El gobierno nacional derogó una norma vigente desde 1993 que regulaba los aranceles de los colegios privados y establecía la obligación de informar con anticipación los valores de cuotas y matrículas, así como contar con la autorización del Estado para modificarlos. La medida abre la posibilidad de que las instituciones de educación privada puedan fijar sus valores de manera libre. Sin embargo, en Santa Fe la situación no cambiará, al menos por ahora.
Así lo confirmó Alejandro Saba, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de la Provincia, en diálogo con la radio LT8. El dirigente explicó que, a diferencia de otros distritos, las escuelas privadas santafesinas que reciben aportes del Estado están reguladas por una normativa provincial que se mantiene vigente desde finales de la década del 90.
“En Santa Fe el impacto es nulo, porque dependemos de una disposición provincial que sigue vigente. Solo cambiaría si la provincia adhiere al decreto nacional o sanciona una nueva ley”, aclaró Saba.
En la provincia, los valores de los aranceles dependen del porcentaje de subsidio estatal que recibe cada institución: 100% de aporte, 80%, 66% o porcentajes inferiores. A partir de esa escala, la normativa provincial fija un mínimo y un máximo que las escuelas pueden cobrar en concepto de cuota mensual.
Además, los aumentos se actualizan en relación directa con la paritaria docente, ya que los salarios del personal son el principal componente del costo educativo.
“Los aranceles se ajustan en la misma medida que evolucionan los salarios docentes, no en función de otros costos como servicios o mantenimiento, que aumentaron mucho más”, explicó Saba.
Para que la desregulación tenga efecto en Santa Fe, la provincia debería: adherir al decreto nacional o sancionar una nueva ley que modifique la normativa vigente. Mientras eso no suceda, las cuotas seguirán reguladas y con topes definidos.
