La provincia de Santa Fe entregó una reparación económica a siete rosarinos víctimas de secuestros virtuales con parte del dinero recaudado en el remate de bienes decomisados. El acto se realizó en el salón Dorado de la sede de Casa de Gobierno en Rosario y estuvo a cargo del secretario de Gestión Pública de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, y el fiscal general Jorge Baclini. El monto total del resarcimiento asciende a un millón y medio de pesos y es inédito a nivel nacional.
Los siete damnificados fueron víctimas de una misma banda. “En esta causa emblemática, que investiga la estafa a personas de más de 80 años en la modalidad de secuestros virtuales, lo hicimos por segunda vez. La anterior fue en febrero”, detalló Figueroa Escauriza en referencia al acto del 9 de febrero pasado donde el gobierno provincial repartió más de 1.2 millones de pesos a otras siete familias, quienes también habían sido estafados con secuestros virtuales por la misma banda.
“Desde el gobierno provincial tomamos como política de Estado avanzar contra las organizaciones criminales vendiendo sus vehículos, debilitándolos, y ese dinero lo usamos para resarcir a las víctimas”, señaló el funcionario.
“A nivel nacional todavía se está debatiendo la ley de extinción de dominio mientras que el decomiso anticipado en Santa Fe es un hecho”, continuó, y explicó que las sumas de dinero de las que se habían apropiado los delincuentes eran altas.
“Ahora cada familia recuperó hasta el 50 por ciento de lo que habían perdido, de acuerdo a un criterio fijado por la Fiscalía”.
Por último, Figueroa Escauriza sostuvo que “realmente se hace justicia porque se identifica a la banda, se la condena y además se le quitan sus bienes. El dinero vuelve a las víctimas o se destina a políticas sociales”, como la entrega de elementos como tablets y kits escolares para escuelas, kits deportivos para clubes de barrio y elementos tecnológicos para los hogares de niñas, niños y adolescentes, entre otras entidades oficiales y no gubernamentales que han sido beneficiarias de donaciones a lo largo de la provincia.
En tanto, el fiscal Baclini consideró “muy importante que todo lo que haya sido instrumento o producto del delito se pueda liquidar a través de la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad) y que este dinero sea devuelto a las víctimas porque implica que el Estado da una respuesta más integral, es decir no solo una respuesta punitiva sino un resarcimiento para los afectados”.
El titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien estuvo acompañado en la actividad por el fiscal Nicolás Foppiani, explicó que “cuando transcurre el tiempo muchas veces la víctima va tratando de olvidar el hecho pero le queda el daño psicológico y el daño que efectivamente causó el delito, entonces es muy importante la reparación”.
Por otra parte, recalcó “la política de preservación de los bienes ya que anteriormente quedaban en depósitos judiciales a la intemperie, el tiempo generaba un desgaste y cuando eran devueltos a las víctimas o a las personas a las que se le habían secuestrado ya no tenían valor o no tenían posibilidad de ser reutilizados”.
