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Devaluación y quita de subsidios, un combo libertario letal para gran parte de usuarios de la EPE

El costo dolarizado de la energía que la distribuidora provincial compra en el mercado mayorista para entregar a los hogares y empresas pegará un salto por doble vía. Y a eso se agregan los incrementos que solicita la estatal santafesina

El costo de la energía que la EPE compra en el mercado mayorista para entregar a los hogares y empresas pegará un salto por doble vía de liberación de los valores –dolarizados– en beneficio de las generadoras y la quita de subsidios que impulsa el Gobierno nacional, a lo que se suman los propios aumentos del segmento de distribución que aplica la estatal provincial para financiar sus costos e inversiones. En particular, los incrementos afectarán a unos 200 mil usuarios santafesinos de consumos medios.

Desde las privatizaciones de los 90, el sistema eléctrico está dividido en tres sectores: generación (usinas termo e hidro eléctricas, centrales nucleares y parques eólicos), transporte (empresas que llevan la energía a través de las líneas de alta y media tensión) y distribución. EN este segmento, figura la EPE, que compra la energía a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) según un complejo esquema, le carga sus propios costos y la entrega a los usuarios luego de «bajar» el voltaje a 220 voltios.

Desde el macrismo, el precio que se le reconoce a las generadoras de energía está dolarizado y, además, internacionalizado. Esto es, se aceptan valores globales promedio al margen de lo que efectivamente cuesta producir electricidad en el país ya sea a partir de fuentes primarias fósiles, energía atómica, la fuerza del agua o del viento.

En el costo final para el usuario que factura la EPE, el precio que la distribuidora paga la energía al sistema mayorista explica aproximadamente el 50%. Sus propios costos (mantenimiento y ampliación de infraestructura, salarios, reparaciones, energía no facturada como eufemismo de robo, etc.) suman el 30%. Técnicamente, se denominan Valor Agregado de Distribución (VAD).

Sobre el tramo mayorista, el cimbronazo será por la devaluación del peso de más de un 110% dispuesta de entrada por la administración Milei y que todo hace prever que tendrá un segundo capítulo si como se espera la alta inflación se mantiene. También, por la quita total de subsidios anunciada, que impactará básicamente en los sectores medios (a las escalas inferiores, se dijo, se les mantendrá, y las superiores no calificaban ni los necesitaban). Con esos factores, que suben ese componente un 200%, fuentes oficiales calculan preliminarmente que la tarifa final se podría duplicar.

Pero lo anterior no es todo, porque deben sumarse los propios aumentos que solicitó la EPE y ya están aprobados. Por ejemplo, el 9,9% del VAD que estaba autorizado para octubre de 2023 pero que se aplicará desde el presente enero. Y los que seguirán, dado que desde la empresa estimaron un retraso tarifario –en lo que a sus costos refiere– de más del 20% que a esta altura ya está obsoleto.

 

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