No sólo los gobiernos de la Argentina y Uruguay están pensando en el relanzamiento de las relaciones bilaterales luego del fallo del martes que permite el funcionamiento pasado y futuro de Botnia. En el país ya se preparan varios proyectos para la eventual radicación de emprendimientos similares en territorio local. El más avanzado es el que el correntino Ricardo Colombi está encarando con capitales chilenos. El gobernador incluso prepara una presentación ante la propia Cristina de Kirchner para pedir la intervención del Estado nacional para tramitar un crédito ante el Banco Mundial para facilitar financieramente la operación. Pero, además, la propia Botnia quiere relanzar su situación ante la Argentina, mostrándose amigable ante el país; y muchos proveedores y clientes nacionales de la pastera quieren blanquear la situación sin ser demonizados.
El caso de Colombi es el más avanzado. Técnicos vinculados a la gobernación correntina ya estuvieron recorriendo en nombre del político radical hace sólo unas semanas la planta de Botnia en Fray Bentos. Lo hicieron con total discreción y bajo la tutela de las autoridades máximas de la pastera, consultando un capítulo específico: cuáles son las condiciones de operatividad necesarias para desarrollar una planta de este tipo y cómo fue el financiamiento del proyecto Orion (Botnia). Los enviados obtuvieron varias conclusiones: la planta debe estar a no más de 200 kilómetros de la provisión de eucaliptos, tiene que tener conexión al Río de la Plata o al Paraná y el financiamiento debe provenir de organismos internacionales por su monto. Los dos primeros puntos se cumplen en Corrientes. El tercero excede la capacidad provincial. Sucede que si se repitiera el caso Botnia, el dinero debería venir del Banco Mundial, que aportó unos 500 millones del total de 800 millones de dólares que costó la planta (incluyendo el puerto), dinero imposible de obtener en el mercado financiero actual a tasas razonables.
Socios chilenos
Los socios de los correntinos serían capitales chilenos, que además buscan expandirse en la región por fuera del país de origen. Éstos podrían buscar financiamiento externo, pero llegar a la totalidad de los fondos para levantar una planta similar a la de Botnia sería algo utópico. De ahí la necesidad de buscar rumbos dentro de los organismos internacionales. El problema es que un trámite de este tipo sólo puede ser encabezado por el gobierno nacional, que debería luego explicar ante el público por qué defiende ahora un proyecto pastero después de haber llevado el caso Botnia hasta La Haya.
Hay otro impedimento. A partir del fallo de la CIJ, en una de sus conclusiones fundamentales, un emprendimiento de este tipo tendrá que contar con la aprobación del gobierno uruguayo. Se descarta que Mujica no tendrá revanchismos y avalaría una operación de este tipo. Sin embargo cerraría luego la capacidad argentina de protestar contra emprendimientos pasteros posteriores en la costa vecina.
La papelera y sus proveedores y clientes también buscan comenzar un nuevo capítulo en la región, menos turbulento que el que vivió. Hasta ahora, y desde el 9 de noviembre de 2007 cuando comenzó a funcionar la planta, la mayoría de las operaciones del emprendimiento vinculadas al país fueron casi en secreto. Sin embargo, el nivel de negocios con el país es más que alto. Los principales proveedores de insumos (especialmente los químicos vinculados a la producción, elementos que en teoría serían los contaminantes) provienen en gran parte de envíos de la Argentina. Aproximadamente 15 de los 50 profesionales que dirigen la planta (de un total de 400 trabajadores), son argentinos y eligieron radicarse en Fray Bentos para embarcarse en el proyecto. La principal compañía papelera local (Celulosa) compra pasta a Botnia desde hace más de un año, y otras competidoras tienen en sus planes imitarla.
El hecho de ser el proveedor más barato de la región y tener una calidad difícil de igualar por los productores internos, hacen de la tentación comercial con Botnia algo casi irresistible.
Tan firme es el dato que, tal como había adelantado este diario, el propio Guillermo Moreno en su rol de conductor y mentor de la ahora Papelera Quilmes (ex Massuh), ya planteó dentro del gabinete del Ministerio de Economía que su intención es que una vez conocido el fallo de La Haya se pida cotización a Botnia para comprar pasta para elaborar papel dentro de la planta del sur bonaerense. Asegura el secretario de Comercio Interior que la única forma de lograr que la ex Massuh sea negocio es comprándole a Botnia a los precios de la pastera de origen finlandés.
Más allá de cualquier polémica, la decisión de instalar la planta en Fray Bentos fue un negocio fenomenal. En mayo pasado la tonelada de pasta celulosa cotizaba en el mercado europeo a 588 dólares. El cierre al 13 de abril superaba levemente los 918 dólares. Según datos internos, el costo de producir una tonelada en Botnia sería de no más de 300 dólares la tonelada; lo que lleva a una rentabilidad cercana de 600 dólares cada tonelada. Como la planta produce 1.000 toneladas por año, la ganancia promedio de este año podría llegar a los 600 millones de dólares. En dos años como 2010, la planta estaría pagada.
