En el marco de la próxima desclasificación de documentos del Vaticano, se conoció en las últimas horas una carta que el entonces Nuncio Apostólico en la Argentina, monseñor Pío Laghi, en la que relata un encuentro que mantuvo en 1976 con el ministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy.
Laghi le envió una carta a quien era el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Jean Villot, en la que le relata una reunión que tuvo el 12 de julio de 1976 con Harguindeguy y que tuvo por objeto plantearle centralmente –según dice al comienzo– el «estado de los detenidos políticos, el secuestro y la eliminación de personas al margen de la ley, y la violación de fundamentales derechos humanos».
La nota se conoció a través del sitio de información religiosa Vatican Insider, del diario italiano La Stampa.
Laghi dice en la carta: «Después de la masacre de San Patricio (el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas en una iglesia del barrio porteño de Belgrano R), el ministro mismo había expresado el deseo de tener un encuentro conmigo, y yo naturalmente lo secundé, considerando conveniente valerme de esa audiencia para hablar también sobre los argumentos antes mencionados».
En cuanto a los sacerdotes palotinos, escribió: «Él me aseguró que la investigación para identificar a los autores prosigue».
Y señaló que Harguindeguy «tenía indicios» de que los autores eran «de extrema derecha» -en realidad fueron asesinados por la propia dictadura-.
Laghi revela que le entregó a Harguindeguy «algunas hojas en las que ya había transcripto, según su categoría, los nombres de los detenidos, de los secuestrados y de los desaparecidos, cuyos familiares se dirigieron a la Nunciatura» para obtener su participación.
«Llamé la atención del ministro sobre algunos casos, como el de los ingenieros de la Comisión para la Energía Atómica, el del director de cine Raymundo Glaser (sic) y el del profesor Roberto Bergalli», señala el texto.
Agregó que Harguindeguy luego le «ofreció información detallada sobre los sacerdotes todavía detenidos, a disposición del Poder Ejecutivo, o bajo proceso».
«Son 9, de los cuales 6 estaban en la cárcel desde antes del golpe; cinco están bajo juicio y para ellos el Público Ministerio pidió la aplicación de penas de hasta 8 años de reclusión; los otros cuatro, tal vez, podrán ser expulsados del país como ‘personas no gratas’, al no ser argentinos», indicó. Laghi también dijo que al final hablaron sobre «los refugiados» y si su presencia en el país plantea «serios problemas de seguridad».
A la vez que señaló que le recordó al militar «casos sobre los detenidos no argentinos» que eran mantenidos «incomunicados» y que no podían «ser visitados ni siquiera por el agente consular del respectivo país; lo que va en contra del artículo 36 de la Convención de Viena».
Cuenta, además, que el ministro «admitió que en algunos cuarteles militares, como en el de Rosario, bajo el comando del general Díaz Bessone –un tipo muy ‘duro’–, se verifican abusos de este tipo», por lo que prometió que haría «todo lo posible para remediarlo».
«Ante la angustia que manifesté sobre los actos de violencia de los ‘escuadrones’ de derecha y sobre los métodos inadmisibles de la lucha contra la subversión, el ministro concordó conmigo en que es necesario desarmar a todos los grupos que actúan fuera de la ley del Estado», completa la misiva.
