La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acusó a la oposición que apoya el juicio político de utilizar ese mecanismo para realizar una «elección indirecta» para retirarla del poder mediante un «golpe» del Congreso, al tiempo que extendió su estrategia frente a la comisión del Senado que analiza los argumentos de la denuncia por la que se le inició el proceso de impeachment.
«Tengo la claridad de que la acusación es ridícula, porque lo que hicimos fue garantizar programas sociales. El proceso en curso tiene nombre y ese nombre es golpe. Se trata de una elección indirecta en el Congreso maquillado de juicio político por aquellos que no tuvieron votos e las urnas», dijo Rousseff.
Rousseff calificó de «ridículas» las acusaciones en su contra, mientras su equipo de gobierno defendía la posición oficial ante la comisión de juicio político del Senado. Sus declaraciones fueron hechas durante un acto de corte social para extender por tres años más el programa Más Médicos que incluye la acción de extranjeros en lugares de difícil acceso, y que se convirtió en un repudio al vicepresidente Michel Temer por parte de los invitados.
La hipótesis del golpe fue desplegada por la defensa ante el Senado, en una de las últimas jugadas contra la oposición que ha cerrado filas para destituir a la mandataria en la votación que se realizará el 11 de mayo, donde la Cámara alta necesita la mayoría simple de sus 81 legisladores.
Por su parte, el ministro José Eduardo Cardozo, titular de la Abogacía General de la Unión, dijo ante la comisión de impeachment del Senado que “este proceso de juicio político no tiene delito, es nulo, está viciado en su origen y no es otra cosa que un golpe, la búsqueda de una ruptura institucional en un sistema presidencialista».
Los ministros Cardozo, el de Economía, Nelson Barbosa, y de Agricultura, Katia Abreu, presentaron la visión del gobierno de que no existe base legal para el impeachment, presentado por abogados del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que teje un acuerdo de gobernabilidad con el vicepresidente Michel Temer en caso de la caída de Rousseff.
Según Cardozo, hay una «nulidad de origen» que comienza en el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva la potestad de iniciar el proceso contra un mandatario, actuó por «venganza» al aceptar las denuncias.
Cunha, adversario de la mandataria y acusado de corrupción, dio curso al trámite porque el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) apoyó la apertura de una investigación por falta de decoro en su contra, sostuvo Cardozo, quien atribuyó a eso la conducta del jefe de los Diputados.
