El 17 de diciembre de 2021, la Sala I del Juzgado Contencioso Administrativo Federal (CAF) dictó un falló donde suspendió los principales artículos del decreto 690/20 donde el Gobierno Nacional dictaminaba que las telecomunicaciones son un “servicio esencial”, regulando así los precios y trabando los aumentos de ese rubro tan monopolizado. A fines del 2020, el Ministerio de Trabajo prohibió los aumentos de las Medicinas Prepagas, pero el 16 de julio de 2021, el juez del CAF, Pablo Cayssials, hizo lugar a un recurso de amparo habilitando los aumentos que las empresas solicitaban: desde entonces, este rubro registró un aumento de 216%, por encima de los 195 puntos de inflación acumulada. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) toma este hilo conductor y concluye que las decisiones del Poder Judicial afectan de manera transversal la vida cotidiana de los argentinos, en detrimento de sus derechos como usuarios y trabajadores, en favor de los sectores más concentrados.
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El informe del Cepa advierte siete ejes en donde puede verse de forma clara cómo los diferentes fallos atraviesan y condicionan la vida económica de todos los argentinos, limitando los derechos de los trabajadores y de los consumidores, decidiendo sobre la política económica del gobierno, inmiscuyéndose en el acceso a derechos básicos de las mujeres y disidencias, en el acceso a la salud, favoreciendo los intereses de los sectores más concentrados del empresariado nacional, y todo esto amparándose en el anonimato del último eje: las limitaciones en el derecho al acceso a la información.
Eugenia Rodríguez, economista integrante del Cepa, explicó en entrevista al programa Poné la Pava, al aire por FM 99.3, que, según lo relevado “las decisiones del Poder Judicial no sólo tienen que ver con figuras de las políticas o con otro tipo de decisiones que trascienden en la agenda mediática, sobre todo de los medios hegemónicos, sino que ciertos fallos concretos inciden en lo que una persona paga de servicio de internet y, si tiene la suerte de tener una prepaga, lo que paga en la cuota mensual, o por ejemplo un problema económico como lo son los dólares en las reservas”.
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«Pagaríamos menos la boleta del internet si la justicia, por ejemplo, no hubiese frenado el decreto que en 2020 declaró en el marco de la pandemia. Recordemos también un momento muy difícil donde la conectividad era una auténtica necesidad, servicio esencial a las telecomunicaciones”, dijo Rodríguez, y continuó: “Esto significa que el Gobierno estableció precios regulados, aumentos controlados en el tiempo, para todo lo que tiene que ver con servicios de telecomunicación. Los grandes grupos mediáticos vinculados a las telecomunicaciones fueron a la justicia, que avaló a través de una cautelares frenar este decreto y por lo tanto, la decisión del Gobierno de controlar lo que pagamos en este servicio».
Inflación, cosa juzgada
«Cuando hablamos de inflación mensual, una de las cosas que solemos mencionar como los rubros que más inciden, por ejemplo, son los servicios de Internet y de telefonía, y también las prepagas”, sostuvo la economista. Según los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el rubro comunicación lleva hasta octubre un aumento del 40,7%, siendo que el Gobierno nacional aprobó un aumento del 29,6% para lo que resta del año, escalonado entre octubre y diciembre.
“El gobierno intentó regular los aumentos ya que si miramos qué pasó desde el 2016 a la fecha, en realidad, las prepagas vienen con aumentos muy por arriba de la suba general de la inflación. Cuando se intentó regular, las prepagas en conjunto fueron a la justicia, pidieron una cautelar que les permita subir los precios y se lo dieron», explicó Rodríguez, que agregó en su análisis el caso de los precios de los panificados: «Cuando hubo una intervención justamente desde comercio por los sobreprecios, este sector de los molineros también fue la justicia y logró, por ejemplo que le dé el aval para continuar con los aumentos de sus productos, más allá de los justificados por los costos”.
De la misma manera también se suman las cautelares del sector frigorífico, quienes buscaron la suspensión de los congelamientos de precios y limitaciones en la exportación de carne: numerosas firmas se presentaron ante la Justicia para poder sortear la resolución 114 del Ministerio de Economía que suspendió hace tres semanas y por 180 días la venta de carne vacuna al exterior. Esto derivó en que la justicia federal de San Luis haga lugar a una de estos recursos de amparo, presentada por la Sociedad Rural del lugar.
El Indec muestra un acumulado interanual del 91,6% respecto de octubre de 2021 en materia de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Permiso de fuga
«El Poder Judicial decide sobre la política económica del país, aunque nadie los votó para eso”, esgrimió la economista. “Podemos estar más o menos de acuerdo con una medida económica del Gobierno, pero son tomadas por personas que están en cargos que son elegidos por la población».
El informe del Cepa toca varios ejemplos de cómo el sistema judicial ha interferido en el normal desarrollo de las políticas económicas del gobierno, como el ejemplo de una empresa que recurrió 30 veces a la presentación de cautelares para “poder importar cuando el gobierno estaba regulando justamente el acceso de los dólares en un contexto de corrida cambiaria que vivimos a mitad de este 2022”, o también cuando, en agosto de 2022, una cautelar permitió la importación de 20 millones de dólares en toallas”.
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Cuando una persona hace una compra en dólares al exterior e importa un artículo cualquiera sea, por más que el comprador rinda el monto en pesos, la erogación se hace en dólares en la empresa proveedora: esos dólares salen de las reservas del Banco Central. De allí que se hable de regular las importaciones en momentos de flaqueza de las cuentas públicas, y de ahí lo profundo del perjuicio cuando la importación tiene que ver con elementos fastuosos o de gran valor, como un auto de alta gama. En este sentido, en un fallo de febrero de 2021, el juez Pablo Cayssials permitió la importación de un Porsche 911 Turbo (cotizado en USD 209.100) y una Ferrari Testarrosa (valuado en USD 470.000).
“Es muy difícil entonces porque tenemos medidas concretas que van al bolsillo de la población en donde interviene el Poder Judicial, medias concretas de la política económica donde también termina interviniendo el poder judicial y podemos decir en favor, siempre de unos pocos o de los mismos, por eso decimos si tiene que elegir entre vos y los grandes grupos empresariales grandes grupos económicos de nuestro país, la verdad es que el Poder Judicial no duda», esgrimió la economista. «Los ejemplos lamentablemente sobran».
El poder y los silencios
«El Poder Judicial no suele estar en los grandes medios hegemónicos de comunicación, pero sin embargo interviene en nuestro día a día», advirtió Rodríguez. Los jueces «no están ajenos a la inflación, al problema de los precios, a lo que pagamos o a cómo llegamos a fin de mes, sino que hay una intervención directa en nuestra vida cotidiana, en nuestros derechos como laburantes, como consumidores, en la actividad económica y en la posibilidad de que un país se desarrolle o no».
Sus palabras se sostienen a partir de la nutrida historia de fallos, cautelares y permisos especiales para las empresas mediáticas a no acatar medidas, resoluciones o leyes. Varios botones de muestra: en 2009 la justicia dio lugar a la cautelar que presentó el Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así mismo, el juez Pablo Cayssials, en 2014, aplicó una cautelar para evitar la transferencia de oficio del Grupo Clarín. En 2016, el juez Ercolini sobreseyó a Magnetto, Mitre y Herrera de Noble en la causa por “desapoderamiento extorsivo” de Papel Prensa a la familia Graiver, durante la última dictadura militar.
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Más cercano en el tiempo, el juez Ercolini ordenó la detención de los dueños del Grupo Indalo -de la señal C5N- Fabián De Souza y Cristóbal López. En 2021, el Tribunal Oral Federal n° 3 los absolvió detallando que “la operatoria nunca traspasó el umbral de lo permitido”. En vista de tal expediente, no parece casualidad que tanto Ercolini como Cayssials aparezcan en la lista de funcionarios judiciales que viajaron a la propiedad de Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, acompañado por altos directivos del Grupo Clarín.
Eugenia Rodríguez sostuvo que el informe del Cepa intenta «ver qué está pasando con uno de los poderes de los que menos se suele hablar o sobre el cual no solemos poner la lupa, porque el poder de intervención que tiene en nuestros derechos, en la vida cotidiana, la verdad es que sin duda termina afectando nuestro día a día y también termina afectando justamente algo que buscamos todos, que es poder decidir libremente qué país queremos y hacia dónde poder encaminar el desarrollo de nuestro país».
