Mucho antes de que manos todavía anónimas encendieran los grandes fuegos en Alto Delta, en 2003, el Concejo Deliberante de la ciudad entrerriana de Victoria aprobó la ordenanza 2185 que creó como Área Natural Protegida a una vasta extensión de las islas, en procura de armonizar los usos productivos con la preservación del ecosistema. Y dos años después el cuerpo legislativo votó otra ordenanza, la 2472, que regula el uso del suelo, y una de las tres categorías que establece es “suelo litoral” que comprende el Paraná y las islas, y lista los usos no admitidos, en esa área, como almacenamiento de agroquímicos, expendio de combustible, barrios cerrados, entre otros. Y expresamente prohibe la instalación de bares y restaurantes, entre otros emprendimientos de hotelería y diversión. Aunque desde 2005 a esta parte la norma tuvo modificaciones, ninguna alteró el impedimento. Pero el interés privado puede más: este martes más de una decena de organizaciones de diversas localidades de Santa Fe y de Entre Ríos presentaron un documento conjunto a la Municipalidad de Victoria, con copias al Concejo y a la Delegación de Islas, solicitando la inmediata suspensión de las habilitaciones que permiten el desarrollo de fiestas “con mil y hasta dos mil personas”, que según las entidades denunciantes se vienen haciendo en flagrante violación de ambas normas, y afectando gravemente al ecosistema que ellas protegen.
“El municipio de Victoria no puede habilitar actividades que estén, precisamente, prohibidas por ordenanza”, explicó a El Ciudadano el abogado ambientalista Lucas Micheloud, uno de los firmantes del documento que se convirtió en denuncia pública de la situación. Y resaltó que la ordenanza escrita apunta con una palabra, “etcétera”, la prohibición de actividades que dañen el sitio protegido, pero ese mismo término es el que tomó el Ejecutivo victoriense para habilitar “eventos”, ya que no son ni bares ni discotecas, aunque a todas luces funcionen como tales, incluso con regularidad. “Todas las actividades que se realicen tienen que ser absolutamente compatibles con los usos sustentables y racionales del Humedal. Y todos estos eventos son precisamente lo contrario: generan contaminación lumínica, contaminación sonora, residuos como colillas de cigarrillo, latas, botellas. Una serie de impactos negativos en el ecosistema”.
Micheloud puso énfasis en que además la habilitación viola la ley General de Ambiente, que establece el principio de “progresividad”, es decir, no retroceder de los estándares de protección ambiental ya consagrados. Y sostuvo que “es un escándalo que el propio Estado realice este tipo de habilitaciones con interpretaciones rebuscadas e ilegales” de las dos ordenanzas vigentes y de la legislación nacional, más “en el marco de la situación crítica que atraviesan los humedales por el estrés hídrico y los incendios”. Y le sumó el agravante de que “el propio Estado” municipal entrerriano reconoció que el área bajo protección “es tan vasta” –con 376 mil hectáreas– que “es muy difícil ejercer un control”.
Por tanto, concluyó el abogado, las habilitaciones deberían ser, por lógica, restrictivas y no permisivas: “No se puede habilitar lo que no se puede controlar”.
En el documento emitido por una serie de organizaciones regionales que fueron creciendo como respuesta a los incendios que devastaron el Alto Delta en 2020 y 2021, los más destructivos hasta esta parte, se sostiene que el daño continúa, ahora por otros medios: “Hablamos de fiestas masivas a las que acuden cientos de personas que se trasladan algunas en lanchas y otras en vehículos particulares que luego estacionan sobre humedales en estado de extrema vulnerabilidad. Además para dichos accesos vehiculares se ha modificado ilegalmente el suelo con rellenos y levantamiento del terreno y construcción de terraplenes”.
“Resulta inaceptable que el Estado y los organismos de control en lugar de evitar mayores niveles de hostigamiento sobre los ecosistemas de humedales, habiliten actividades que producen altos grados de contaminación”, remarcan.
Y desctacan que “algunos de estos «bailes» son organizados por personas que viven en la ciudad de Rosario” y que lucran con los eventos. “Es el caso de Garden Island y Wakeland, este último un complejo desarrollado por Federico Vignale sobre la ruta nacional 174 en el kilómetro 7,3, quien promociona fiestas y bailes en islas en las que según ellos mismos advierten «está todo permitido»”, denuncian.
“Instamos a la Municipalidad de Victoria, a su intendente Domingo Maiocco, a cumplir u hacer cumplir las leyes y ordenanzas vigentes”, insisten las organizaciones firmantes.
“Si la discoteca está prohibida en virtud de proteger los ecosistemas del daño que esta actividad infiere, no pueden habilitarse actividades similares, sino idénticas, que conlleven los mismos daños y tengan como obvio resultado la disminución en el grado de protección anteriormente conferido. La mercantilización de la naturaleza y la violación del principio señalado se expresa en el hecho que años anteriores los organizadores de estas actividades –fiestas masivas– eran multados, y ahora se los habilita a cambio de un porcentaje de la ganancia. Basta de justificar lo injustificable”, concluyen los denunciantes que presentaron el escrito.
Micheloud explicó que el documento presentado “procura construir diálogo social y político, a fin de que el municipio suspenda inmediatamente y definitivamente este tipo de actividades en el Humedal”.
“Pero, si no lo hace, evaluamos también requerir la intervención de la Justicia penal por entender que se está cometiendo violación de los deberes de funcionario público”, ya que se está contraviniendo de manera “ostensible” las ordenanzas 2185 y 2472, y la ley federal. “Y además solicitar la intervención de la Justicia civil a fin de prevenir que se sigan consolidando daños o alteraciones significativas en el ambiente”, concluyó Micheloud.
