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«Desde la recuperación democrática tenemos pendiente erradicar la violencia institucional»

La secretaria de Derechos Humanos Lucila Puyol dijo que desde el inicio de la pandemia en Santa Fe recibieron 40 denuncias contra integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales. Las toman y hacen los contactos con la agencia de control policial y con la Fiscalía

La secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, Lucila Puyol  considera indispensable una democratización de las fuerzas de seguridad y destacó el compromiso de la gestión provincial con los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y la necesidad de trabajar interdisciplinariamente con otras áreas. Desde el inicio de la pandemia recibieron 40 denuncias contra las fuerzas de seguridad provinciales.

«Cuando iniciamos la gestión pensamos en una Secretaría de puertas abiertas», definió Puyol al inicio de la entrevista. «No hay un solo derecho que prime sobre los otros a ser respetado sino que los derechos humanos se interrelacionan unos con otros y la vida de una persona es muy variada como para plantear que hay una prioridad. Los derechos son todos los días y para todas las personas. Esto es que lo que pienso y es lo que charlé con el gobernador cuando me convocó para ocupar este cargo», explicó.

«Todos los temas que involucren a seres humanos que pueden estar sufriendo violaciones en sus derechos tienen que ser escuchados y atendidos. Y esto seguramente implique la necesidad de articular el trabajo con otros ministerios», siguió la funcionaria.

Violencia institucional

Puyol contó que hace pocos días participó de una reunión virtual del Consejo Federal de Derechos Humanos donde hubo representantes de todas las jurisdicciones del país. El tema central fue la violencia institucional. «En el marco de la pandemia hay muchísimas situaciones de tensión de todo el país y la desaparición de Facundo Astudillo Castro nos puso a todos y todas en alerta al punto que el presidente dio una nota con respecto a esto e informó que vamos a ser muy estrictos como país, que no podemos permitirlo y que están trabajando con Horacio Pietragalla -secretario de Derechos Humanos de la Nación- en un proyecto de violencia institucional para mandar al Congreso», expresó.

Y señaló que se trata de «un problema estructural» y que «desde la recuperación democrática tenemos pendiente erradicar la violencia institucional». «Quienes somos gobierno no tenemos que sentirlo como algo personal respecto de las instituciones sino de las personas que ejercen poder y que se sobrepasan de los límites que su función le ha sido otorgada al portar un arma y tener el control en las calles. Hay que trabajar en la democratización de las fuerzas de seguridad».

En este sentido destacó sentir «mucha confianza en el ministro de Seguridad Marcelo Saín al igual que en Sabina Frederic al frente de la cartera nacional. Me parece que hay voluntad en democratizar las fuerzas nacionales y provinciales, estoy participando de muchas reuniones», señaló.

Así, la funcionaria detalló que desde el inicio de la pandemia en Santa Fe recibieron 40 denuncias contra integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales. Las toman y hacen los contactos con la agencia de control policial y con la fiscalía. «No hay que tenerle temor a este hecho y la mejor forma de trabajarlo es enfrentándolo. Creo que lo estamos articulando bien. Las denuncias que recibimos no caen en saco roto», manifestó.

 Al mismo tiempo, Puyol contó que están trabajando en el armado de un proyecto de ley para la constitución del Comité Provincial contra la Tortura. Lo hacen a partir de una propuesta realizada por la Universidad Nacional de Rosario que recibió el apoyo de organismos de derechos humanos locales, del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. «Somos una de las provincias que no tiene este mecanismo de control. Existe el mecanismo nacional y como provincia somos firmantes, pero nuestra provincia no tiene el organismo de control provincial y es un tema importantísimo a resolver», explicó y agregó que esperan generar los consensos suficientes para que se apruebe en la Legislatura.

«También estamos yendo regularmente a las cárceles, con mayor frecuencia a Piñero, Las Flores y Coronda por la cantidad de personas que alojan. Con el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios Walter Gálvez, por indicación del ministro Esteban Borgonovo, trabajamos en conjunto con mesas de articulación, nos reunimos con el secretario de Justicia Gabriel Somaglia, con jueces, fiscales, defensores provinciales de Rosario y Santa Fe e incluso con funcionarios del ministerio de Salud. Las personas que están privadas de su libertad solo tienen ese derecho privado, no los demás. Venimos de un piso difícil pero estamos trabajando».

Memoria

La Secretaría de Derechos Humanos cumple un rol importante, también, en el avance de las causas por delitos de lesa humanidad. Se provee información al Juzgado de Instrucción de Reconquista, Santa Fe y Rosario y el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y Rosario. Las investigaciones se realizan a partir del archivo que incluye documentación de las comisarías, libros de sanidad y de guardia, el Comando Radioeléctrico, legajos personales, archivo de los seguimientos de inteligencia, archivo audiovisual de Rosario y el archivo de prueba documental de Santa Fe, legajos de la cárcel de Coronda que es donde estaban los presos políticos durante la última dictadura cívico militar.

Al mismo tiempo están trabajando una propuesta para que la Secretaría pueda constituirse como querellante en estas causas. Si no se concreta, de todos modos, seguirán trabajando en el acompañamiento a las víctimas y familiares y en el aporte de información.

En el marco de las leyes reparatorias hacia víctimas del terrorismo de Estado, este año tres personas trans realizaron su denuncia. En 2018 el Estado provincial reconoció por primera vez a las identidades trans como un motivo de persecución política y otorgó una pensión a 21 travestis y trans al. Esta gestión provincial continúa esa política de Estado y pretende, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Género e Igualdad, que «quede plasmado en la ley porque allí se habla de la persecución política, gremial o estudiantil pero no la persecución por motivo de género, por su identidad»: «Tenemos la firme voluntad de nuestro ministro en todo lo que es el reconocimiento de derechos».

«La idea es avanzar en todos los frentes, el legal y el simbólico. La reparación hoy ya es efectiva, ellas tienen acceso a la pensión pero lo que queremos es ponerlo en palabra, ponerlo en derecho», explicó.

Por otra parte, también siguen las tareas de reconocimiento de centros clandestinos de detención. En el ex Servicio de Informaciones -San Lorenzo y Dorrego- funcionaba uno y a partir de testimonios de de dos travestis que fueron víctimas de la dictadura reconocieron un espacio en el segundo piso -diferente al lugar que permanece conservado y puntualizado como lugar donde desaparecían personas-: «Ahí ponina a las trans. Es muy importante que hagamos el reconocimiento de este espacio porque la dictadura fue cívico, militar, eclesiástica, machista, misógina, patriarcal y homofóbica».

La habitación, manifestó, está en muy malas condiciones y se va a trabajar en su «puesta en valor, reconstrucción y reparación». La idea es restaurar una parte que se sumará al circuito con resto del espacio de memoria. Por último, también están trabajando para convertir a la ex comisaría cuarta de la ciudad de Santa Fe en un nuevo sitio de memoria.

Centro de denuncias

Asimismo la Secretaría trabaja cotidianamente con un Centro de Denuncias que recibe pedidos de personas que buscan ayuda estatal ante abusos o que requieren de ayuda en situaciones particulares, como familiares de presos que necesitan que los asista un médico o llevarles algo en particular. El área recibe la consulta y la deriva los espacios correspondientes

Esta semana la Secretaría recibió al feriante que denunció ser agredido por la GUM y la Policía el fin de semana pasado en Italia y el río. Acompañan su denuncia e iniciaron un expediente por el accionar del policía -es lo que les compete-. También esperan iniciar con la Municipalidad un espacio donde establecer pautas de tareas y realizar un seguimiento al trabajo de control que realiza la GUM ya que viene siendo acusada de hostigamientos por parte de los feriantes.

Finalmente, Puyol indicó que trabajan las denuncias de violencia de género que se dan en el ámbito laboral: «Estamos recibiendo muchas en el caso de trabajadoras, sobre todo del ministerio de Seguridad y de Salud. Evidentemente son dos ministerios donde hay que trabajar mucho la perspectiva de género, muchas mujeres son víctimas de de violencia y acusan a sus compañeros por maltrato o acoso»

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