Nota realizada por Arlen Buchara y https://www.elciudadanoweb.com/wp-content/uploads/2024/06/Diseno-sin-titulo-4.jpg
El Senado de la Nación aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo por 38 votos a favor y 29 en contra a las 04.12 y con una abstención. El debate duró doce horas y fueron claves los votos indecisos, que se inclinaron a favor de la ley. Así, el Congreso legalizó y despenalizó el aborto voluntario hasta la semana 14 de embarazo y Argentina se convirtió en el país más grande en población de Latinoamérica en avanzar en este derecho. Los votos revirtieron también los 38 votos negativos de 2018 y saldaron una de las deudas más grandes de la democracia: el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. La aprobación fue una conquista de los feminismos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito protagonistas del debate y de la despenalización social del aborto en la Argentina.
La iniciativa fue una promesa de campaña de Alberto Fernández, que ratificó en la apertura de sesiones del Congreso de este año pero que quedó en suspenso con la pandemia. Durante todo el año, la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratiuto y los feminismos mantuvieron en agenda el tema y exigieron que la ley fuera tratada antes de que terminase el 2020. Finalmente, el 17 de noviembre Fernández anunció el envío, junto con la iniciativa que crea el Plan de los Mil Días, que acompaña a las mujeres que desean ser madres en los primeros tres años. El debate en el Parlamento tuvo el impulso del Poder Ejecutivo, que jugó un rol clave en conseguir los votos. Fue una diferencia importante en relación a 2018, cuando Mauricio Macri se jactó de habilitar el debate pero desde su gobierno se obstaculizó la aprobación. De hecho, el Senado fue en ese entonces un bastión antiderechos impenetrable, con Gabriela Michetti a la cabeza.
La ley sancionada legalizó y despenalizó el aborto voluntario hasta la semana 14, cambiando las causales de aborto no punibles vigentes en Argentina desde 1921, que seguirán corriendo después de ese período de gestación. Llegó a la Cámara Alta con media sanción de Diputados que lo discutió durante 20 horas el 10 y 11 de diciembre y lo aprobó por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
Cuando empezó la votación en el Senado el escenario era parejo y los distintos poroteos mostraban que había una ventaja por la aprobación, que con mucho optimismo daba 35 votos a favor, 32 en contra y tres indefinidos, aunque eran al menos siete senadores y senadoras sobre los que estuvieron todos los ojos porque no habían dicho públicamente su posición. Con las horas, el panorama empezó a cambiar y a sorprender.
La votación empezó a encaminarse por la positiva cuando se definieron los votos indefinidos de los entrerrianos Stella Olalla y Edgardo Kueider, la neuquina Lucila Crexell. También fueron claves el voto de Silvina García Larraburu, que si bien en los poroteos la daban a favor porque firmó el dictamen, en 2018 había votado en contra. “Mi voto es un voto deconstruido y positivo”, Además, fueron importantes los votos de la cordobesa Laura Rodríguez Machado, el salteño Sergio Leavy, el catamarqueño Oscar Castillo y el rionegrino Alberto Weretilneck.
Rosario, la capital del aborto legal, siguió minuto a minuto el debate en el Senado
El debate duró doce horas. Se anotaron 59 oradores que hablaron entre 5 y 25 minutos dependiendo si eran autoridades de comisión o de bloque. La mayoría usó todos los minutos disponibles e incluso más. Hubo cuatro ausentes: José Alperovich, el senador que enfrenta una causa por violación, y el ex presidente Carlos Saúl Menem, quien iba a votar en contra pero está internado en coma, el puntano Adolfo Rodríguez Saá y la riojana María Clara Vega.
En 2018 el debate duró 17 horas, se votó pasadas las 2 y ganó el rechazo por 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones.
La ley de IVE será recordado como uno de los debates que más movilización generó en la sociedad argentina. En 2018 la generación Ni Una Menos se unió con las históricas militantes de la Campaña y con las generaciones intermedias de pibas, lesbianas, travestis, trans y no binaries. Fueron más de un millón de personas en las calles y lograron la despenalización social del aborto, la salida del clóset de un tema tabú. En 2020, la sociedad ya había pasado por ese proceso y era el momento de que la política esté a la altura. Sucedió y también fue con movilización popular, esta vez con los cuidados por la pandemia como premisa.
En vez de una enorme movilización al Congreso desde todo el país, la Campaña decidió hacer vigilias federales, que llegaron a más de 120 ciudades del país. En Rosario fue en la Plaza San Martín y fue el lugar de reunión de más de 30 años de lucha por este derecho.
Descartaron el empate
En la previa de la votación, el panorama indicaba que podía haber un empate. Había seis legisladores que no habían hecho público su voto, o que en algún momento lo habían definido por el aborto clandestino. Sin embargo, con el correr de las horas, aparecieron los discursos y la votación empezó a encaminarse por la positiva. La entrerriana Stella Olalla,la neuquina Lucila Crexell, y Sergio Levy, quien en 2018 había votado en contra, estaban catalogados como indecisos y fueron los primeros en anunciar su postura a favor.
Olalla fue la primera en definir su voto. Comenzó su discurso citando a la Organización Mundial de la Salud y destacó: “La OMS define la salud en los aspectos físico, mental y social. Esto define cómo debe entenderse la salud en el mundo”.
La senadora de Entre Ríos, por Juntos por el Cambio habló de la “educación de la población y el acceso a la salud”.
“¿Qué ha hecho el Estado para cumplir con estas normativas? ¿Cómo se ha protegido el derecho a la salud? No es suficiente, hoy estamos tratando de salir de esta compleja situación, de las muertes y las consecuencias gravísimas de la clandestinidad”, continuó.
“Ese mismo estado que debió fortalecer la ESI, es el mismo que penaliza a las mujeres. En 2018, los legisladores prometieron desarrollar propuestas de Educación Sexual Integral, han pasado dos años y el tema aún no está presente”, afirmó.
Y cerró, para definir su postura: “Se trata una cuestión de derechos, la voluntad de la mujer sería una nueva causa. La IVE debe ser incorporada”.
Lucila Crexell era otra legisladora que se encontraba en la zona “gris”, y que finalmente colaboró para dar luz verde a la IVE.
“Estando en este recinto reafirmo la necesidad de respetar todos los argumentos”, explicó y destacó que no cambió sus creencias personales, sino “el enfoque del cual debe ser abordado, el aborto clandestino mata”.
“No es un debate fácil, ni cómodo. Los abortos no deberían existir, pero existen y la prohibición y la criminalización no disuaden”, continuó.
Al mismo tiempo, destacó que el “aborto no es la solución”. Pero que “estamos frente a una cuestión de justicia social”
“Porque no me es indiferente las muertes, porque esta ley no le cambia en nada a los que están en contra, porque defiendo y lucho por las mujeres, voy a acompañar este proyecto de ley”, cerró.
En tanto que Leavy, senador salteño que en 2018, cuando era diputado, votó en contra de la legalización del aborto, afirmó: “Esta ley no obliga a abortar. No promueve el aborto. Solo le da un marco legal y seguro. Si mi voto ayuda a salvar que una mujer no pierda la vida, voto a favor de esta ley. Y que sea dios y la patria que me lo demanden”.
También fueron claves los votos de Silvina García Larraburu y Oscar Castillo, quién en algún momento integró la lista de indecisos, pero que finalmente ratificó su voto positivo como en 2018 y de Alberto Weretilneck. La legisladora de Río Negro, en cambio, en 2018 había votado en contra, y si bien había firmado el dictamen a favor, había dudas sobre su voto, que despejó con un emotivo discurso. “No es fácil deconstruirse, tambalean las estructuras. ahora de repente, estamos ante lo nuevo por crear. Estamos atravesando un cambio de paradigma y ese cambio lo lideran las feministas”, afirmó.
“Como dirigente política tengo la obligación de cuestionarme e involucrarme con los cambios de nuevos paradigmas, con los anhelos de las nuevas generaciones. Ellas escribirán la historia”, explicó para cerrar Larraburu.
Modificación del proyecto
En su discurso, la presidenta de la Banca de la Mujer Norma Durango anunció que el proyecto podría ser modificado cuando sea promulgado por el Poder Ejecutivo. Según la senadora pampeana, se acordó con el Gobierno nacional el veto parcial a dos incisos de la norma para eliminar la palabra “integral”. Este cambio fue el que garantizó los votos de Weretilneck y Kueider.
Se trata de los artículos 4 y 16 del proyecto en discusión. El artículo cuarto establece que “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional” y que “fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo fuera resultado de una violación” o si “estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.
Qué establece la ley de IVE
Habilita la interrupción voluntaria hasta la semana 14 de gestación, que deberá garantizarse en un plazo de 10 días en la salud pública y privada. La prestación deberá ser cubierta por obras sociales y prepagas y estar incluida en el Plan Médico Obligatorio. También contempla la atención postaborto. Después de la semana 14, será legal por las causales de violación y riesgo de salud o vida de la persona gestante, las mismas vigentes desde 1921 en el Código Penal.
En los casos de las menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que estén acompañadas por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad para dar su consentimiento. Además, habilita la objeción de conciencia de profesionales que no están de acuerdo con la práctica médica. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse y hacerse cargo de los costos de esa derivación.
Contempla también la responsabilidad de todos los niveles del Estado de implementar la Ley de Educación Sexual Integral con el fin de promover y fortalecer la salud sexual y reproductiva de toda la población, y la capacitación sobre perspectiva de género y diversidad sexual.
