La Justicia pidió la detención y el llamado a indagatoria, posiblemente para la semana próxima, para el cura Eugenio Zitelli por su posible participación en sesiones de tortura mientras era capellán de la Unidad Regional II de la Policía rosarina, durante la última dictadura cívico-militar, tal como denunciaron testigos en el marco de la causa Díaz Bessone que se sigue en los Tribunales Federales de la ciudad. La decisión fue tomada por el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, luego de varias denuncias por parte de agrupaciones de derechos humanos de Rosario y de Casilda, recibidas por el fiscal Gonzalo Stara. En este sentido, Zitelli se convierte en el primer religioso convocado a declarar por delitos de lesa humanidad en la región.
Cuatro organizaciones de derechos humanos, la Liga por los derechos del hombre, Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH), Familiares de desaparecidos de Rosario, y la agrupación Unidos por la Memoria y Ante el Olvido (Umano) de Casilda, desde hace tiempo vienen realizando denuncias sobre la actuación de Zitelli durante la última dictadura.
El 25 de septiembre de 2010, los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta solicitaron a la Justicia la declaración indagatoria de monseñor Eugenio Segundo Zitelli en la causa por delitos de lesa humanidad Díaz Bessone (ex Feced). La solicitud provino de una denuncia realizada el 10 de septiembre del año pasado por las cuatro agrupaciones de derechos humanos mencionadas.
Una de sus representantes legales, Gabriela Durruty, informó a El Ciudadano que “a fines del año pasado se hizo la última denuncia al fiscal Gonzalo Stara” y que ayer tomaron “con alegría” la noticia de que el juez federal Bailaque había decidido un arresto domiciliario y un llamado a indagatoria para el sacerdote.
Según la letrada querellante, los cargos que le imputan al cura que ejercía su función hasta hace poco en la iglesia San Pedro de Casilda son: privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita calificada. Testimonios de ex presos durante el régimen que gobernó a la Argentina entre 1976 y 1983 afirman haberlo visto merodeando en las salas de tortura del entonces Servicio de Informaciones de la calle San Lorenzo y Dorrego, donde actualmente funciona la sede Rosario de la Gobernación.
Además, Durruty indicó que este suceso es “histórico” en la lucha por los derechos humanos de la región, porque es el primer civil que recibe detención domiciliaria. En la región, es el primer sacerdote en declarar por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.
Según expresó el fiscal Gonzalo Stara, la orden del magistrado fue “constituir en detención” a Zitelli quien “deberá permanecer en su domicilio hasta su declaración”. Después de la indagatoria que se realizará dentro de los diez días siguientes, el magistrado deberá decidir la situación de Zitelli.
El religioso que fue capellán de la Unidad Regional II de la Policía entre 1964 y 1983, quien, según testimonios de ex detenidos, estuvo presente en sesiones de torturas y participó en misas y entrevistas con los presos del Servicio de Informaciones, deberá presentarse ante la Justicia a declarar. Otra de sus funciones era la de “calmar a la familia” de los desaparecidos para que no hicieran reclamos. Al mismo tiempo, Zitelli, tras haber dejado las instalaciones de la parroquia de Casilda, debió confirmar su nuevo domicilio que no es de dominio público, del que no podrá ausentarse.
Ayer continuó la causa Díaz Bessone con el alegato del abogado defensor Germán Artola, analizando la prueba reunida con relación al imputado Mario Marcote. El letrado insistió en señalar diferencias entre las fechas de detenciones manifestadas por los sobrevivientes y las que figuran en los partes policiales de la época.
