Cuatro efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) serán acusados en la mañana de este sábado por “delitos contra la administración pública” a raíz de irregularidades en el megaoperativo por usurpaciones y construcciones irregulares el barrio Fonavi de Lola Mora e Hipócrates el 26 de junio pasado. En concreto, la acusación derivó del robo de un arma de fuego secuestrada de un departamento devenido en aguantadero, y la posterior falsificación de acta, maniobra que más tarde salió a la luz a partir de filmaciones y testimonios.
Los procedimientos que derivaron en la detención de los efectivos fueron efectuados esta madrugada por la Policía federal y solicitados por los fiscales Gisela Paolicelli y Matías Edery, quienes habían estado presentes y supervisaron el desembarco en ese complejo de viviendas al oeste de avenida Grandoli al 4700. Ese día de junio, mientras se hacía un relevamiento en torno a posibles usurpaciones, llamó la atención los movimientos extraños de un efectivo de la PDI durante un allanamiento a un departamento del núcleo 19.
“Era un departamento marcado, en el que se rumoreaba que se vendía droga y que era un aguantadero. Se pidió una orden de allanamiento para ese momento”, describió una fuente cercana a la causa. Los efectivos de PDI se apresuraron a irrumpir y no esperaron la colaboración de otra fuerza, describió este portavoz, quien agregó que se presume que la vivienda estaba ocupada por familiares de un lugarteniente de la alianza Ungaro-Funes, preso desde fines de 2017.
“Los policías entraron a allanar; uno de los efectivos vio el arma en un cajón y la agarró. Enseguida dijo que le pertenecía. Todo está filmado. Y en ningún momento anterior se lo vio con un arma en la mano”, confió a El Ciudadano esta fuente. Esta situación despertó las sospechas de los fiscales en torno al origen y el paradero de esa arma, cuyo secuestro no estuvo asentado en el acta de procedimiento. La anomalía derivó en investigación. La aparición de un abogado que consultó por el allanamiento y el secuestro de un arma acrecentó las sospechas.
“Después se presentó un abogado que preguntó por el allanamiento en la casa de su cliente, y apareció alguien que dice que vivía allí; el letrado preguntó por el secuestro del arma y partir de allí se confirmaron aún más las sospechas que había en el inicio”, amplió esta fuente.
Fue así que esta maniobra atribuida a un efectivo de PDI, que se sospecha escondió el arma con la complicidad de un compañero, quedó al descubierto. Este sábado a las 9 de la mañana se convertirá en una acusación formal por parte de la fiscal Karina Bartocci. “Se citó a los cuatro agentes que firmaron el acta de procedimiento –dos implicados en la maniobra y dos que firmaron dicha acta–, quienes quedaron detenidos a disposición de la Unidad de Violencia Institucional”, dijeron desde el área de prensa de la Fiscalía Regional.
El pasado 26 de junio policías, fiscales provinciales, funcionarios municipales y el ministro de Seguridad provincial estuvieron presentes en un inédito operativo desplegado en el barrio Fonavi de Lola Mora e Hipócrates, golpeado por la violencia en los últimos dos años. Hubo 24 allanamientos enfocados en recuperar otros tantos departamentos usurpados, y se tiraron abajo inmuebles irregulares que habían avanzado sobre el espacio público del barrio. También hubo cuatro detenidos y fue secuestrada al menos un arma de fuego y proyectiles.
El fiscal Edery supervisó la actuación policial en este barrio de la zona sur, lindero con Tablada, Municipal y Parque del Mercado, que se inició por la madrugada y que fue –recalcaron desde la provincia– una intervención multiagencial del Estado santafesino.
El operativo incluyó topadoras con las que se derrumbaron construcciones clandestinas que habían realizado vecinos sobre el espacio público. Algunas eran utilizadas como cocheras. En otras, se habían instalado pequeños comercios y algunas, incluso, funcionaban como puntos de venta de drogas. En estas últimas, casi como prueba, se notaron, en medio del operativo de desmantelamiento, las marcas de balas derivadas de los ya rutinarios enfrentamientos alrededor de los búnkers.
Las usurpaciones en la zona no son nuevas. Las bandas vinculadas con los clanes Caminos, Segovia, Ungaro y Funes han amenazado a los vecinos para desplazarlos y, así, utilizar los departamentos como aguantaderos o como bocas de expendio de drogas y centro de acopio de armas y estupefacientes. Las denuncias se sucedieron por largo tiempo, en especial desde octubre de 2016, cuando la saga de los enfrentamientos de bandas en la zona sur desplazó su reguero de muerte a estas torres.
