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Deuda, huelga y tarifas: inquietante déjà vu criollo

Con su fallo a favor de los fondos especulativos, el juez Griesa reincorporó la cuestión de la deuda argentina a la ya compleja agenda política y económica nacional.


Con su fallo a favor de los fondos especulativos, el juez de la Corte de Nueva York, Thomas Griesa, reincorporó –con nervio de crisis– la cuestión de la deuda argentina a la ya compleja agenda política y económica nacional.

El fallo se conoció después del primer paro general de la era kirchnerista y antes del también inédito aumento generalizado de tarifas de luz y gas para el ámbito metropolitano. La simultaneidad parece más una causalidad que una coincidencia.

La decisión del veterano juez estadounidense activó alertas sobre un tema, el de la deuda, que el gobierno había dado por cerrado públicamente con los canjes de 2005 y 2010.

El antecedente puede resultar negativo para futuras reestructuraciones de deuda y, como dijo el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, parece contrario al sentido común frente a fondos de inversión que precisamente anidan en la desgracia ajena.

El gobierno sintió el impacto y apura una apelación. Lo lógico sería que la Justicia estadounidense establezca una práctica corriente en los mercados de bonos mediante las denominadas “cláusulas de acción colectiva”: que las minorías deben someterse a las mismas condiciones aceptadas por la mayoría.

Pero la resolución de Griesa, con párrafos especialmente dirigidos a las máximas autoridades del gobierno, también muestra un clima hostil contra la Argentina y alienta la incertidumbre.

El economista Hernán Lacunza lo resumió en una columna de opinión: “Los pagadiós no son gratuitos. Desconocer deudas en default, ignorar fallos adversos de los tribunales de controversias (Ciadi), tergiversar estadísticas para reducir intereses, o expropiar empresas sin indemnización puede reportar éxitos efímeros pero tarde o temprano llega la factura”.

De todos modos, en la causa que se sustancia en Nueva York no se puede hablar de falta de solidaridad con la Argentina. El mismo gobierno de Barack Obama –a través de una presentación amicus curiae– y la Reserva Federal (el Banco Central) apoyaron la posición de la administración de Cristina Kirchner.

Sobre ese soporte, los abogados de la Argentina se esperanzan con que en última instancia la Corte Suprema estadounidense acepte intervenir en el caso, pero también es muy probable que lo rechace, admitieron fuentes oficiales a este columnista.

El frente externo reseñado por Lacunza opera como un dique para el país. En ese contexto, la presidenta instruyó al canciller Héctor Timerman a entablar sigilosas conversaciones en la última Cumbre Iberoamericana de Cádiz con su par Manuel García Margallo para avanzar en un acuerdo con Repsol sobre YPF.

Un acuerdo representaría oportunidades para la YPF nacionalizada y, en el mismo sentido, una solución al problema de la deuda reabriría el mercado de capitales internacionales para empresas y gobierno y descomprimiría una tensión poco entendible luego de la expansión económica argentina de la última década.

Insurrección política

El cuello de botella de las cuentas públicas quedó en evidencia a lo largo de todo este 2012 y obligó al gobierno a tomar medidas antipáticas.

El apagón del 7 de noviembre, que afectó a tres millones de personas de Capital y su Conurbano, operó como llamado de atención sobre el estado de las redes, cuya ampliación ahora se buscará financiar a partir de la aplicación de sumas fijas sobre las tarifas de luz y gas del área metropolitana.

Por otra parte, este fue el segundo año del ciclo cristinista en el que no hubo aumento en el piso de Ganancias. El anterior fue en 2009 y el argumento del gobierno en ambos casos fue la incidencia de la crisis internacional.

Sobre esa bandera que levanta todo el sindicalismo se montó Hugo Moyano para desarrollar el primer paro general de la última década en el que, en verdad, pasó factura por la decisión presidencial de desplazarlo del esquema de poder.

Moyano pivotea ahora sobre un armado de peronistas no kirchneristas como el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, el santacruceño Daniel Peralta, cuyo enfrentamiento con La Cámpora tuvo otro pico de tensión esta semana, y Daniel Scioli, aunque el bonaerense juega su juego.

Experto en el lenguaje de signos, Scioli participó de dos actos en los que sus seguidores apuntalaron su candidatura presidencial, no condenó el paro de Moyano, pero al mismo tiempo volvió a decir que está encolumnado con la presidenta.

Muchos lo ven cerrando un acuerdo con el intendente de Tigre, Sergio Massa, para hacer rancho aparte en las elecciones del año próximo, pero a su lado aseguran que buscará jugar dentro del Frente para la Victoria. Eso sí, con más espacio que en 2011.

Atenta a estos movimientos, Cristina Kirchner bendijo una reactivación controlada del PJ bonaerense. El Consejo partidario se reunirá el próximo viernes 7 y el 14 lo hará el Congreso, con el objetivo de llamar a elecciones para el 31 de marzo de 2013.

Será una pantalla. En los hechos, se aceptará la renuncia de Moyano a la titularidad partidaria y la ministra sciolista Cristina Álvarez Rodríguez quedará formalmente al frente del partido. Todos los sectores aseguran que en marzo habrá una prórroga de las elecciones para cuando pase el temblor interno.

El partido se reunirá en simultáneo con el denominado 7D, la fecha bisagra establecida por el kirchnerismo para la aplicación plena de la ley de Medios. No será la única expresión pública en la pelea contra el Grupo Clarín.

En principio el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, prepara una movilización para el mismo 7 y una vigilia para el domingo 9 en la Plaza de Mayo que consistirá en esperar la llegada del 10, cuando se cumplirá el primer año del segundo mandato de Cristina Kirchner.

Un año mucho más complejo que el previsto en sus inicios.

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