Una investigación del Ministerio Público de la Acusación permitió desbaratar una organización que se dedicaba a realizar conexiones ilegales a la red eléctrica y adulterar medidores de la Empresa Provincial de Energía (EPE). No eran extraños: seis trabajadores de la firma estatal y dos ex empleados que ya habían sido cesanteados. Todos terminaron detenidos este martes. Se estima que realizaron al menos quince conexiones ilegales en comercios del centro y la zona norte de Rosario, más otras en la localidad de Roldán. Así lo explicó en conferencia de prensa este mediodía el presidente de la EPE, Maximiliano Neri. La audiencia imputativa está programada para el próximo jueves.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Valeria Haurigot, quien ordenó ocho allanamientos a la par que intervenciones telefónicas y la constatación de las conexiones ilegales, que la EPE estimó en al menos 15.
En Junín al 6900 cayeron detenidos los empleados Osvaldo G., de 57 años, y Esteban P., de 58. En Mitre al 2400, Pedro M., de 55. En Presidente Perón al 4600 apresaron a Guillermo M., de 59. En Rodríguez Peña al 1700, a Adriano C., de 48. Por último, la Policía encontró a Eduardo B. en Guatemala al 800. Los restantes involucrados son Víctor C., detenido en Zeballos al 2600, y Gabriel R. (61), en San Lorenzo al 1000. La EPE informó que se trata de seis empleados de la firma y dos ex trabajadores que fueron en su momento cesanteados por irregularidades.
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“En principio el modus operandi es que se ofrece el servicio de fraguar medidores, en el cual se puede modificar el mecanismo de medición o hacer una conexión directa –puenteando el medidor– que no mide, por la cual directamente la empresa no puede facturar”, explicó Neri.
El funcionario agregó que la investigación se inició con la denuncia anónima contra una persona que prestaba el servicio de conexiones ilegales, una práctica que calificó como flagelo en el territorio santafesino y es de vieja data.
“El porcentaje de enganchados es un flagelo importante a nivel provincial, pero ahora se enmarca en una situación nacional en la cual la energía eléctrica tiene un costo importante y esto también tiende a que muchos se inclinen por el hurto. Es un número importante que nos preocupa y nos ocupa. En un momento estimamos que las pérdidas rondaban los 500 millones de pesos, pero ese monto va cambiando”, detalló el funcionario.
Según la información del área de prensa de Fiscalía, la investigación la inició en mayo el fiscal Marcelo Vienna, de la Unidad NN, asistido por la Brigada Operativa Judicial. Fue “a partir de denuncia presentada por la EPE en la que se aportaron datos sobre posibles mecánicas de conexiones clandestinas e irregulares”.
La División Judiciales de la Unidad Regional II allanó los domicilios y secuestró material de interés para la causa. “La audiencia imputativa se realizará el día jueves. Hay datos en reserva por el momento”, dijeron desde el MPA.
