Pasaron las elecciones y llegó la hora de discutir los recursos con los que contarán el gobierno provincial y las intendencias en 2014. La provincia abrió el juego con un presupuesto ambicioso que esconde guiños a la oposición. La intendenta de Rosario revelará sus números entre miércoles y jueves; recién entonces se conocerá la medida del retoque a la Tasa General de Inmuebles. Y volviendo a la Casa Gris, mañana se vivirá un acontecimiento histórico por su trascendencia institucional y por todas las resistencias que hubo que sortear.
Desde 2007 para acá las discusiones por los recursos de la provincia (ya sea presupuesto o reforma tributaria) fueron un parto en la Legislatura. El juego de mayorías y minorías siempre obligó al Ejecutivo a resignar o consensuar pretensiones.
El Presupuesto 2014 incluye varios guiños hacia la oposición, sin la cual al oficialismo no le alcanzan los votos para aprobarlo. Entre esas señales se destacan la formalidad contable de un superávit (200 millones de pesos) y la recomposición del fondo anticíclico (250 millones). Este último, caro a las reivindicaciones de muchos legisladores justicialistas, había dejado de ser prioridad desde que Ángel Sciara maneja los números de Santa Fe. El ministro no compartía la idea de tener parada semejante cantidad de dinero “por si las dudas”.
De todos modos, este presupuesto “equilibrado” se desequilibra a fines de febrero, el día que se cierran las paritarias con los trabajadores estatales. Financiar el aumento salarial requiere de miles de millones que el Poder Ejecutivo propone obtener vía nuevas cargas impositivas. Algunas de ellas quedaron pendientes desde la última reforma tributaria. Por ejemplo elevar las alícuotas de Ingresos Brutos que pagan empresas de telefonía celular y el sistema financiero para ponerlas al mismo nivel que Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos; o el impuesto ecológico para empresas que pagarán menos en la medida que “limpien” sus procesos productivos. Además, el aumento del Impuesto Inmobiliario, con subas del 22% en las primeras categorías y del 28% en las más altas.
En el actual marco de dispersión, es impensable una posición unánime del justicialismo frente al presupuesto. Los senadores ven los números desde su propia realidad, imposible sacarlos de ahí. En Diputados la batalla es más abierta, pero hay quienes ya adelantaron criterios. Por ejemplo, que los retoques impositivos sólo serán considerados para atender el aumento salarial anual y evitar que la inflación corroa el poder de fuego del presupuesto, pero de ningún modo para expandirlo por encima de esas dos variables.
Dos capítulos siempre discutidos son los de financiamiento a corto plazo y endeudamiento. En este caso el Ejecutivo pide autorización para emitir letras por 400 millones de pesos, una parte a devolver en el mismo ejercicio y otra a los 365 días.
Además el ministro Sciara solicita 1.500 millones de pesos de crédito público para obras de infraestructura. Acá hay dos cambios con respecto al pedido de mayo pasado que no prosperó. Primero que ahora se apunta a préstamos en pesos y en el mercado interno. Segundo, no se pide una cifra global para un plan de obras a negociar con los legisladores (escenario en el que los senadores sacaban ventaja), sino para obras detalladas de antemano (en la lista destacan los grandes acueductos en marcha: Norte, Desvío Arijón y Gran Rosario). La pulseada ya no será entre diputados y senadores, sino territorial. Diputados de la oposición y de Rosario se preguntan si está bien el criterio de financiar al mismo ritmo el acueducto que sirve a 30 mil santafesinos y el que abastecerá a 300 mil.
El pago chico
Las intendencias esperaban conocer los números de la provincia para proyectar sus cuentas. En el caso de Rosario el proyecto de gastos y recursos ingresará el miércoles al Concejo. La única certeza a esta hora es que habrá un aumento de la TGI vía actualización de los valores catastrales. El argumento: compensar el impacto de la inflación sobre la prestación de los servicios básicos.
Los números fríos que dejó la elección pasada indican que a partir de diciembre el interbloque del Frente Progresista tendrá en el Concejo 8 votos propios de un total de 24. Serían 10 más temprano que tarde de acuerdo a algunos indicios que dejó la visita de Ricardo Alfonsín al Palacio Vasallo en ocasión de cumplirse 30 años del triunfo electoral de 1983.
Sean 8 o 10 no alcanza. El Ejecutivo va a requerir acuerdos con sectores de la oposición para sacar adelante el presupuesto 2014. Esa negociación será útil para proyectar qué puede ocurrir con la elección de las autoridades del Concejo Municipal en diciembre y con los dos próximos años de gestión de Mónica Fein. No hay muchas alternativas: el PRO por un lado y el PPS-PJ por otro son los dos espacios antitéticos que vertebran la oposición. Donde esté uno no estará el otro.
Acontecimiento histórico
Mañana ocurrirá un acontecimiento político institucional de características históricas. El gobernador Bonfatti firmará el decreto que establece que fija el 10 de febrero como fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, además de entregar las designaciones a fiscales y defensores del nuevo sistema.
Desde ese día, todo delito penal será enjuiciado en audiencias orales y públicas, desde la primera declaración del imputado hasta la última, sin papeles, sólo con respaldo digital de esas audiencias. Es simple: alguien acusa (el fiscal), alguien defiende (defensor oficial o abogado particular) y un juez garantiza el debido proceso y sentencia.
Más cerca de la fecha habrá más espacio para repasar todo lo que costó llegar hasta aquí. Basta decir que las resistencias y trabas fueron innumerables, y que fue determinante la decisión política del ex gobernador Hermes Binner y su ministro Héctor Superti de avanzar y dar las peleas que hubiera que dar, que fueron innumerables.
Esa decisión política fue esencial, pero no lo único. Cabe destacar el sensible rol de los jueces de la Corte Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi y una nada despreciable cantidad de magistrados y fiscales que trabajaron por el cambio mientras sus pares recibían al gobierno del Frente Progresista entonando la canción “Resistiré” como un grito de guerra. Hasta ese momento la corporación judicial estaba convencida de que la reforma abierta por Jorge Obeid sería apenas un maquillaje para salvar las inconstitucionalidades del sistema de enjuiciamiento señaladas por la Corte nacional en el caso Fraticelli.
No fue menor cómo jugaron los partidos con representación parlamentaria, que acompañaron por unanimidad la media docena de leyes que necesitó la reforma.
Darle forma e implementar la reforma fue un gran paso, pero no es todo. La realidad demanda soluciones que requieren nuevos esfuerzos y peleas tanto o más duras que las dadas para la reforma del Código Procesal Penal.
Finalmente está en pie la flamante arquitectura institucional de enjuiciamiento, ahora depende de los hombres y mujeres que trabajarán con ella día a día para conseguir resultados.
Binner hizo en materia de Justicia penal lo que no hizo en Seguridad. Ese frente le quedó abierto al actual gobierno y es el desafío de aquí en adelante. Hay una Policía Científica armándose, una reforma de la fuerza de seguridad ya esbozada que tiene que andar mucho aún. El camino es laberíntico y tenebroso como en una película de Harry Potter, aunque esto no es Hollywood y el final feliz nunca está garantizado.
