A pocos días de aprobada la emergencia en seguridad, la Justicia santafesina ordenó derribar bunkers señalados como para la venta de drogas ilegalizadas en Rosario. Amparada en una nueva ley sobre “microtráfico” impulsada por el gobernador Pullaro, tomará junto a la Policía santafesina las causas por tenencia y comercialización que eran de la Justicia federal. Es el distrito número 12 de Argentina en hacer este traspaso conocido como desfederalización. El Ciudadano recuperó la experiencia de las provincias que ya lo hicieron y publicaron sus resultados.
El origen de la desfederalización en Argentina
El 27 de julio de 2005 fue sancionada la ley 26.052 o ley de desfederalización, que permite que los distritos de Argentina puedan juzgar algunas infracciones a la ley de drogas (ley 23.737) y del Código Penal. Específicamente, los delitos de tenencia para comercialización; entrega, suministro o facilitación a título gratuito u oneroso; siembra, cultivo y guarda de semillas para consumo personal; entrega, suministro o facilitación a título gratuito destinado a consumo personal; tenencia para consumo personal; tenencia simple; falsificación de recetas médicas; suministro de sustancias médicas en cantidad o calidad no correspondiente o sin receta médica; y venta de sustancias medicinales sin autorización.
Según los distintos relevamientos a los que accedió El Ciudadano, la primera provincia en desfederalizar fue Buenos Aires en 2005. Le siguieron Córdoba (2012), Salta (2014), Formosa y Chaco (2015), Entre Ríos y Santiago del Estero (2018). Finalmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) adhirió en 2019. La Rioja se sumó en 2006 y determinó que la fecha de transferencia e inicio de las causas fuera en 2011. “Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con información sobre su efectiva implementación”, señalan en el informe Relevamiento Nacional sobre Desfederalización en Materia de Estupefacientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional. Completan el mapa de distritos Jujuy y Tucumán, quienes firmaron su adhesión en 2022. Y más reciente, Santa Fe, luego de la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro.
Consecuencias de la desfederalización en Argentina
Según escribió la doctora en antropología Florencia Corbelle en La ley de drogas en números: sobre la pretendida lucha contra el narcotráfico, la provincia de Buenos Aires incrementó un 691% la cantidad de causas iniciadas en 15 años de desfederalización. La mayoría fueron por comercio de pequeñas cantidades y tenencia para consumo personal. Eso significó, de acuerdo con el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto a 2004 y 2020, que creciera de 75 a 4.849 las personas privadas de su libertad por estos delitos.
En el caso de Córdoba pasaron de 2.400 a casi 4 mil causas por año. En 2018 –el único año para el cual se dispone de datos– solo 606 causas tuvieron fueron elevadas a juicio. En las estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre los años 2011 y 2020 se pasó de 24 a 966 personas privadas de su libertad.
En Entre Ríos la cantidad de causas se mantuvo estable, cerca de 500 por año, pero, según Corbelle, en los dos primeros años de su implementación la mitad de las causas iniciadas no estuvo vinculada a delitos de venta.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) el primer año de la implementación dejó más de 29 mil causas, un incremento de 144% respecto a los 12 meses anteriores. Cuatro de cada 10 eran por tenencia para consumo personal, llegando a un aumento del 340% en relación con el año anterior.
En diálogo con El Ciudadano, Corbelle explicó que en las jurisdicciones donde se ha desfederalizado y se dispone de datos lo que queda en evidencia es que se ha producido un aumento exponencial en la cantidad de causas, pero el resultado es similar a las jurisdicciones donde no se ha desfederalizado. «Encontramos que la gran mayoría de las causas no llega a juicio. Entonces, hay mayor persecución a usuarios y vendedores de pequeñas cantidades, donde se dilapidan numerosos recursos en los últimos eslabones de la cadena de tráfico», describió.
Finalmente, advirtió que en varios de los distritos que desfederalizaron como Chaco, Formosa y Salta no se dispone de datos y en algunos casos, como el de Córdoba, la información sobre esta política es escasa y fragmentaria.
Victoria Baca Paunero, presidenta de Cecca.
La eficiencia y los costos de la desfederalización en Argentina
Victoria Baca Paunero preside el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica Argentina (Cecca) y fue abogada defensora oficial criminal y correccional de Buenos Aires. Según contó en 2006, primer año de la desfederalización, se crearon 13 mil causas por infracciones a la ley de drogas. En 2022 ese número trepó a 71 mil.
Consultada por la efectividad de la política, Paunero señaló que en promedio anual un 80% de las causas por consumo personal son archivadas. “Es una enorme cantidad de recursos de las fuerzas de seguridad para causas que se archivan automáticamente. Es como una bolsa con un agujero”, explicó y completó: “No hay que pensarlo en términos ideológicos, sino en su eficiencia. En Buenos Aires tuvo un gasto enorme que no ha traído los resultados para los que fue pensado”.
Según publicó en 2019 la organización Reset – Política de Drogas y Derechos Humanos, cada causa vinculada a la ley de estupefacientes, ya sea poca o mucha cantidad, significan 2 mil dólares al Estado.
La especialista agregó: “No vemos en los tribunales ni en la vida diaria una reducción del mercado ni de los consumos. Como política para reducirlos no sirvió más que para crear más causas en el sistema provincial y saturar el sistema carcelario. Además, mientras hay policía ocupando en un señor con dos porros no está atendiendo otro llamado del 911”.
Cabe aclarar que según lo propuesto en la reciente ley santafesina de desfederalización, la 14.239, las fuerzas de seguridad a cargo de la persecución de los delitos no podrá realizar tareas comunes de la Policía o custodias, por ejemplo.
Para Paunero no solo se trata del accionar de la Policía en la calle. Tiene que ver con el sistema judicial. “La Policía es una fuerza auxiliar del sistema de Justicia y trabajan de forma vertical. Cuando un policía detiene una persona en la calle, por lo menos en casi todas las provincias con códigos modernos, tiene un plazo prácticamente inmediato para darle aviso por lo menos a un fiscal o un juez que convalida la detención”.
De acuerdo con Paunero, a diferencia de otros ámbitos del Estado, donde hay sistemas de accountability, el poder judicial no tiene métodos para autoevaluarse y rendir cuentas a la sociedad. Sobre este punto, y como horizonte mientras surgen las consecuencias de la nueva política de seguridad, la ley santafesina prevé que en 2026 el Ejecutivo envié un informe de evaluación sobre los resultados.
“Si vestís de traje y corbata nadie te pregunta si tenés droga encima”
