Desde el Bloque Unión por la Patria presentaron observaciones y recomendaciones complementarias al Informe Final de la Comisión que investigó la crisis sanitaria por el fentanilo contaminado, en el marco de la Cámara de Diputados de la Nación.
En el mismo evaluaron la responsabilidad y el rol que le compete al Ministerio de Salud de la Nación como autoridad sanitaria federal en el marco del suceso investigado, señalando que su titular, el ministro Mario Lugones, no asistió a ninguna de las citaciones realizadas y solo envió respuestas documentales parciales a los requerimientos enviados por la comisión, impidiendo conocer más sobre las medidas federales de prevención y control.
Con respecto al Anmat, y en la medida de que su capacidad efectiva de fiscalización, control de calidad, inspección y trazabilidad depende de la disponibilidad de recursos humanos calificados y de una asignación presupuestaria suficiente para sostener la vigilancia sanitaria permanente sobre medicamentos críticos, analizaron el impacto directo de las decisiones presupuestarias y de gestión de personal aplicadas sobre el organismo, concluyendo que se produjo un fuerte recorte presupuestario, que en 2024 fue de un –12% en el gasto real, y si se compara 2023 con 2025 alcanzó un –29%, sin que mediaran estudios previos de impacto sanitario sobre estos recortes. Asimismo, la dotación de personal cayó en 117 agentes desde 2023 (–9%), afectando la capacidad técnica de fiscalización del organismo. Resulta evidente que la combinación de conductas delictivas con la debilidad del ente regulador, facilitada por el ajuste en el área, contribuyó a la crisis.
Documento con los aportes y recomendaciones complementarias
Comisión especial de seguimiento e investigación sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado y/o adulterado y sus consecuencias.
Presentación de observaciones y recomendaciones del Bloque Unión por la Patria, complementarias al Informe Final.
En virtud del compromiso asumido con la búsqueda de verdad y la mejora de los mecanismos de control sanitario, el Bloque Unión por la Patria presenta a continuación sus observaciones y propuestas complementarias, con el propósito de fortalecer los lineamientos y recomendaciones incluidas en el Informe Final de la Comisión.
A los efectos de dotar de mayor completitud el apartado referido a las respuestas institucionales, se propone incorporar al Ministerio de Salud de la Nación dentro del listado inicial de organismos analizados, destacando tanto las actuaciones documentales realizadas como sus reiteradas inasistencias ante las citaciones cursadas por esta Comisión. Ello permitirá evaluar en forma adecuada la responsabilidad y el rol que le compete como autoridad sanitaria federal en el marco del presente suceso, y servirá de base para revisar y, en su caso, incorporar las recomendaciones aquí formuladas, en línea con lo tratado en las reuniones de la Comisión.
Ministerio de Salud de la Nación
La Comisión emitió requerimientos específicos de información y cursó citaciones formales al Sr, Ministro Mario Lugones para que se presentara a exponer sobre la actuación del organismo como máxima autoridad sanitaria nacional frente al hecho investigado. Si bien dicho Ministerio remitió determinadas respuestas documentales en el marco de los pedidos de informes, manifestó reiteradamente su imposibilidad de asistir a las reuniones convocadas, incluso frente a una nueva citación cursada con apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 239 y 255 del Código Penal ante la falta de comparecencia.
Producto de la incomparecencia debidamente justificada por los citados bajo apercibimiento de ley (arts. 239 y 255 del CP) y a instancia de este bloque, se resolvió elevar dicha reticencia al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para que continúe las acciones que han de corresponder.
A la fecha de cierre del presente informe, el Ministro de Salud de la Nación no se ha hecho presente ante esta Comisión, desconociendo su convocatoria y afectando la posibilidad de obtener mayores precisiones sobre las medidas preventivas, de control y de seguimiento sanitario que debieron adoptarse desde el nivel federal frente al evento crítico investigado.
A fin de evaluar adecuadamente las condiciones institucionales que posibilitaron la crisis sanitaria aquí analizada, debe considerarse el impacto directo de las decisiones presupuestarias y de gestión de personal aplicadas sobre la ANMAT, organismo cuya fortaleza técnica resulta indispensable para prevenir episodios de grave afectación a la salud pública. La capacidad efectiva de fiscalización, control de calidad, inspección y trazabilidad depende de la disponibilidad de recursos humanos calificados y de una asignación presupuestaria suficiente para sostener la vigilancia sanitaria permanente sobre medicamentos críticos. .
La dimensión regulatoria de la catástrofe tiene además dos aspectos interrelacionados de vital importancia que deben ser considerados: la ejecución presupuestaria y la dotación de personal de la ANMAT. En el primer caso, la evolución de la inversión en el organismo revela un fuerte ajuste en el crédito pagado.
El gráfico es elocuente. El gasto real de la ANMAT tuvo una reducción en 2024 comparado con 2023 de 7.000 millones de pesos; en términos porcentuales esa variación es de -12%. Naturalmente, aún no ha concluido el ejercicio presupuestario 2025, por lo que la información de este año incluye lo ejecutado hasta el 3/12/2025. Sin embargo, es posible proyectar una ejecución real de 42.142 millones de pesos para todo el 2025, aplicando el nivel de ejecución observado hasta el mes de noviembre (76,2%) al crédito vigente a diciembre (55.307 millones de pesos)[1]. Es decir que, considerando el mismo nivel de ejecución que el verificado hasta hoy, el gobierno habrá aplicado un ajuste adicional del 20% al presupuesto de la ANMAT respecto del año 2024 (el cual ya se había recortado en un 12%). Acumulando los ajustes, se encuentra que para 2025 –y habiendo ocurrido la catástrofe sanitaria del fentanilo contaminado/adulterado- el gobierno habrá reducido la inversión real de la ANMAT en un 29% respecto de lo invertido durante el año 2023.
Este ajuste fue realizado sin ningún estudio prospectivo sobre posibles impactos en la salud pública de semejante recorte presupuestario, lo que no deja lugar para ningún otro tipo de razones que las de orden fiscal.
Este ajuste presupuestario tiene su correlato en la dotación de personal de la ANMAT. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 (momento crítico de la crisis sanitaria) la dotación del organismo se redujo en 117 agentes, lo que representa una reducción de recursos humanos de alta calificación del orden del 9%. Del mismo modo en que no se han divulgado estudios prospectivos del ajuste presupuestario, tampoco se conocen estudios evaluativos que den cuenta de la necesidad de tamaña reducción de la planta de trabajadores de la ANMAT.
En suma, la concurrencia de las conductas dolosas investigadas en la causa con la debilidad manifiesta del regulador, con origen en una política de ajuste gubernamental tosca e irreflexiva, coadyuvaron al desencadenamiento de la crisis sanitaria investigada por esta Comisión.
En complemento a las recomendaciones ya formuladas en el Informe Final presentado por esta Comisión Investigadora, proponemos incorporar las siguientes recomendaciones adicionales a fin de fortalecer y profundizar el sistema de fiscalización y control sanitario:
- Establecer en la normativa a redactar que, ante hallazgos de deficiencias graves o prohibición preventiva de producción de un laboratorio, la ANMAT deberá revisar exhaustivamente los lotes fabricados durante la medida aplicada, asegurando su calidad.
- Mejorar los mecanismos de alerta sanitaria para establecer un sistema que opere con distintos niveles de graduación del riesgo, capaz de determinar las urgencias clasificando los hechos, como la detección de defectos de calidad subestándar que pueden ser potencialmente mortales, que asigne a estas situaciones una prioridad de tratamiento ALTA para asegurar una respuesta rápida y eficaz que permita tomar medidas rápidas de minimización de riesgos en casos de extrema gravedad, como puede ser la prohibición preventiva del uso, distribución, comercialización y aplicación a pacientes del medicamento.
- Establecer la Red Pública de Laboratorios de Referencia: Fortalecer laboratorios estatales (ANLIS + provinciales) con capacidad urgente para análisis de calidad y detección de contaminaciones críticas.
- Garantizar rectoría federal en control de calidad y seguridad de los laboratorios públicos y privados nacionales y provinciales, en coordinación con las jurisdicciones y el COFESA
- Crear el Consejo Federal de Vigilancia de calidad de productos
- Optimizar control reforzado de importación, almacenamiento y destrucción de IFAs
- Considerar la inclusión de estas recomendaciones en una única ley que complemente y fortalezca el proyecto de reforma de la ANMAT.
[1] Siempre en moneda homogénea de octubre de 2025
