Susana Santos
Desde hace semanas, manifestantes y movimientos sociales que reclaman democracia sufren muerte y represión. La sublevación popular crece en el Perú. En su marcha hacia Lima corean «¡Guerra Civil! ¡Guerra Civil!». Y más fuerte, para la presidenta, «¡Dina Asesina!».
El único motivo por el cual Dina Boluarte es presidenta y no presidiaria deriva del hecho de que el Congreso repentinamente la sobreseyó en una investigación por estafa, así podía suceder a Pedro Castillo. En vez de ir a la cárcel por estafadora, la vice peruana quedó como rehén de la mayoría congresista de derecha. Destituyeron al presidente a medio día, y a media tarde Boluarte ya tenía ceñida la faja presidencial.
El primer discurso de la primera mujer que preside Perú fue la primera cuota del rescate mafioso que dedicará su vida a pagar. La pagó. Le dio a la derecha lo que la derecha le pedía: anunció que iba a gobernar hasta 2026. En Perú, los períodos presidenciales duran 5 años. Dina tiene prohibido renunciar, porque habría elecciones.
Si se disuelve la Legislatura, como en el Congreso no hay reelección, cada congresista perdería su banca años antes de lo que habían calculado. Para siempre. Y también las oportunidades que vienen con las bancas. El más citado de los aforismos de Alan García, el ex presidente aprista suicidado en 2019, dice así: “Yo nunca fui a buscar el dinero; el dinero siempre venía a buscarme”.
Aun si hubiera reelección, nadie recuperaría su banca legislativa. Esa mayoría de congresistas derechistas que desde 2018 es el verdadero gobierno del Perú y sacó y puso seis presidentes en cuatro años, pertenecen a partidos pequeños, efímeros, divididos, y poco representativos. Sólo sumando las bancas hay mayoría. Los números de desaprobación del Congreso son de un 80 por ciento.
Aun detrás de las bayonetas más afiladas, le decía Talleyrand a Napoleón, para ganar hace falta un plan político. Disipado el palabrerío de «la unión de todos los peruanos y las peruanas, gobernaré para la costa, la sierra y la selva», el único plan que le oyó el país fue 2026. Los movimientos sociales salieron a marchar. Sin bayonetas, con un reclamo: elección de nuevas autoridades en 2023, elección de convencionales después.
El margen de maniobra de Boluarte era estrecho, pero con su torpeza, lo hizo más estrecho. Consintió la represión con armas de fuego de la protesta social. Las masacres sumaron en 40 días casi 50 muertes. Se alió con las FFAA en un concubinato de dictadura cívico-militar. Todavía más odio despertó con su racismo. La peripecia racista más saliente fue declarar al «indio (de mierda) socialista» Evo Morales persona non grata en el Perú, y al ex presidente boliviano se le prohibió la entrada en el país.
El oro del vecino narcoestado, y otros boomerangs
El primer ministro Alberto Otárola caracterizó a las nueve mil personas –cifra oficial– que se manifestaron en Juliaca como “hordas de delincuentes” que estarían siendo financiadas por “dineros foráneos, extranjeros y oscuros del narcotráfico”. La mención a los “dineros extranjeros” sin esfuerzo encuentra su conexión con la campaña oficial contra el ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, a quien el gobierno ha acusado de “actividades de índole política proselitista” que han afectado la “seguridad nacional” de Perú.
La campaña comenzó días atrás vía congresistas de derecha, medios conservadores como El Comercio y el mismo Ejecutivo.
En consecuencia, el Gobierno anunció el 6 de enero la prohibición de ingreso a Perú del dirigente boliviano junto a otros ocho ciudadanos del país vecino. Morales fue acusado de “amenazar el orden interno” y de haber sido “muy activo propiciando una situación de crisis”. No es la primera vez que la derecha peruana acusa a Morales: ya en 2021 la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso lo había declarado “persona non grata” por su “negativo” activismo en la agenda de gobierno del entonces presidente Castillo.
El ex gobernante del Estado Plurinacional de Bolivia ha estado muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo desde su destitución. Durante su mandato, su presencia en el sur del país peruano fue habitual con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, nombre surgido del término quechua Runa (persona o pueblo) y las siglas correspondientes al organismo de integración latinoamericana Unión de Naciones Suramericana (Unasur), que busca consolidarse como un bloque para “enfrentar el intervencionismo y el armamentismo”.
El foro, que se reunió en Buenos Aires el 5 y 6 de noviembre, cuenta con representantes y organizaciones de 14 países, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Chile, México, Nicaragua, República Bolivariana de Venezuela, Uruguay, Paraguay, Panamá, Colombia, Perú y Estado Plurinacional de Bolivia. Morales sostuvo en Twitter que “damos la otra mejilla” ante los “ataques políticos de la derecha peruana” y pidió que “paren las masacres” en ese país. Respecto a su proyecto Runasur aseguró que “el único separatismo en Perú es causado por el racismo, la exclusión y discriminación de los grupos de poder de Lima contra su propio pueblo”.
Las masacres no cesaron. Para el lunes próximo, cuando los pueblos aimaras en marcha se encuentren en Lima con los hermanos quechuas que llegaron antes, el cogobierno entre la sirvienta prisionera del Congreso y el Otálora de las FFFA tienen listas más bala, más racismo. Todavía un esfuerzo, compañeros. Que la acusación de genocidio de la Fiscalía General peruana puede empezar a parecer menos técnicamente impresentable.
