Agustín Aranda
El lunes 8 de octubre de 1984 el policía Juan Aguirre cubría su turno en los Tribunales provinciales como cualquier otra noche. A la 1.45 escuchó el timbre y abrió la puerta del Palacio de Justicia a dos hombres vestidos de agentes de Policía que le dijeron que venían de la subcomisaría 5ª. No era algo raro que uniformados llegaran a altas horas de la noche. Entonces pasaron. Ya adentro, otro policía que cuidaba las oficinas del Juzgado de Instrucción Nº10 les abrió la puerta, para encontrarse con la mira de una ametralladora PAM. Los dos hombres le quitaron su arma y lo vendaron. A las 5 de la mañana una empleada del juzgado entró y encontró que faltaban los tres cuerpos del sumario 6-84 donde se investigaban denuncias contra Jorge Pérez Blanco, Eduardo Rebecchi y Teresa De Conde, quienes trabajaban para el Destacamento de Inteligencia 121. Dos meses después del robo la Justicia no tenía idea de qué había pasado esa madrugada.
Treinta y cinco años más tarde el fiscal federal Adolfo Villatte pidió al juez Carlos Vera Barros que mande a detener a tres ex altos mandos del Destacamento 121 por el robo. Esta semana el general Víctor Pino Cano, el coronel Héctor Fructuoso Funes y el coronel Luis Américo Muñoz tuvieron que responder ante el juez. Ahora él debe definir si los procesa por sustracción de elementos de prueba y privación ilegítima de la libertad de los custodios de Tribunales.
Los defensores de los militares pidieron la prescripción de la causa por el tiempo pasado, pero desde la Fiscalía insistieron en que son delitos de lesa humanidad y no expiran. “Si bien el robo fue después de la dictadura, formó parte de un plan sistemático y clandestino del Estado que incluía la impunidad de otros delitos cometidos en los años previos”, explicó a El Ciudadano, el fiscal Villatte.
El pez por la boca muere
En 1987 el ex segundo jefe del Destacamento 121, Luis Américo Muñoz, le pidió al entonces presidente Raúl Alfonsín que lo ascendiera a coronel. Sacó chapa diciendo que además de una carrera intachable había participado de dos operaciones de inteligencia ya caída la dictadura. Le dijo que él y su familia estuvieron en riesgo. El primero de esos operativos, supuso el fiscal Villatte, fue el secuestro de los militantes justicialistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, quienes fueron asesinados en 1983. El segundo fue el robo de los archivos donde la Justicia investigaba a tres personas vinculadas con el Destacamento 121.
Villatte entendió que Muñoz no podría haber participado del robo sin el conocimiento de sus superiores, el general Víctor Pino Cano y el coronel Héctor Fructuoso Funes. Las tres cabezas aún vivas del Destacamento 121 fueron detenidas esta semana y esperan que la Justicia federal defina si acepta el pedido de la Fiscalía y dicta la prisión preventiva de cada uno y se avanza hacia un futuro juicio.
Qué había en los archivos robados
El primero en investigar el robo a los Tribunales fue el fiscal Adolfo Claverie. Por lo que pudo averiguar el Juzgado de Instrucción Nº10, a cargo de Francisco Fermoselle, tenía fotos y documentos de una serie de allanamientos hechos a pedido de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). El juez Fermoselle iba detrás de Jorge Pérez Blanco, Eduardo Rebecchi (alias Rébora) y Teresa De Conde. Pérez Blanco murió. De la mujer y de Rebecchi no se sabe nada. Están prófugos y estuvieron involucrados en anteriores juicios por crímenes de lesa humanidad en Rosario. “Eran personal civil de inteligencia, parte de la patota del Destacamento”, confió el fiscal actual de la causa. El caso tiene como querellante a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Norma Ríos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, había dicho que el robo logró frustrar otros allanamientos solicitados por la Conadep. “Pocos tuvieron resultados positivos, ya que desde que el juez comenzó a dar parte a la Policía provincial antes de cada procedimiento, no sólo no encontramos nada más, sino que incluso en Urquiza y Sarmiento habían colocado explosivos en el umbral de la puerta”, compartió Ríos a El Ciudadano en 1999, cuando distintas organizaciones políticas y sociales hicieron un escrache en los Tribunales para pedir por el avance de la causa. Según la dirigente, las carpetas robadas tenían direcciones, fotografías, análisis ideológicos, planes de acción y métodos de represión de un grupo de civiles y militares ligados a los servicios de inteligencia castrenses.
Chocolate por la noticia
En las carpetas, agregó Ríos, estaba lo que encontraron en la casa de Rebecchi, en Dorrego al 1600. “Eran tres habitaciones repletas de expedientes que contenían datos de estudiantes, políticos y delegados gremiales. También hallaron kilos de chocolates y cientos de escarapelas que era mercadería recolectada para enviar a las Malvinas, que nunca llegó”, había explicado Ríos y después comentado: “Era un depósito de material bibliográfico secuestrado a las víctimas de la represión. Había una carta personal del entonces coronel Mohamed Alí Seineldín dirigida a Rebecchi”. Según los organismos de derechos humanos de Rosario, el juez Fermoselle tenía pensado contratar un camión para trasladar todo al juzgado. No hubo tiempo. Las pruebas más importantes sobre la represión en Rosario habían desaparecido.
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