La falta de recursos humanos, materiales y de obras edilicias que reclama el Poder Judicial para prestar el servicio de justicia no es nueva pero la situación actual genera el salto de diversos fusibles. No es novedad que el gobernador Maximiliano Pullaro, desde su asunción e incluso durante la campaña, apuntó contra la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, especialmente contra el corazón de esa estructura, la Corte Suprema de Justicia, con parte de cuyos integrantes ya se reunió. Y a quienes este miércoles volvió a amonestar, al señalar: «Necesitamos una Justicia que pueda ser más eficiente y menos costosa».
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La disputa de poder sale por los poros y desde que asumió el mandatario echó mano a un interesante número de reformas legislativas que entraron de lleno en el funcionamiento del sistema, a lo que se suma la falta de cobertura de cargos desde empleados a funcionarios y magistrados, según se encargan de denunciar empleados, funcionarios y magistrados.
En este marco, el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales, Jorge Perlo, aseguró en una asamblea histórica que tuvo lugar este miércoles en los Tribunales provinciales de Balcarce y Montevideo que van a permanecer en estado de alerta y no descartó ir al conflicto si el gobierno no reconoce la ley salarial.
A fines de agosto, los magistrados y funcionarios, tras el Primer Encuentro Provincial de la Magistratura y la Función Judicial, dieron una conferencia de prensa con una contundente presencia de unos 200 jueces que marcaron su preocupación por temas como la reforma previsional, la falta de nombramientos, los concursos que no fueron y un sin número de dificultades que atraviesan en el ejercicio cotidiano de su labor.
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Un informe emitido por la Cámara Civil y Comercial de Rosario hizo un detalle pormenorizado de la situación que atraviesan los distintos fueros. Respecto de las vacantes de cargos tanto de jueces de primera instancia como de segunda hay algunos que están en esa situación hace más de 1.600 días, como es el caso de un cargo de juez en la Cámara de Apelación de Circuito, o más de 1.200 días en uno de los tribunales colegiados de Responsabilidad Extracontractual N° 2, a lo que suman las vacancias que se esperan y ya anunciaron su retiro. Este informe fue emitido antes de la sanción de la ley previsional, que implicó la salida de otros magistrados y funcionarios.
En relación con esta última situación, algunos asistentes a la asamblea de este miércoles en Tribunales expresaron que campea una enorme tristeza ante la pérdida de muchos de ellos, quienes aún se encontraban en condiciones de continuar trabajando e implican para la estructura judicial un plus, por sus conocimientos y su capacidad de trabajo: «Referentes que dejan un vacío enorme; implicará una dificultad y tiempo cubrir esos espacios, ya que no sólo implica cubrir un cargo en la cotidianidad de la labor que realizan».
El mencionado documento explica que esta situación fue planteada en reiteradas oportunidades y, tras dejarse sin efecto los concursos que se hicieron el año pasado, recién a fines de mayo se dictó un nuevo reglamento. “Más allá de los reparos que esta normativa nos merece”, no se llevaron adelante los concursos, describieron.
Resaltaron que ante la falta de cobertura de cargos vacantes y a pesar del esfuerzo que realizan los magistrados y los equipos de trabajo comienza e evidenciarse la inevitable demora en los juicios en trámite.
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El doble
La demora en la cobertura de estos cargos, la recarga de trabajo que ello genera en quienes deben suplir los cargos no cubiertos, se suma a los niveles de litigiosidad y, en una comparativa con la ciudad de Córdoba dijeron que ellos cuentan con 12 salas en contraposición a Rosario que tiene 4, según describieron.
Si la comparación es entre provincias, el informe dice que Santa Fe y Córdoba tienen una población y superficie semejante, también el nivel de ingresos y gastos. “Sin embargo, del cotejo de los datos se desprende que la Provincia de Santa Fe proyectó destinar al Poder Judicial $ 161.769 millones, en tanto que la Provincia de Córdoba presupuestó $ 315.320 millones, prácticamente el doble”.
Agregó el documento que la Provincia de Santa Fe tiene el índice más bajo de empleados y funcionarios del país: 1,29 empleados-funcionarios cada mil habitantes, mientras que las provincias que son comparables prácticamente duplican el número. Por ejemplo Córdoba cuenta con 8.810 funcionarios y empleados, es decir 2,29 empleados cada mil habitantes. Otro dato que surge es que Santa Fe destina 3,40 por ciento de su presupuesto al Poder Judicial, mientras que en Córdoba ese porcentaje se eleva al 7,49 por ciento.
Dedicaron una extensa explicación donde mostraron preocupación por la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y Código Procesal Civil y Comercial y resaltaron los «defectos técnicos» que generarán dificultades en su implementación, aseguraron.
Días atrás, en la primera semana de septiembre, los empleados judiciales en la ciudad de Santa Fe también se manifestaron en rechazo a la ley previsional y presentaron un documento en la Casa de Gobierno, lo que no movió la aguja, ya que la ley se terminó aprobándose a la semana siguiente, disturbios de por medio.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Rosario colgó en su página un comunicado donde se suma al tema vacancias. Problemática que se sigue extendiendo e implica una mayor preocupación para los colegiados, concluyeron.
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En el hall
Este miércoles, trabajadores y trabajadoras judiciales se reunieron en el hall de los tribunales provinciales para una asamblea multitudinaria. Es un hecho inédito una convocatoria semejante en el Palacio de Justicia. En declaraciones a LT8 antes de que se iniciara el encuentro, el secretario general del gremio Jorge Perlo recordó que la última convocatoria de este tipo tiene casi 30 años.
Dijo que la asamblea busca informar sobre lo que está ocurriendo: “Hay mucho malestar en los trabajadores y trabajadoras judiciales. Cuando decimos que nuestro gobernador nos tiene como rehenes en su disputa con la Corte, decimos que tiene elementos legales si quiere sacar a la Corte, pero no tomarnos de rehenes a nosotros”, repitió lo que le dijo a El Ciudadano una semana atrás.
Agregó el dirigente sindical que desde octubre del año pasado «hay expedientes para firmar para que asciendan los compañeros y compañeras de categorías, también para la promoción de personal que entró hace 3 años y tuvo que anotar para volver a rendir porque no fueron confirmados, también funcionarios y magistrados que rindieron sus concursos y no fueron confirmados». Y estimó de inmediato: «Eso genera un problema en el trabajo, un caos y carga a los trabajadores de los juzgados. Nos debe dos retroactivos, nos metieron las manos en el bolsillo con la ley de jubilaciones”.
Dijo Perlo que van a permanecer en estado de alerta, pero no descartó medidas de acción directa: “Si no reconocen nuestra ley salarial vamos a entrar en conflicto. Hay alrededor de 500 personas esperando ingresos ascenso de categorías. Desde la recuperación de la democracia no hemos tenido un gobernador tan autoritario”.
«Antes de la reforma, presentó el tramite jubilatorio una gran cantidad. de empleados También hemos presentado un recurso administrativo por los expedientes que no se firman y si pasan los 90 días sin firmar iremos a la presentación judicial», cerró el gremialista.
