A veinte años de la crisis política, social y económica de 2001 habló con El Ciudadano Enrique «Quique» Font, abogado, Mg. en Criminología, docente de la Universidad Nacional de Rosario y ex integrante de la Comisión Investigadora No Gubernamental por los Hechos de Diciembre de 2001 en Rosario. Desde este espacio se volvieron a reunir este 2021 para publicar, en los próximos días, un nuevo informe donde completan la información que recabaron hasta el momento en la provincia con mayor cantidad de asesinatos por cantidad de habitantes y donde, desde entonces, reinó la impunidad.
El informe amplía y sistematiza los datos que reunieron cuando se conformó la Comisión, cuando fracasó el intento de constituir una comisión investigadora en la Legislatura provincial. Font explicó: «Nos abocamos principalmente a hacer un trabajo muy sistemático de campo para recopilar en el terreno con las víctimas, con los testigos, con los familiares de las víctimas e incluso entrevistamos, logramos que comparecieran el entonces ministro de Gobierno Domínguez. Algunos abogados y abogadas de la comisión querellaron representando a las familias y durante esos años hicimos mucha incidencia a partir de construir justamente un relato sistemático de lo que había sucedido».
En este marco, el abogado subrayó: «Lo que queríamos demostrar básicamente es que hubo un accionar sistemático que comienza a partir de las dos de la tarde del día 19, pudimos demostrar que hubo una orden concreta de que se desate la represión».
Además consideró que establecieron los patrones de cada uno de los casos donde hubo víctimas fatales. «En Rosario en particular si uno considera cantidad de personas muertas cada cien mil habitantes que es cómo desgraciadamente se calcula la violencia letal en general, fue la ciudad con mayor número de represión y Santa Fe fue la provincia con mayor cantidad de víctimas fatales, hubo nueve registradas. En la provincia de Buenos Aires hubo once o sea que el peso de la represión en Santa Fe fue fenomenal. Involucró a toda la policía porque en los hechos se dieron situaciones que eran patrones de prácticas de las ejecuciones sumarias de ese momento, cometidos por comando radioeléctrico o policías de comisarías».
Sin embargo, Font también señaló nuevos aspectos de la represión, «como el asesinato de Walter Campos por un francotirador de las TOE, un caso que nunca se pudo identificar a los potenciales autores en la Justicia, pero sucedió en Las Flores donde estamos convencidos por la información que compilamos y así lo escribimos en el informe, que era la brigada de inteligencia de drogas peligrosas de Rosario la que disparaba desde el puente».
Contexto y órdenes
«Desde la Cátedra de Criminología y otras organizaciones notamos que, obviamente por la cuestión social, la crisis de representatividad política, porque había hambre, desempleo y una crisis económica fenomenal, en los meses previos hubo un recrudecimiento de las prácticas represivas policiales en los barrios. Desde las menos graves a las más graves: razzias, abusos policiales, fraguado de causas, se habían recrudecido mucho en la mayoría de los barrios de la ciudad. Esto lo veníamos notando aunque de ninguna manera permitía imaginar lo que iba a pasar», desarrolló el docente de la UNR.
También sostuvo que hubo una situación «donde claramente el gobierno de Reutemann se ve sobrepasado, recibe presiones de lo que hoy llamaríamos el círculo rojo para intervenir y se da una orden»: «Estamos convencidos de que hubo una clara orden que se expresa en la manera en que cambia la dinámica el día 19 de diciembre a partir de las dos de la tarde y la policía empieza básicamente a disparar, a hacer emboscadas. En la mayoría de los hechos, no solo los que hubo víctimas fatales sino incluso donde hubo heridos, no respondía a la lógica de una supuesta confrontación o defender un lugar donde había saqueos. Eran más bien emboscadas, disparar cuando la gente se estaba retirando, convocar a la gente en un lugar diciendo que se iba a repartir comida y aparecían seis o siete móviles de policías a tirar. Se dio una orden de desplegar la represión y fue una orden política. La violencia desatada fue desbocada».
Para Font se trató de una dinámica «muy precisa y que se dio uniformemente en la ciudad». Incluso, subrayó, en Rosario el último asesinato se da el 21 de diciembre, el caso de Walter Campos: «Estaba en un cola, ya no había situación de saqueos, y él estaba esperando para recibir alimentos y se escapa porque ve policías y un francotirador que estaba del otro lado de la Arroyo Ludueña le da un certero disparo en la cabeza».
Las rebeliones de aquellos días involucraron a muchísimas personas y si bien, aclaró, hubo muchas continuidades en términos de violencia institucional porque la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, hubo también «víctimas que no eran habituales como mujeres jóvenes aunque también de sectores populares».
Patrones de la impunidad judicial
«Vimos la manera en que se analizaron las causas por separado», indicó Font. Habló entonces de patrones vinculados a la impunidad judicial que ya estaban vigentes por aquellos años cuando había ejecuciones sumarias policiales y que ya venían siendo denunciadas por la Cátedra de Criminología, a la que pertenece Font, y organismos de derechos humanos.
Entre ellos, enumeró: «Trabajar a partir de los relatos policiales, no investigar adecuadamente, no reconstruir los hechos y no avanzar nunca respecto de los autores mediatos o los que dieron las órdenes en una situación de represión a la protesta donde a veces hubo casos donde era muy difícil identificarlos. Se sabía que era policía pero era complejo saber quién era. La lógica fue seguir una forma de investigación penal dirigida a que todo fracase porque si no identifico quién fue no acuso, en lugar de traer a todos los policías sospechados, imputarlos e investigarlos. Son las formas de buscar impunidad, en Buenos Aires no pasó lo mismo. Los hechos se investigaron y hubo condenas».
Además, observó otro patrón clásico de impunidad: fraguar el escenario de los hechos, manipular la investigación en su fase policial, «tampoco hubo acusaciones por encubrimiento en Santa Fe y eso ya era un clásico de las ejecuciones sumarias en la provincia».
¿Por qué en la provincia se dio una situación de este tipo? Font responde: «En Santa Fe hay una clara continuidad porque hay una administración de Justicia que no tiene ninguna independencia del poder político y acá la responsabilidad política era claramente Reutemann e incluso por debajo del ministro Domínguez, Enrique Álvarez, el secretario de seguridad de la provincia, que era la máxima autoridad después del ministro de Gobierno. Con juzgados de instrucciones que veníamos hacia ya años denunciando por su inactividad para investigar las ejecuciones sumarias. Si no investigaban los hechos de ejecuciones sumarias que no involucraban a altas autoridades políticas menos lo iban a hacer cuando la responsabilidad llegaba al gobernador. Si uno hace la comparación con Capital se imputó a las primera, segunda, tercera y cuarta línea de funcionarios desde De La Rúa en adelante. En Santa Fe solo se logró la condena de dos policías, después de mucho trabajo, en dos hechos».
Consecuencias de la impunidad y autonomía policial
«Creo que la certeza de que matar a alguien tiene o tenía altas chances de quedar impunes es un incentivo para que eso siga sucediendo. Si bien hemos avanzado mucho en confrontar estos hechos, ahora cambiaron las prácticas de violencia institucional. Un ejemplo es que en Rosario empiezan a aparecer casos de desapariciones seguidas de muerte -Franco Casco, Pichón Escobar-: los policías aprendieron que había que deshacerse del cuerpo porque sino sí tenían chances de ser investigados. Entonces hubo una avance en algún sentido, pero cambia la lógica y la práctica de cómo se encubre el hecho».
En este sentido, Font se ocupó de resaltar el trabajo del ex Defensor General Gabriel Ganón porque «se plantó frente al Ministerio Público de la acusación y federalizó los casos que sino hubieran quedado impunes también». Señaló que la provincia hoy tiene un muy bajo nivel de esclarecimiento de los homicidios en relación a Buenos Aires o Córdoba.
«La gestión de Ganón como defensor general fue clave porque llevó a toda una defensa pública nueva a querellar en representación de las víctimas, a hacer inspecciones sorpresivas en cárceles y comisarías y lo que más le cobraron es la intervención que él tuvo en la defensa pública por las seis desapariciones forzadas ocurridas en el gobierno de Bonfatti», detalló. Marcó que con su salida se terminó esta forma de trabajo.
Para Font muchos de los patrones de impunidad hoy subsisten pero al menos hubo un aprendizaje «en términos sociales de derechos humanos e incluso de los trabajadores de los medios de mirar de otra manera los casos de ejecuciones sumarias y permitir que se denuncien».
El quiebre post 2001, insistió Font, fue más a nivel social. «Hay más organizaciones y las y los periodistas en Rosario cubren las noticias distinto a cómo las cubrían en los noventa. Ahora ya no se dice solo resulta abatido delincuente de frondoso prontuario al ser identificado como sospechado, que era casi un formulario cómo se describían estos hechos. En cambio ahora en los propios medios aparecen versiones encontradas de los hechos. Se va a al barrio, se entrevista a los familiares, se nos da voz a los que trabajamos estos casos . Y hay más espacios institucionales que antes, donde los familiares de las víctimas pueden concurrir».
Sin embargo, reconoció que el fenómeno de la violencia institucional sigue muy presente así como la búsqueda de la impunidad. «Hoy nos hubiera agarrado mejor, hoy hubiéramos llevado los casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU. Ante la impunidad hubiéramos tenido más herramientas. En ese momento no sabíamos hacer eso, no teníamos los canales, hoy hemos construido esos vínculos».
Por otra parte, habló de los niveles de autonomía policial que había y que incluso persisten. «Desde la Cátedra y ámbitos de derechos humanos uno habla siempre de que es un combo, es delegación de autoridad y autogobierno. Primero, una delegación de autoridad política que le da autogobierno a la policía. La policía no se autogobierna cuando hay vocación política de que eso no suceda», señaló.
Font consideró que, no solo en Santa Fe sino en Argentina, las reformas policiales se han dado con las crisis en materia de seguridad en lo que él llama eventos cascadas. Por ejemplo, el asesinato del fotoperiodista José Luis Cabezas o los secuestros extorsivos en los noventa.
«Es decir, hubo eventos cascadas y hubo un cambio en la situación de los niveles de delito pero también creo que hubo una maduración política en términos de derechos humanos, de la militancia en derechos humanos. El 2001 impactó en ese sentido, en donde la no conducción, la delegación de autoridad, la autonomía policial, la lógica del doble pacto y la impunidad judicial producían catástrofes como estas».
Finalmente, el especialista consideró que en Santa Fe solo hubo tres intentos de conducción política de la policía en los últimos veinte años: «Fueron muy pocos y no se sostuvieron. Marcaría la gestión de Roberto Rosúa en los dos gobiernos de Obeid, sobre todo en el primero, que chocó con obstáculos muy parecidos a los que tuvo Saín, es decir, la resistencia del propio ámbito oficial. Luego, los dos años de Cuenca con Binner y la experiencia de Saín ahora con Perotti. No hay más para agregar en la provincia».
¿Qué falta en términos de justicia por los asesinatos de diciembre de 2001? «Creo que lo que falta no es acceso a la información sino producir esa información en el marco de una investigación institucional, judicial o de una comisión de investigadores donde el Estado diga acá tengo que asumir responsabilidades, investigar, reunir documentación», concluyó.
