Después de un trabajoso acuerdo, el oficialismo logró que la Cámara de Diputados de la provincia otorgue media sanción al mensaje del Ejecutivo por el cual se crearán 620 cargos para cubrir las nuevas estructuras del sistema penal: el Ministerio Público dela Acusación, el Servicio Provincial de Defensa y los tribunales penales. Con 39 votos a favor y tres abstenciones, la Cámara baja avaló la creación de cargos y ahora el tema deberá ser tratado en el Senado, cuyos principales referentes se reunieron ayer con cuatro de los seis ministros de la Corte Suprema para discutir los aspectos centrales de la reforma judicial.
El nuevo Código Procesal Penal debería comenzar a regir en forma integral el lunes 3 de octubre, fecha en que se cumple el plazo de 180 días a partir de la asunción del fiscal general de la provincia Julio de Olazábal y del defensor general Gabriel Ganón. El Ejecutivo prorrogará ese plazo, en principio, hasta febrero; entonces se evaluará una nueva prórroga en virtud del trabajoso proceso, que incluye los concursos y la designación –con acuerdo legislativo– de los fiscales y defensores adjuntos, la creación y la informatización de los nuevos juzgados penales y la infraestructura edilicia.
El texto votado en la sesión de ayer establece que los cargos creados se incorporarán a la planta de personal del Ministerio de Justicia y que luego deberán transferirse al Ministerio Público dela Acusación, al Servicio Provincial de Defensa y los nuevos tribunales penales “una vez llevados a cabo los concursos respectivos por sus autoridades”. Ese fue uno de los puntos de conflicto que demoraran el tratamiento: la oposición le marcó al ministro de Justicia Héctor Superti que los cargos debían ser para el Poder Judicial y no para el Ejecutivo; el oficialismo accedió a incluir un párrafo que aclara la cuestión. El diseño de los concursos aparece como la próxima polémica: un sector dela Cortepretende organizarlos, mientras que el gobierno sostiene que deben llevarlos a cabo los titulares de los nuevos organismos del sistema penal.
En el debate legislativo, el jefe del bloque socialista Raúl Lamberto afirmó que la creación de cargos es “fundamental para dar respuesta a las leyes del nuevo Código Procesal Penal”, recordó que están contemplados en el presupuesto 2011 y ratificó que los funcionarios y empleados designados serán parte de la planta del Poder Judicial. Lamberto destacó que el oficialismo accedió a uno de los reclamos del PJ y bajó de820 a620 la cantidad de cargos necesarios. “Se consensuó con la oposición”, sostuvo, y explicó que el recorte se hizo en la cantidad de jueces –habida cuenta los magistrados que pasarán del viejo al nuevo sistema–, mientras que se mantuvieron los cargos para los otros dos organismos.
El obeidista Mario Lacava habló en nombre del PJ. Primero hizo una aclaración “respecto al supuesto retroceso en la aplicación definitiva del nuevo código”. “En octubre se va a prorrogar y se volverá a prorrogar en febrero, no por demoras en el debate legislativo, que fue serio y responsable, sino porque hubo demoras y problemas de gestión, problemas presupuestarios. No están adecuadas las oficinas y los lugares de trabajo. No están designados los fiscales y defensores”, argumentó.
De los 610 cargos que el Ejecutivo pretende crear –y que ahora están en manos del Senado–, 348 corresponden al Ministerio Público de la Acusación, 182 al Servicio de Defensa y80 atribunales penales. Insumirán, en total, 3.662.033,51 pesos por mes.
