Los trabajadores de la EPE se enteraron el 10 de diciembre de la decisión del nuevo gobierno de intervenir la empresa por cuatro meses. Ese día, la víspera de la asunción del gobernador Omar Perotti, la ministra de Infraestructura Silvina Frana y el funcionario a cargo de la intervención Mauricio Caussi se lo comunicaron a Alberto Botto, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario.
“Nos dijeron cuáles iban a ser los alcances del decreto”, comentó Botto en diálogo con El Ciudadano. Ese decreto se basa en la ley 10.014 (estatuto orgánico de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe), que permite la intervención por un plazo máximo de 180 días. El plazo menor dispuesto por Perotti y Frana, de 120 días, fue interpretado por el sindicalista como “un gesto importante del gobernador”.
En principio, desde Luz y Fuerza no comparten la decisión del gobierno. Esperaban un cambio en la conducción de la empresa a partir de la designación de un nuevo directorio (en el que están representados los sindicatos), pero no a través de una intervención. De todos modos, desde Luz y Fuerza se comprometieron a acompañar la decisión ya que se trata de una facultad legal que tiene el gobierno entrante.
El interventor Caussi aclaró este viernes que no existe ninguna idea de privatizar la EPE y que la decisión de Perotti obedece exclusivamente a la necesidad de asegurarse la conducción de la empresa durante el período de tiempo en el cual el gobierno nacional revisará la política energética, para que la provincia de Santa Fe se acople a los nuevos parámetros.
En la misma línea se expresó el sindicalista Botto: “Queremos transmitir tranquilidad a todos los compañeros y las compañeras de que no va a ocurrir ningún proceso privatizador ni mucho menos, porque por lo general las intervenciones se asocian a eso, en este caso no es así”.
“La empresa va a seguir en la órbita del Estado y se va a fortalecer. La idea de la nueva gestión es conocer la empresa, ver lo que ocurre a nivel nacional con la política energética y adecuarla a esos parámetros. Eso es lo que nos han transmitido”, relató el dirigente de Luz y Fuerza.
—¿Cómo evalúan la decisión del gobierno de intervenir la empresa?
—No la compartimos, pero es una decisión del gobernador y la vamos a respetar. Y si esto sirve para ayudar al gobierno a que lleve adelante la mejor gestión para la EPE y para sus trabajadores y trabajadoras, obviamente que vamos a acompañar.
—Uno de los fundamentos del decreto es la necesidad de conocer los números de la empresa.
—La información está, es pública. De cualquier manera, lo que hace una intervención es acelerar la toma de decisiones dentro de la empresa, porque cuando se trata de un directorio hay que consensuar las políticas. Igual, eso conlleva un riesgo porque las decisiones que se tomen son decisiones que corren por cuenta del interventor de la empresa. El gobernador tiene que haber hecho el análisis suficiente para tomar esta decisión. Lo que nosotros esperamos es que el 10 de abril (fecha límite de la intervención) la empresa esté normalizada y con un nuevo directorio.
—Durante la última campaña electoral se puso en duda la transparencia de la EPE. ¿Ustedes cómo observan ese punto?
—La empresa en líneas generales está bien. Hay que revisar algunas cosas, entre ellas la asignación de los recursos. En la zona sur (de la provincia) tenemos el 70% del total de energía que distribuye la empresa y en ese aspecto necesitamos muchos más recursos para hacer frente a la demanda de energía eléctrica. En la década del 80 la EPE llegó a contar con 4.500 trabajadores y se distribuían 1.200 megavatios; en la actualidad son 3.800 repartidos en todo el territorio provincial y se distribuye el doble de energía. En Rosario no llegamos al 50% de los trabajadores, por eso me parece que hay que repensar la asignación de recursos humanos porque va a ser fundamental en función de la demanda. La ciudadanía pide celeridad en la reposición del servicio y nos encontramos con que tenemos el 50% de las cuadrillas respecto de aquella época. Eso debe ser revisado.
—¿Cómo quedó la situación del sector luego de cuatro años de tarifazos?
—Hoy tenemos un consumo en recesión producto del modelo económico impuesto por el gobierno anterior. Si se mejora el mercado interno, si se pone en funcionamiento la industria y si la gente empieza a recuperar poder adquisitivo, va a ser necesario acompañar eso con una asignación de recursos importante. La planta de personal hay que ampliarla. Se necesitan aproximadamente unos mil trabajadores más en toda la provincia. Sería una ayuda importante para mejorar la atención de los usuarios y la calidad del servicio de energía.
—¿Qué se puede esperar de los nuevos gobiernos en materia de tarifas?
—El presidente Alberto Fernández habló de pesificación, de desvincular las tarifas respecto del dólar. Esa es una muy buena noticia para todos los argentinos y para el sector productivo, porque no podemos tener las tarifas atadas al dólar. Las tarifas son impagables y durante el gobierno anterior solo ganaron tres o cuatro vivos que son los generadores de energía a nivel nacional. Con el modelo de Macri, las distribuidoras (como la EPE) fuimos la mortadela del sándwich. Las distribuidoras no ganamos con ese modelo, por el contrario: hay problemas de cobro, hay morosidad, hay más hurto de energía y la gente se endeuda para poder pagar las tarifas. Esperamos que con los cambios de parámetros que aplique el gobierno nacional las cosas mejoren en beneficio de todos.
