Lo único que Raúl Paniagua quiere es que le devuelvan su trabajo. Ni indemnización, ni planes: reclama el empleo que tuvo durante casi catorce años. En diciembre de 2020 fue despedido junto a 18 compañeros de trabajo en la sucursal de ensamblaje de Guerrero Motos, en San Lorenzo. Tras denunciar que se trató de un despido ilegal, en febrero de 2021 la Justicia ordenó su inmediato reintegro, sin embargo, desde entonces la empresa le prohíbe el ingreso. En esta nota en El Ciudadano cuenta por qué se mantiene firme en su reclamo.
Un día antes de Navidad, en diciembre de 2020, Paniagua y 18 trabajadores más de Guerrero Motos recibieron un telegrama de despido. El 11 de febrero de 2021 una resolución judicial dispuso la reinstalación de su puesto de trabajo. Fue la primera. Además del juez de primera instancia, su reincorporación fue ratificada por la Cámara de Apelaciones y más tarde, por la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe. En todas las instancias judiciales se ordenó que Paniagua debía ser reincorporado a su puesto de trabajo.
El caso de este hombre de 52 años se hizo conocido en los medios rosarinos cuando el 4 de enero de 2021 se roció un bidón de nafta frente a la entrada de la empresa en San Lorenzo en medio de una protesta para exigir su reincorporación. El video donde está registrado ese momento se viralizó. “Yo soy el que intentó prenderse fuego”, dijo a este diario en una entrevista cuando la Justicia ordenó por primera vez su reincorporación y repite las mismas palabras a un año y medio de esa desesperada búsqueda de visibilización.
Desde esa vez, el Poder Judicial no hizo más que ratificar la defensa de su puesto laboral y la empresa, incumplir una y otra vez con los fallos judiciales, pese a las abultadas multas económicas diarias que puede enfrentar por negarle el ingreso.
“Jamás pensé que se iban a portar así”
Durante ocho meses las mañanas de lunes a viernes de Raúl Paniagua fueron así: a las seis y media lo despertaba el sonido de la alarma de su celular, se levantaba, se bañaba, preparaba unos mates, prendía el televisor y escuchaba las noticias del día, salía de su casa en barrio Saladillo en la zona sur de Rosario, subía a su auto y manejaba durante 40 minutos hasta la ciudad de San Lorenzo, estacionaba en la puerta de la planta de Guerrero Motos, se bajaba del auto y hablaba con el personal de seguridad que le decía lo mismo que el día anterior y lo mismo que le diría la mañana siguiente: “No te podemos dejar entrar”.
De ahí, cada vez, se dirigía hasta la seccional de la Policía y dejaba constancia de la negativa de la empresa a cumplir la orden legal de su ingreso. Esto pasó entre febrero y octubre de 2021.
En ningún momento lo recibieron sus ex jefes, encargados ni los dueños de la empresa. Él siente que hubiera necesitado una charla, una explicación y dice: “A mí me gustaba trabajar. Yo soy mecánico, mi papá es mecánico, mi oficio es ser mecánico. A mí me gustaba el trabajo que tenía, me apasionaba”. Paniagua tiene seis hijos y uno de ellos también es mecánico.
Además, conmovido, sostiene: “La verdad es que estaba muy conforme con los tres dueños de Guerrero por las cosas que hacían por nosotros, por ejemplo para el Día del Niño o el Día del Padre. Se portaban muy bien. Jamás pensé que se iban a portar así”.
Paniagua tenía 37 años cuando ingresó a Guerrero Motos en 2007, a través de una recomendación, la presentación de su currículum y una posterior entrevista. Su mujer estaba embarazada y este trabajo implicó la posibilidad de comprar su primer auto, de sostener a su familia, representó “una salvación”, tal como definió en su momento a este medio. Trabajaba en la sección pos venta, era el mecánico que atendía los problemas que se pudieran presentar en la etapa de garantía de las motocicletas.
Estos casi dos años desde el despido ilegal, Paniagua se quedó sin todos los respaldos que tiene un trabajo en blanco: cobertura social y médica y la seguridad de cobrar un sueldo a fin de mes.
Desde que pasó todo esto, se las rebusca haciendo changas. “Ahora tengo que pelearla todos los días”, afirma. Tal como hizo toda su vida en la que trabajó como vendedor ambulante, albañil, carpintero y en talleres mecánicos.
El hombre que durante ocho meses sostuvo su rutina de ir todos los días a la puerta del trabajo, que recibió una y otra vez el respaldo de la Justicia y que recibió el rechazo sistemático de la empresa a la que se dedicó durante casi catorce años dice: “No me voy a cansar, yo quiero mi trabajo”.
Disciplinamiento de parte de los patrones
Guerrero Motos tiene dos sucursales, una en San Lorenzo y otra en Rosario, en Alberdi 474. En diciembre de 2020 los empleados de la planta de San Lorenzo, unos 70, decidieron paralizar la producción y junto a representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) cortaron el ingreso a la empresa ubicada en Avenida San Martín 98. El recorte en sus ingresos mensuales fue “el desencadenante final” -expresaron desde el gremio- de una serie de reclamos que venían sosteniendo los empleados durante ese último tiempo, entre los que además estaba el incumplimiento en protocolos de higiene.
Por entonces, a través de un comunicado la empresa negó que hubiera un “conflicto y/o reclamo laboral alguno” con la firma y apuntó contra “las autoridades” por no garantizar la libre circulación y el derecho al trabajo de quienes quieren hacerlo.
El conflicto entre trabajadores incluyó desde quemas de neumáticos y bloqueo a la entrada de la planta, el intento de prenderse fuego a sí mismo de Paniagua después de su despido hasta el incendio del auto de un trabajador de parte de uno de los dueños de la empresa, la detención de un dirigente gremial de Smata en el marco de una de las protestas, la inasistencia de la firma a las audiencias con el Ministerio de Trabajo provincial, su desacato frente a la conciliación obligatoria dictada y el envío de los 19 telegramas de despido contra trabajadores que tenían entre 10 y 22 años de antigüedad.
Cuando llegó el despido, el primer camino emprendido por Paniagua fue a través de Smata. Sobre esto, las versiones de ambas partes difieren.
Para el trabajador fue así: “Todos fuimos al sindicato, yo también. Nos dieron una bolsita de mercadería durante un tiempo, ¿uno, dos, tres meses? Para mí esto estuvo todo arreglado de entrada, esto de echarnos a los 19 compañeros. A mí nadie me saca eso de la cabeza. Porque ni bien nos echaron a nosotros contrataron a 33 eventuales”. “Un sueldo mío son dos dos sueldos de ellos, para ellos significaba recortar”, aseguró y agregó: “Y al gremio le servía porque en lugar de haber 19 pasaron a ser 33 trabajadores. Les servía a los dos, a la empresa y al gremio, para mí esto fue arreglado porque Smata se portó muy mal con todos nosotros”.
“Con este conflicto el gremio me dijo ‘vamos por la vía judicial’ y ya teniendo la resolución de la jueza, de la cámara y de la Corte Suprema yo los llamaba con todos los papeles y nunca aparecieron, nunca me apoyaron”, apuntó Paniagua.
Por su parte, desde Smata aseguraron a El Ciudadano que siempre acompañaron la situación que atravesaron los trabajadores despedidos y de hecho consideran la detención ocurrida en enero de 2021 del secretario gremial Román Moyano una prueba de su compromiso.
“Estamos en un proceso de cobrar indemnización, van a cobrar todos. Todos pedimos reincorporación o indemnización. Estamos muy comunicados porque se politizó mucho el tema, incluso ahora cada vez que desde el gremio queremos entrar a la planta tenemos que pedir permiso”, planteó Marcelo Barros, titular del gremio en Rosario.
Además, el dirigente dijo: “Nos duele porque es una empresa a la que dimos todo, a los trabajadores les han pagado en partes, en pandemia fueron dos años donde los trabajadores acompañamos a la empresa. Y a los despedidos los hemos apoyado económicamente con dinero y bolsas de comida”. En enero de 2021, Smata convocó a una movilización de gremios de la ciudad y del cordón industrial para denunciar el marco de ilegalidad en que se manejó la empresa y para exigir la reincorporación de los despedidos.
Si bien Guerrero Motos en su momento deslizó que había una baja en la producción, desde Smata habían asegurado a este medio que esto no era así. De hecho, el periodista y actual diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade había publicado en su cuenta de Facebook esto: “Según el último balance presentado, Honda Motor Argentina facturó 20.745 millones de pesos en 2019 (publicado en 2020), a razón de 56 millones de pesos diarios, 2.638.150 pesos por hora y 98.672 pesos por minuto”.
Se están por cumplir dos años de los despidos ilegales. La última novedad en el caso de Paniagua, es otro intento de la empresa de adjudicarle a él abandono de trabajo, la causa se encuentra ahora ante una próxima -aunque puede faltar mucho- definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, hasta ahora hay dos cosas claras: todas las instancias judiciales le dieron la razón a él y, a pesar de semejante intento de disciplinamiento, él no piensa dar el brazo a torcer: “Quiero recuperar mis 14 años de trabajo. No me echaron por culpa mía, no me robé nada, no falté nunca ni me hice el enfermo. Yo no vivo de un plan, a mí el gobierno no me da nada, salgo a pelearla todos los días. Y quiero mi puesto de trabajo”.
