El llamada banda del Narcoarroz, liderada por un cártel colombiano y desbaratada en Rosario en 2015, sumó un resonante arresto. La organización se dedicaba al tráfico de cocaína en paquetes de arroz desde Rosario hacia diferentes puntos de Asia y, sobre todo, África. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, promovió la cooperación internacional en el ámbito de Interpol para intensificar la búsqueda de Fernando Martins Frutuoso, un prófugo de la causa, quien finalmente fue detenido en España, se informó oficialmente.
Sobre Frutuoso, de nacionalidad portuguesa, pesaba una circular roja que disponía su inmediata captura a nivel internacional. Se le atribuye haber conformado, entre agosto de 2014 y septiembre de 2015, la red narco conocida como Narcoarroz, que traficaba estupefacientes desde la Argentina y lavaba dinero vinculado al cártel colombiano de Valle del Norte, causa que luego derivó en otro expediente por lavado de dinero.
El prófugo era una de las piezas de la organización que realizaba envíos de cocaína desde Rosario hacia Bangkok, Guinea Bissau y Marruecos, generalmente disimulados en cargamentos de sustancias alimenticias como kétchup y bolsas de arroz. El portugués fue detectado operando hasta último momento en Rosario, pero eludió el operativo que dio visibilidad de la investigación.
“La articulación entre las policías de los diferentes países que integramos Interpol es fundamental para combatir a las organizaciones trasnacionales. Vamos a seguir por este camino, profundizando los lazos de cooperación para enfrentar al crimen organizado”, aseguró la ministra Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.
La red trasnacional fue desarticulada en 2015 por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, que incautaron más de 20 kilos de cocaína distribuidas entre un depósito fiscal y la casa de uno de los actores clave: un médico oncólogo rosarino encargado de disimular la cocaína en los paquetes de arroz. Luego de una serie de tareas de inteligencia, llevaron a cabo allanamientos en Rosario, el barrio bonaerense Nordelta, Mendoza, Tucumán y los barrios porteños de Retiro y Palermo. Así se pudo también secuestrar casi seis millones de pesos y conocer las maniobras de lavado de activos que involucraron al menos nueve empresas.
La captura de Frutuoso fue ordenada por el porteño Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, que tramita la causa a través de la Secretaría N° 23 de Martín Uriona. Luego de no haber sido hallado en la Argentina, se dispuso su captura internacional y se llevaron a cabo distintas tareas tendientes a encontrarlo. Así, el personal de la Oficina Central Nacional Madrid de Interpol concretó el pasado miércoles su aprehensión.
Al banquillo
El juez federal Torres, quien encausó a trece personas en el primer procesamiento del caso del Narcoarroz y luego sumó otro puñado de procesados, dispuso tras los primeros allanamientos y detenciones la indagatoria de sesenta integrantes de la organización, en su mayoría colombianos, pero también rosarinos como el oncólogo Gabriel Zilli o Aldo Roque Corizzo, un jubilado que, según la pesquisa de la Procunar, la Procelac y el fiscal Federico Delgado, figura entregando 150 mil dólares a través de un contrato de mutuo a uno de los capos del cártel en fecha tan temprana como 2010.
Además, la banda debe responder por el blanqueo de unos 14 millones de dólares, que incluyen propiedades y tres emprendimientos vinculados con Rosario: la compra de futbolistas de Central, la construcción de un puerto propio en Fray Luis Beltrán que según el fallo incluyó el desembolso de 30 millones de pesos en Villa Gobernador Gálvez.
La causa tomó estado público el 17 de septiembre de 2015, cuando Gendarmería secuestró en el depósito fiscal de Rosario 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz que tenía como primer destino Marruecos y las islas de Guinea-Bissau, y que partiría de un puerto bonaerense en el marco del programa Hambre Cero de las Naciones Unidas. Era un embarque de prueba, sostiene la pesquisa, y si todo salía bien enviarían las cantidades usuales para los grupos narco de envergadura: alrededor de 300 kilos con destino final Europa.
Tanto la intervención de los imputados en las millonarias operaciones, así como las estructuras societarias utilizadas para darle apariencia de licitud a los bienes generados por el narcotráfico fueron identificadas en un trabajo del Ministerio Público Fiscal. “De acuerdo a la pesquisa desplegada, el grupo delictivo se dedicaría a la realización de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en sus diferentes etapas y al manejo de los fondos producidos en pos de mantener viva la estructura», describieron los investigadores.
«Estas maniobras tendrían impacto tanto en el orden nacional como en terceros países, de ahí su carácter internacional y transnacional, presentando vinculaciones con otras células criminales asentadas en otros estados (como ser Bolivia, Paraguay, Uruguay, España, Portugal, Guinea Bissau, entre otros), con los mismos objetivos y respondiendo todos estos grupos a una sola organización central, de mayor envergadura, existente en la República de Colombia”, asentó Torres en la resolución.
Lavado de dinero
Entre los primeros procesados por Torres en la causa narco figuran siete colombianos, cuatro argentinos y dos ecuatorianos, a quienes embargó por tres millones de pesos cada uno. El rosarino Zilli, quien obtuvo arresto domiciliario pero volvió a estar preso desde principios de 2017, también fue encausado por tenencia ilegal de arma de fuego. En aquel primer fallo, estaban bajo investigación por narcotráfico treinta personas, cantidad que en la posterior causa de lavado se duplicó.
La tarea desarrollada por las Procuradurías implicó una lectura, sistematización y análisis de la documentación que fue incautada a lo largo de los registros domiciliarios practicados en la causa. Esto permitió sucesivamente identificar maniobras y personas involucradas en la trama económica de la organización narcocriminal, destacó la Fiscalía en un comunicado. A su vez, el informe reconstruye el origen de los fondos empleados para realizar las maniobras que se investigan, analizando el perfil patrimonial de las personas involucradas, su actividad y relaciones jurídicas.
A partir de la documentación incautada en los allanamientos y otros elementos probatorios como escuchas telefónicas, además de los distintos informes de análisis efectuados por la Afip, el BCRA y la UIF, el juez amplió la investigación hasta alcanzar a 70 personas, para 60 de las cuales determinó su imputación, donde responderán por el blanqueo de unos 250 millones de pesos a través de 30 sociedades creadas a tal efecto.
Según escuchas que constan en la causa, uno de los detenidos en septiembre de 2015, el abogado porteño Guillermo Heisinger, quien supo ser funcionario de Carlos Menem, tramitaba tres negocios en Santa Fe: la compra de futbolistas de Rosario Central, la construcción de un puerto en Fray Luis Beltrán y un crematorio en territorio villagalvense donde se menciona a un tal “Gordo González”, que según la pesquisa era el fallecido intendente de esa localidad Pedro González.
En una conversación con el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz, de 43 años y actualmente prófugo, ambos mantuvieron una escueta conversación donde el abogado avisa que ya tiene listos a “los jugadores de Central, los de Primera”, aunque la transacción no prosperó. Tampoco el puerto en Beltrán, aunque el fallo da por hecho que se produjo el desembolso para la construcción, frustrada, del crematorio San Lorenzo en Villa Gobernador Gálvez a través de una mutual llamada Provincias Unidas.
Según Torres, la banda pagó en 2013 dos millones de pesos al municipio como canon, a cambio de ingresos generados por su explotación y luego desembolsó 28 más. El primer pago serían los 150 mil dólares que figuran en un contrato de mutuo entre Duarte y Corizzo, en 2010.
Según el fallo de Torres en la causa narco, los jefes de la organización son los hermanos Williams y Erman Triana Peña, quienes desembarcaron en la Argentina en 2010 y adquirieron propiedades en el norte del Gran Buenos Aires, incluido el barrio Nordelta de Tigre. Los Triana Peña lideran el clan Úsuga, antes conocido como el cártel del Norte del Valle (del Cauca) o Los Urabeños, heredero de la operatoria del cártel de Cali.
Williams fue detenido en su patria natal en agosto de 2016 y luego la Corte Suprema de ese país concedió su extradición a la Argentina, aunque esto depende de la decisión del presidente Juan Manuel Santos.
