entorno pretenden que no se efectúe la quita ni en 2016 ni en 2017 para ayudar con esas divisas, en cambio, a las economías regionales, como la leche y la ganadería.
Una señal fuerte la dio el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, al enviar para su tratamiento en la comisión pertinente de la Cámara de Diputados de la Nación el Presupuesto 2017.
Según el sitio Valor Soja, prácticamente licuó en términos reales el presupuesto del Ministerio de Agroindustria en 16.784 millones de pesos, sólo un 2,8 por ciento superior al de 2016.
Prat no quiere otra rebaja
El documento de Prat Gay habla de la lechería, de los tambos que cierran y de la necesidad de revitalizar la ganadería, que fue una de las principales agroindustrias de la Argentina y que ha perdido mercados externos importantes.
A lo que no se refiere el expediente es a la rebaja de derechos de exportaciones del complejo sojero: sólo estima una recaudación por retenciones de 104.380 millones de pesos, cifra 36,8 por ciento superior a la prevista para 2016.
La plata que no entra
El costo fiscal de bajar 5 puntos los derechos de exportación de soja (del 30 al 25 por ciento) sería de unos 16.000 millones de pesos, al menos 1.000 millones de dólares, el 0,7 por ciento del total de la recaudación esperada del gobierno nacional para 2016.
Así lo consigna el estudio efectuado por Julio Calzada, jefe del Departamento Económico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), junto a la especialista Emilce Terré.
A favor y a la espera
Entre las entidades, por su parte, no hay mayoría de definiciones, por lo menos así lo declararon los presidentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Sociedad Rural Argentina (SRA), Dardo Chiesa y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente.
Aseguraron que aún no tomaron posición sobre la posible postergación de la baja de retenciones, pero Chiesa avanzó algo al mencionar que tiene productores que “se caen”, que los ubicados a más de 600 kilómetros de los puertos no son rentables, aunque entienda “los reclamos del gobierno”.
En tanto, Egidio Mailland, presidente de Coninagro, señaló que no pondrían trabas a una postergación de la rebaja de las retenciones si eso “sirve para los problemas que tiene la Argentina, como en las economías regionales”.
Sin certeza
El hecho es que existe incertidumbre, porque la siembra de la soja se produce en primavera y será en unas semanas la correspondiente al ciclo agrícola 2016-2017 (se implanta este año, se cosecha en el próximo) y los productores deben hacer números con un mínimo de responsabilidad empresaria.
La rebaja anual de 5 puntos en lo que tributa la soja fue una promesa electoral de Macri y quizá no esté muy feliz de no cumplirla.
También le llegan voces de aliento como la narración del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, a quien el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Picat, le expresó: “Vamos a esperar por la quita de retenciones a la soja, ya que reconocemos que hay otras prioridades y somos solidarios”.
La Sociedad Rural está adherida a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), que integra CRA, por lo que se avizora un interesante debate interno en la entidad que conduce Chiesa.
En definitiva, Picat se inscribiría entre quienes impulsan una suerte de renunciamiento o “aporte patriótico” de la cadena sojera para que el dinero sea redirigido hacia otros frentes, en especial las economías regionales.
Por la eliminación
Por otra parte, en un comunicado, los productores autoconvocados de la Argentina (algunas localidades de Buenos Aires, Chaco, Salta, Tucumán, el NOA en general y de Santa Fe) expusieron su respaldo a la decisión del presidente de eliminar las retenciones gradualmente hasta su erradicación.
Consideran que las promesas deben ser cumplidas y que las retenciones son un impuesto distorsivo, confiscatorio, anticonstitucional y discriminatorio.
