Jovair Arantes, el relator de la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza el trámite de juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, votó ayer a favor de admitir el proceso destinado a la destitución de la jefa del Estado que impulsa la oposición, mientras el gobierno negociaba con parlamentarios para evitar que el mecanismo tome vía libre en la votación clave de la semana próxima.
El lunes próximo, la comisión deberá votar si acompaña o rechaza el parecer contra la presidenta por crimen de responsabilidad por el llamado “maquillaje fiscal” del presupuesto.
“Puedo ser llamado héroe, villano o golpista”, dijo al inicio de su informe de 130 carillas Arantes, un aliado de la oposición y del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien en diciembre pasado autorizó el inicio del proceso contra la mandataria al que el gobierno considera un golpe de estado.
En una sesión precedida por gritos y algunos tumultos por parte de los diputados oficialistas y opositores que conforman la comisión, Arantes consideró que Rousseff incurrió en crimen de responsabilidad al firmar los decretos que habilitaron la realización de las “pedaleadas fiscales”, movimientos dentro del presupuesto para cumplir los compromisos de la ley de Responsabilidad Fiscal.
Así, aceptó los argumentos de los abogados Janaina Paschoal, Helio Bicudo y el ex ministro de Justicia Miguel Reale Junior, todos respaldados por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El relator advirtió que “toda la denuncia debe ser admitida y elevada al Senado, que es la cámara juzgadora”, y recordó la “índole política del juzgamiento” en el caso del presidente Fernando Collor de Mello en 1992, que fue condenado por el Senado pero después absuelto por el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).
“Así, la naturaleza parcialmente política del impeachment (juicio político) impone cierta flexibilización de los rigores jurídico-formales propios de un proceso judicial ordinario”, escribió el relator del proceso.
De acuerdo al relator, las maniobras mediante las cuales el gobierno contrajo deudas con bancos públicos para financiar sus gastos corrientes constituyen un “crimen de responsabilidad”, según se argumenta en el informe del instructor de la causa, cuya lectura insumió más de tres horas.
El informe, para el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), es una “aberración legal”, dijo el vicejefe del bloque oficialista en la Cámara baja, Paulo Teixeira.
“Es un informe hecho a cuatro manos que pasó a llamarse el informe de Arantes y de Cunha; los tribunales de excepción son así, acusan por divergencia política y condenan sin base legal”, sostuvo.
La comisión debe reunirse y tener cinco sesiones hasta el lunes a las 17, cuando se pretende votar entre sus 65 miembros. Si el dictamen es aprobado, como se espera, será elevado al pleno y votado el domingo 17, de acuerdo a la hoja de ruta trazada por la comisión.
En el plenario, la oposición necesita dos tercios (342 votos) para aprobar el juicio político y elevarlo al Senado, la cámara juzgadora, que por mayoría simple puede aceptarlo y darle curso, con lo cual la mandataria deberá tomar licencia de 180 días y esperar que dos tercios de la Cámara alta voten en su contra para destituirla.
Las negociaciones del gobierno continuaban para juntar votos y garantizar gobernabilidad “el día después del impachment”, luego de que la mayor parte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vicepresidente Michel Temer, que es dueño de la mayor bancada en la Cámara de Diputados y en el Senado, abandonara la semana pasada la coalición oficialista.
En tanto, el Partido Progresista (PP), uno de los partidos con más representantes dentro de la Cámara de Diputados de Brasil, dijo que sigue con el gobierno. El presidente de la fuerza, Ciro Nogueira, anunció que el partido continúa en el gobierno y “orientará” a sus legisladores a apoyar a Rousseff, aunque permitirá que un grupo de disidentes vote en contra. El bloque tiene 51 legisladores y más de 40, según Nogueira, están con Rousseff.
El gobierno cree que la decisión del Partido Progresista (que además tiene 6 senadores) de permanecer en la base del gobierno, al menos en su gran mayoría, puede permitir dos resultados: evitar que la oposición vote el juicio político en la Cámara baja y ampliar a esa fuerza el reparto de ministerios en el Poder Ejecutivo.
En el medio de la lucha legal, Temer afirmó que estaba “extremadamente espantado” con la orden de apertura de un juicio político igual al de Rousseff dada por el juez del STF Marco Aurelio Mello. Cunha podría convertirse en presidente de Brasil en caso de una salida de Rousseff y de Temer, mientras está procesado por el STF por delitos de corrupción.
