Recientemente se conocieron dos medidas tomadas por el Poder Ejecutivo que eventualmente afectarán la estructura del sistema de salud en el país.
La primera fue la creación de la Cobertura Universal de Salud, a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Anunciada como un ambicioso sistema que implicaría el acceso de 15 millones de argentinos no alcanzados por la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga, quienes contarían antes de fin de año con una credencial inteligente que les garantice el acceso a prestaciones sanitarias básicas.
No obstante lo grandilocuente del anuncio, en la práctica, lo establecido a través de ese DNU no ha sido otra cosa que la asignación de los recursos correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución, desde hace años sin “redistribuir” y por los cuales reclamaban las obras sociales sindicales.
Se estableció, además, que de los recursos acumulados en dicho fondo se destinarían ocho mil millones de pesos al financiamiento de la anunciada cobertura universal de salud. No se advierte cómo, con esa suma, se pondría en marcha un sistema como el que se pretende, máxime si se tiene en consideración el hecho de que la Nación no cuenta más que con unos pocos efectores de salud en todo el territorio, siendo la gran mayoría de los servicios de salud pública de resorte provincial o municipal, existiendo enorme disparidad entre los servicios disponibles en cada una de las provincias. Existen, por caso, provincias en que la mayoría de sus habitantes no tienen acceso a prestaciones básicas, en tanto que en otras se han desarrollado hospitales que cubren, inclusive, la más alta complejidad. Así las cosas, lo anunciado aparece más como una expresión de deseos que como un objetivo programático que pueda convertirse en realidad.
“Hay casos que tienen hasta tres coberturas y otros, ninguna”, afirmó el ministro de Salud, Jorge Lemus. “La idea –agregó– es que toda la población tenga una cobertura con acceso garantizado a la canasta básica de prestaciones del Programa Médico Obligatorio y equidad en cualquier punto del sistema, sin importar si la cobertura es del Pami, una obra social sindical o provincial, un programa de asistencia pública o una prepaga”. Pero sus declaraciones no condicen con lo que surge del análisis del proyecto de ley enviado al Congreso, que crea una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Agnet): ese objetivo no se hará realidad puesto que el propio texto establece que dicha agencia tendrá como función determinar la exclusión o inclusión de medicamentos, técnicas y procedimientos en “el Programa Médico Obligatorio, en la canasta básica de prestaciones que se determine para el sector público o los que en futuro los reemplacen”
Porque, pese a lo que se afirma, no se busca que los beneficiarios del sistema público accedan a las mismas prestaciones que los afiliados a una prepaga u obra social, ya que claramente se está programando la elaboración de un sistema diferenciado que, lejos de solucionar la eterna fragmentación del sistema, la profundiza.
Por otra parte se establece en el proyecto que la agencia a crearse será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria, agregando a través del artículo 15 que sus decisiones serán de carácter vinculante para todos los organismos del Estado nacional, las jurisdicciones que adhieran y los sujetos alcanzados. Este punto es quizás el de mayor gravedad, en tanto resulta contrario a nuestro plexo normativo constitucional y violatorio del principio de división de poderes.
Para que se entienda: lo que establece el proyecto es que, en el caso de que cualquier ciudadano recurra a la Justicia a fin de obtener la cobertura de determinada prestación, ya fuere afiliado a una obra social o prepaga o usuario del sistema público, y aun en el caso de que lo hiciera a través de una acción de amparo, deberá darse intervención obligatoria a esta agencia, cuya decisión será vinculante inclusive para el tribunal interviniente.
El ministro Lemus también señaló que “el sistema está muy judicializado, con muchos amparos. Con la Agnet, vamos a saber con qué evidencia científica cuentan los medicamentos, los aparatos o los procedimientos de uso médico, si ingresan o no a la cobertura universal y, también, que los jueces puedan rechazar o aceptar los amparos”. Es decir, un organismo creado en la órbita del Poder Ejecutivo será el que determine si pueden o no los jueces federales hacer lugar a una demanda en requerimiento de que se garantice su derecho de acceso a la salud.
Esto se justifica, según Lemus, en la supuesta “judicialización” del sistema. Señaló que, sólo este año, la Justicia federal le ordenó al Ministerio de Salud de la Nación la cobertura de 214 reclamos de pacientes. No parece ser éste el problema, ya que si estamos refiriendo a una población usuaria del sistema público que alcanza los quince millones de personas no es relevante que 214 obtuvieran resoluciones judiciales favorables. Es difícil argumentar que esto pueda provocar un desequilibrio del sistema porque, como es sabido, el acceso a la Justicia es excepcional en poblaciones cuyos recursos económicos son escasos.
La sospecha es que quizás los intereses que se buscan proteger son, en realidad, los de los otros actores: las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Estos sí son, con mayor frecuencia, demandados ante la Justicia por el recurrente incumplimiento de sus obligaciones. Si el nuevo sistema implica el establecimiento de una canasta básica de prestaciones para el sistema público, diferenciada de la que deben brindar los privados y la seguridad social, si la Agnet podrá excluir prestaciones del PMO y, además, será parte obligatoria y con decisión de carácter vinculante en los procesos judiciales en los que se reclame la cobertura de prestaciones de salud a cualquiera de aquellos entes, recortando de este modo facultades propias del Poder Judicial, lo que parece es que el hilo se cortará –una vez más– por lo más delgado, perjudicando los intereses de afiliados, usuarios y ciudadanía en general en favor de quienes permanentemente buscan eludir sus obligaciones.
