Tres ex ministros de la gestión Cambiemos serán indagados por la Justicia en los próximos días en el marco de la causa que investiga la prórroga de contratos de concesión de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario Oeste (GCO). Buscan dilucidar si el ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, incurrieron en irregularidades en la renegociación de esos contratos.
El llamado a indagatoria fue dispuesto por el juez Rodolfo Canicoba Corral tras un año de investigación. El magistrado además ordenó prohibir la salida del país para los imputados y en su resolución se refirió a los hechos como «maniobras defraudatorias» que «resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado».
Se investiga la renegociación integral de los contratos de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste que fueron prorrogados por diez años sin el llamado a licitación correspondiente. Todo esto ocurrió luego de la asunción de Mauricio Macri al Poder Ejecutivo y con cada uno de los funcionarios mencionados en áreas clave para posibilitarlo. Socma, una de las empresas del grupo Macri resultó beneficiada económicamente tras esta maniobra.
Durante el año 2018, Guillermo Dietrich reconoció una deuda por 499 millones de dólares a las concesionarias por supuestas obras no realizadas por el Estado. El argumento era que de esta manera la controlante de las firmas (la española Albertis) levantaría una demanda contra Argentina por un congelamiento de tarifas aplicado en 2001.
Luego de esta condonación de deudas por supuesto incumplimientos de contratos, el Ejecutivo permitió la ampliación de los horarios denominados “pico” (que tienen tarifas más altas), y la dolarización de tarifas. Cabe aclarar que el grupo Socma, de la familia Macri, tenía un porcentaje accionario en Ausol, una de las beneficiadas por el acuerdo.
Si bien un año antes de la prórroga de los contratos, el ex presidente se desprendió de las acciones del grupo Socma, la compra la hizo la empresa Natal SA , una desconocida en el rubro y que pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales.
Para esta decisión Mauricio Macri se excusó de firmar por sugerencia de la Oficina Anticorrupción (dirigida en ese entonces por Laura Alonso), ya que había pasado apenas un año de la venta de las acciones de Socma en Ausol. La ex vicepresidenta Gabriela Michetti fue la encargada de estampar la rúbrica.
La denuncia inicial fue presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Adrian Grana y Carlos Castagneto. Sotienen que el gobierno macrista montó una maniobra para poder llevar adelante la cuestionada prórroga de las concesiones.
Las indagatorias dictada por el juez Rodolfo Canicoba Corral rodavía no tienen fecha de realización. En el marco de la pandemia y en cumplimiento con los protocolos sanitarios, las declaraciones serán vía zoom. Desde el juzgado advierten que son sólo los primeros llamados, por lo que la lista de imputados se ampliará.
