La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida esta madrugada en su domicilio en la localidad de Trinidad y trasladada a La Paz, ciudad donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares que participaron del golpe de Estado a Evo Morales en 2019.
La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra Áñez y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, también fueron detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz.
La televisión boliviana mostró a Áñez llegando al aeropuerto de El Alto, de la capital, momento en que tildó de «ilegal» su detención en respuesta a preguntas de la prensa.
Junto a ella, que no estaba esposada, estaban el actual ministro del Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, y varios policías.
«Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía», anunció Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook, y felicitó a las fuerzas del orden por su «gran trabajo en esta gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano».
Por su parte, la expresidenta de facto denunció en las redes sociales «un acto de abuso y persecución política». El Gobierno «me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió», añadió Áñez.
La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales, precisó la agencia de noticias AFP.
En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
Áñez llegó al poder luego de la renuncia forzada de Morales en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) de fraudulentas. Ejerció el Gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario, el masista Luis Arce.
El caso de «terrorismo y sedición» fue presentado por sectores afines al MAS, que aseveran que la salida de Morales en 2019 fue propiciada por un golpe de Estado en medio de acusaciones de fraude electoral.
El viernes, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) llamó a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.
«La Apdhb convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas», señaló la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.
Hacia la noche, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en el que concluye que el Gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”.
