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Detienen a contador rosarino por descomunal venta de cereales en negro

Maximiliano Montaldo quedó preso por disposición del juez federal Carlos Vera Barros por delitos atribuidos a dos firmas locales ligadas a operaciones de granos a gran escala. La decisión se suma a un procesamiento firme en Chaco, que también alcanza a su hermano, por "asociación ilícita fiscal"

El contador rosarino Maximiliano Montaldo quedó detenido el último jueves por evasión tributaria en el comercio de granos, en una causa que puede terminar también complicando a otras firmas del sector cerealero que operaban con las compañías que se atribuyen al empresario, entre corredores, acopiadores y productores de la región. La decisión la tomó Carlos Vera Barros, titular del Juzgado Federal N°3, como parte de la investigación que involucra a las firmas Federal Agropecuaria SA y Brumont SA, ambas con domicilio en Rosario.

Las dos compañías locales se suman a la ya investigada Las Pircas SA, con domicilio en Resistencia, Chaco, que le valió a Maximiliano, a su hermano Pier Carlo Montaldo y a Vanesa Noemí Rodríguez y Daniela Cristina García el procesamiento por “asociación ilícita fiscal”. La calificación fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia el 17 de diciembre del año pasado.

A nivel local, el empresario quedó detenido tras prestar declaración, mientras que otros miembros de la familia están citados: uno es su hermano Pier, quien debe comparecer esta semana, y también la madre de ambos, quien aún no declaró por razones de salud y figura como socia de sus hijos en al menos una de las empresas, según pudo confirmar El Ciudadano.

Pier aparece en los registros del Boletín Oficial de Santa Fe como presidente del directorio y representante de Brumont SA en la sociedad que constituyó la firma Granja Los Primos SA en 2012 –dedicada a la actividad agrícola ganadera y comercialización de granos– y como apoderado de Federal Agropecuaria SA en la sociedad propietaria de Puerto Norte Hotel SA, formada en 2015.

Los hermanos son, además, socios con su madre en la firma Federal Inversiones SA, de la cual no había datos sobre si estaba o no en el radar de la Justicia federal por presuntos delitos vinculados con la venta de granos.

Según trascendió, la investigación por la que el empresario quedó preso en Rosario –detención confirmada a este diario por fuentes del caso– no tiene  relación por la que se le dictó el procesamiento en Resistencia, pero sí coinciden motivos: evasión en el comercio de granos.

Según el portal local Punto Biz, Montaldo es conocido en los ámbitos de negocios cerealeros como “un peso pesado en el comercio ilegal de granos”, por lo que la delegación Rosario de la Afip lo viene investigando desde 2010.

“En los corrillos cerealeros se ventilaba que seguía operando bajo otras firmas recurriendo a «socios estratégicos»” de la intermediación que ponían la estructura y los papeles para que él pueda seguir prestando el servicio de canalizar granos negros de terceros”, informa el portal rosarino, que da cuenta de inhibiciones previas que deberían haber dejado fuera del negocio al contador.

Una de las causas contra Montaldo es la de Las Pircas, cerealera con planta en Acebal por la cual la Afip lo acusó de evadir 700 millones de pesos entre 2011 y 2014 –con 2.450 pesos netos de impuestos por tonelada de soja al 1° de abril de 2014, lo cual indica el volumen del comercio en negro– y por lo cual a finales de 2017 quedó procesado por asociación ilícita y embargado por la Justicia federal de Chaco, provincia a la que recurrió para establecer administrativamente la empresa cuando empezó a ser seguido de cerca en la región, indica Punto Biz.

Según la denuncia de Afip y la Justicia federal chaqueña, Las Pircas hacía falsas declaraciones de existencia de soja con la pretensión de comercializar en forma marginal. Por caso, la empresa declaró la existencia de 285 mil toneladas acopiadas en la planta ubicada en Acebal, que conforme con la documentación de habilitación tenía una capacidad de almacenaje 40 veces menor, de 7 mil toneladas.

Además, una inspección de la Afip en 2014 constató la existencia de sólo 119 toneladas de la oleaginosa: la diferencia entre la soja declarada y la que había realmente generaba un margen de toneladas documentadas para blanquear.

Pero, además, la investigación encontró casos en que la soja enviada a puerto que era fiscalizada tenía documentación irregular, como cartas de porte “en las que figuran asentados un lugar de procedencia u origen del grano donde la firma en cuestión no tiene declarado lugar de acopio ni explotación”. Por ello “dichas medidas impiden al fisco conocer el verdadero contribuyente primario, blanqueando mercadería que en su origen surge como marginal”.

Si bien Las Pircas fue desactivada, la Justicia federal sospecha que el empresario recurrió a otras firmas para repetir la operatoria.

Y allí aparecen, además de Federal Agropecuaria y Brumont –compañía ésta que tiene como actividades instalaciones de gas, agua y sanitarios, obras de construcción de edificios no residenciales y engorde de ganado bovino entre otras, ninguna ligada al comercio de granos– otras empresas, sobre las que no se dieron precisiones.

Con todo, la Justicia federal chaqueña avanzó sobre Las Pircas como “un eslabón fundamental para operaciones de venta en negro de granos que también involucraban a una cadena de operadores y compradores que la usaban como comitente («carpeta», en la jerga) para canalizar soja sin pagar impuestos”, publicó el portal Chacotv en base al fallo.

“En función de la múltiple prueba colectada respecto de las relaciones, actividades y temperamento asumido por los distintos intervinientes en el hecho delineado por la Instrucción, consideramos debidamente fundada la convergencia intencional para la comisión del delito asociativo en cuestión, habiendo formado parte de la estructura montada a fin de dotar de operatividad y funcionamiento a la banda criminal”, escribieron los camaristas de Resistencia José Luis Aguilar y Rocío Alcalá, quienes ratificaron los dispuesto en primera instancia por la jueza Zunilda Niremperger, incluidos los embargos de 2 millones de pesos a cada uno de los hermanos Montaldo y de 1 millón a Rodríguez y a García.