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Detienen al empresario vinculado con el juego clandestino Peiti, arrepentido que complicó a fiscales

El hombre transitaba la causa en su contra en libertad, pero una orden fiscal de Rafaela puso fin a esa situación. Sus declaraciones como "imputado colaborador" derivaron en las imputaciones y prisiones preventivas de Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal. Quejas de su abogado defensor

Leonardo Peiti, el empresario investigado por una red de juego clandestino, quedó detenido en la mañana de este jueves tras un procedimiento en su domicilio del barrio de Fisherton a pedido de los fiscales de Rafaela Guillermo Loyola y Gabriela Lema.

Peiti transitaba el proceso judicial que lo tiene como imputado, en las sedes Rosario y Melincué del Ministerio Público de la Acusación, en libertad hasta ahora. En la causa de Rosario, y en calidad de arrepentido, aportó información clave que permitió implicar en la trama del juego clandestino a los ya ex fiscales de Rosario Gustavo Ponce Asahad y su ex jefe en la jurisdicción Patricio Serjal. En la causa Melincué, donde en la Fiscalía adelantó que pedirá 8 años de prisión como jefe de asociación ilícita para Peiti, se sumó una imputación para el fiscal de Reconquista Rodrigo González.

https://youtu.be/h2s-XKWsfP4

Fuentes judiciales adelantaron que Peiti será sometido a una audiencia imputativa entre este viernes y el sábado en esta tercera causa en Rafaela, donde estaba sindicado el llamado Zar del Juego Clandestino David Perona hasta que falleció por coronavirus, todas por una red de apuestas clandestinas vinculada con una saga de extorsiones mafiosas atribuidas a la banda de Los Monos que incluso se cobró, en enero de 2020, una vida: la del ejecutivo bancario Enrique Encino, alcanzado por una bala mientras fumaba en el balcón del casino City Center de Rosario.

Acusaron a Leonardo Peiti como organizador de una asociación ilícita con banca política y judicial

El empresario ahora detenido y varios de sus allegados como su hermano Roberto Peiti (también apresado este jueves), ya habían sido allanados en varias oportunidades por la Justicia, que investiga también el origen de su patrimonio. la investigación de la Agencia de Criminalidad Organizada apunta a un entramado de juego clandestinos con protecciones. Ahora, la orden provino de Rafaela.

La detención de Peiti en su casa de Morrison al 8000, y de su hermano, fue parte de un despliegue que incluyó 24 allanamientos. De ellos, 16 fueron en Rafaela, cinco en Rosario, uno en Lehmann, otro en Ataliva y el restante en la localidad de Eusebia y Carolina.

Los procedimientos en Rosario fueron ejecutados por personal del Organismo de Investigación (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Los llevados a cabo en el departamento Castellanos estuvieron a cargo de efectivos de del OI (también conocido como policía judicial), del área de Inteligencia Criminal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de varias dependencias de la Policía provincial.

En total, quedaron detenidas cinco personas, dos de ellas en Rosario: el imputado arrepentido y su hermano, quien fue detenido en su vivienda del country Miraflores. También se procedió al secuestro de celulares, documentación, dinero y cuatro vehículos.

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Peiti arrancó como dueño de un pool, y explotaba las clásicas máquinas con grúa para sacar peluches antes de volcarse al negocio de los juegos de azar. Todo le fue bien hasta fines de 2018, cuando sus actividades fueron eje de una investigación judicial. Al menos, esa es la trayectoria que relató en su momento el abogado del empresario, Luis Ernesto Rossini.

El mismo letrado, este jueves, atribuyó la detención de su cliente a un entrevero político. «Algo huele a podrido en Dinamarca. Me llama la atención que esto ocurra tras el rechazo de la Justicia a la posibilidad de imputar al senador Armando Traferri», referente territorial del departamento San Lorenzo también implicado en una causa por juego clandestino, dijo en LT8.

«Se metió la política y acribilló a la Justicia», insistió el abogado Rossini, quien se quejó por la falta de cumplimiento de los acuerdos que su defendido selló en el marco de las causas: «¿Cómo vamos a actuar los abogados de ahora en más si el MPA no cumple los acuerdos (por la figura del imputado colaborador)? Yo hablé con (el fiscal general de Santa Fe) Jorge Baclini», se quejó el letrado.

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Rossini fue aún más contundente en Radio Dos: “Se rumorea que esto fue por la declaración de un policía como arrepentido. Habrá que ver. ¿Por una simple declaración lo detuvieron? Se politizó la causa. Es jurídica, pero está politizada”.

Y lanzó: “Yo pacté con (el titular del Ministerio Público de la Acusación Jorge) Baclini, el jefe de fiscales de la provincia. Vamos a ver cómo hace para salirse el MPA del pacto que tienen con nosotros”.

“Lo que pasa es que el apellido Peiti, con el tema del padre, está asociado en la provincia al juego ilegal”, cerró.

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Conexión Melincué

En 2018, el fiscal de Melincué Matías Merlo llevaba adelante una investigación por juego clandestino donde estaba sindicado Leonardo Peiti y le dictó una orden de detención. La pesquisa se inició por una denuncia del entonces presidente comunal de Hughes, José Leguina, quien dio cuenta de la existencia de un garito en dicha localidad del departamento General López. En un allanamiento a ese local de juego clandestino, los investigadores secuestraron los celulares de las personas que trabajaban allí y del dueño del lugar.

De las comunicaciones surgió que estas personas reportaban liquidaciones diarias a otra –de nombre Néstor– y, al considerar que podría corresponder a una estructura más organizada, intervinieron el celular de este hombre. De esas escuchas determinaron que organizaba distintas salas de juegos en diferentes puntos de la provincia y le reportaba a Peiti, quien según la Fiscalía facilitaba los medios para que otras personas realizaran la actividad ilegal y le reportasen las ganancias. Merlo precisó que según cómo se organizaba la sala era como se dividía el dinero, por lo general en tercios, entre el que la explotaba, el intermediario y Peiti. Explicó que constataron 10 salas en Casilda, otras 7 en Reconquista y 5 en Venado Tuerto.

Merlo gestionó allanamientos a finales de noviembre de 2018 en distintas jurisdicciones pero el 8 de diciembre de ese año lo llamó el entonces fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad con quien cruzó información y le habló del pedido de allanamientos, órdenes que finalmente no fueron firmadas por la jueza, ya que solicitó mayores precisiones.

Poco después el abogado de Peiti se presentó en la Fiscalía de Melincué buscando información sobre la investigación que aún no había sido develada, lo que le llamó la atención al fiscal Merlo pero su sorpresa sería mayor cuando, al poco tiempo de la charla con Ponce Asahad, empezaron a desaparecer los garitos que los investigadores habían ubicado. Por ello, el fiscal de Melincué desistió de continuar con la medidas ya que advirtió la filtración de toda la información de la causa.

“El único que sabía esa información era Ponce”, fue la afirmación de Merlo en la declaración que brindó en la investigación rosarina donde Peiti declaró como arrepentido, caso que dejó tras las rejas al entonces fiscal de la Unidad de Covid y su superior Patricio Serjal.

En marzo de 2019, Peiti presentó un habeas corpus que fue rechazado por lo que quedó detenido e imputado en la causa Melincué. Declaró y volvió a hacerlo en una segunda audiencia, aunque Merlo dijo que sus dichos no concordaban con la evidencia que habían lograron recolectar en el caso, la cual lo ubica como organizador y jefe de una asociación ilícita para llevar adelante la actividad de juego clandestino donde estiman que el plazo temporal de la organización fue desde enero de 2017 hasta diciembre de 2018.

Merlo ya presentó la acusación contra el empresario y otras seis personas a las que considera parte de la asociación ilícita. Y adelantó que pedirá 8 años de cárcel contra Leo Peiti como jefe de asociación ilícita.

En el mismo caso, el fiscal adjunto de Reconquista Rodrigo González, quien fue suspendido la semana pasada durante una sesión especial conjunta de la Legislatura por estar sospechado de colaborar con Peiti, fue imputado este martes por brindar cobertura judicial a la organización dedicada a las apuestas ilegales en aquella ciudad del norte provincial.

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Conexión Rafaela

Los fiscales de Rosario Matías Edery y Luis Schiappa Pietra detectaron en la pesquisa por juego clandestino un mensaje que un empleado de la Fiscalía, Nelson Ugolini, le mandó a Peiti sobre la suerte judicial de dos hombres que habían sido detenidos armados y para los investigadores iban a atentar contra el casino el 9 de enero, o sea dos días antes de que finalmente se produjera del ataque que se cobró la vida de Enrique Encino. La investigación llegó hasta Rafaela, gracias al secuestro de un pen drive en la casa de la secretaria de Peiti.

Allí, en la Perla del Oeste, las apuestas ilegales las manejaba David Perona, conocido como el Zar del Juego Clandestino, quien fue detenido en el marco de cinco allanamientos ocurridos en agosto del año pasado, cuando se secuestraron dos millones de pesos, joyas y vehículos. La acción penal en su contra se extinguió tras su muerte por covid en noviembre pasado, mientras cumplía preventiva en la causa de Rosario.

Entre las evidencias que vinculaban a Peiti con Perona los fiscales rosarinos destacaron que en el allanamiento de fecha 21 de julio a la casa de Peiti encontraron un Renault Kwid a nombre de Perona. Determinaron que el sospechoso ganó ese auto en un sorteo de la 34a edición del Auténtico Bingo de Brown de San Vicente y, según los investigadores, lo conducía la esposa de Peiti. También se encontraron en el pendrive secuestrado a la secretaria de Peiti anotaciones con altos montos a nombre de Perona y de un gran cantidad de cheques que tenían escrito el nombre David.

Algunos días antes de la muerte de Perona cinco jefes policiales fueron detenidos e imputados en Rafaela por brindar cobertura al accionar del Zar a cambio de unos 280 mil pesos semanales, según la investigación del fiscal Martín Castellano, en una nueva causa en la que Perona fue imputado como jefe de asociación ilícita de una banda que operaba no sólo en Rafaela sino también en Sunchales y Ramona.

El fiscal Castellano fue separado de la pesquisa en diciembre del año pasado y reemplazado por Guillermo Loyola y Gabriela Lema, quienes ahora ordenaron la detención de Peiti.

 

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