Uno de los integrantes de la firma fantasma Dimare SRL fue condenado a un año de prisión por encubrir 36 estafas que realizó la banda con cheques falsos, ocurridas entre 2015 y 2017. En esta causa, el líder de la asociación ilícita había logrado una condena a apenas tres años de prisión, en un abreviado, mientras que los otros tres apresados –un contador, su abogado y un empleado– están imputados por al menos 38 casos donde se hicieron pagos con cheques sin fondo de mercaderías, materiales y servicios.
El 10 de agosto de 2015 se creó la firma Dimare SRL. Su objetivo fue la compraventa de todo tipo de artículos que iban desde bazar hasta materiales para construcción. Una de las caras visibles de Dimare se hacía llamar Jonathan Fabián Mena –su verdadera identidad era Sebastián “Gordo” Alonso–, quien comenzó con las estafas desde la fundación misma de la empresa.
Para instalar la firma contactó a una empresa que alquila contenedores acondicionados como oficinas. Alonso se aseguró de que la dueña de la empresa aceptara cheques a término, pidió dos containers y armó la sede de la empresa fantasma en Presidente Quintana 2450. La propietaria no sólo se quedó con los cheques sin fondos también perdió los contenedores, porque cuando los fue a retirar ya no estaban. La mujer fue una del medio centenar de víctimas que recibieron cheques sin fondos. Al fin recuperó los containers a principios de año, tras los allanamientos que desbarataron la banda.
Cómo operaban
El primer contacto que hacía la organización era telefónico o por mail. El blanco era cualquier proveedor de servicios, empresas de maquinarias, productos de corralón, venta de electrodomésticos e indumentaria al por mayor. En esa comunicación se aseguraban de que les aceptaran los cheques. A nombre de Mena, Alonso había sacado una chequera del banco Santander Río y el Banco Central constató el ingreso de al menos 77 cheques sin fondo, por un total que ronda los 25 millones de pesos.
Otro dato que surgió de la investigación fue que existe un circuito económico muy grande donde se puede contactar a personas que compran todo lo que generan las microeconomías delictivas. También vendían algunos de los objetos por internet. El ardid duró un año y cuatro meses, hasta febrero de 2017, cuando la Justicia provincial desbarató la organización.
A su vez, para hacer desaparecer todo lo que compraron la banda tenía galpones alquilados en el Gran Buenos Aires, donde movían a diferentes lugares la mercadería a través de fletes de corta distancia para que no se pudiera rastrear, explicaron las fuentes judiciales.
La investigación y los abreviados
El 15 de febrero del año pasado, Narvaja pidió 22 allanamientos en Rosario –se hicieron 19–, en Acebal, Roldán y Pérez. En ese momento, cayeron dos miembros de la organización: Alberto Cocco, de 60 años, quien figuraba “dueño” o “contador” de la firma fantasma Dimare SRL, y el otro fue Mariano Alberto Corna, de 45 años, quien este viernes firmó un acuerdo abreviado por encubrir 36 hechos de estafa de la empresa fantasma.
En un principio, la dupla fue imputada como coautora de la estafa y luego de presentar una caución por 1.500.000 pesos transitó el proceso en libertad.
El tercer imputado fue el abogado de Cocco. Al letrado, César Pablo Ceragioli, de 42 años, lo detuvieron el 1° de marzo en un allanamiento donde encontraron mercaderías en su casa de Hamburgo al 900, de San Jerónimo Sud. Fue acusado de encubrimiento por haber adquirido u ocultado mercadería a sabiendas de que eran ilícitas.
En la investigación se identificó a seis integrantes de la banda y el fiscal Narvaja solicitó la captura de los tres que faltaban. El 12 de marzo del año pasado fue apresado Carlos Leonardo Grant, de 32 años, en la Triple Frontera, y a los dos días fue imputado como coautor de 38 estafas en las que tuvo contacto con las víctimas en seis oportunidades cuando se presentaba con la identidad falsa de Leonardo Giménez.
A los tres meses, Sebastián “Gordo” Alonso, de 45 años, considerado el principal involucrado en la millonaria estafa de Dimare fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en La Rioja. En octubre pasado, Alonso fue condenado en un juicio abreviado a tres años de prisión por liderar una asociación ilícita que emitió 77 cheques sin fondo como pago a medio centenar de proveedores de mercaderías, materiales y servicios.
Corna fue el segundo firmar un acuerdo abreviado presentado por su defensor Ignacio Carbone y aceptado por la Fiscalía. Este jueves, el juez Pablo Pinto homologó el procedimiento y condenó a Corna por el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y la habitualidad ya que se trata de 36 casos. Además, deberá pagar una multa de cinco mil pesos y volverá a disponer del departamento de Ocampo al 1100 y la camioneta Volkswagen Amarok que había puesto como caución para pasar el proceso en libertad.
