La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece la prohibición de las carreras de galgos en todo el país, en medio de un clima caldeado por los enfrentamientos que protagonizaron más temprano grupos proteccionistas de animales y grupos de galgueros en las inmediaciones del Congreso.
Con 132 votos afirmativos, 17 negativos y 23 abstenciones, la Cámara de Diputados consagró la norma (cuya autora es la senadora Magdalena Odarda) que en su artículo primero prohíbe «en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza».
La iniciativa sanciona con prisión de entre uno y cuatro años y al pago de multas de hasta 80 mil pesos a quien «organice, participe o promueva» esas competencias.
El proyecto ya había recibido media sanción en el Senado, con 42 votos a favor y 15 abstenciones, y desde primera hora de esta maratónica sesión se sabía que tenía el número necesario de voluntades a favor para convertirse en ley luego de la votación.
«Hemos dado respuesta a una lucha que vienen realizando numerables organizaciones en proteger a estos animales que son sometidos a las crueldades más impresionantes», celebró la diputada de la UCR Gabriela Burgos antes de la aprobación de la ley.
Tras relatar los sufrimientos a los que son sometidos muchos de estos canes por parte de sus dueños para mejorar su rendimiento, Burgos negó que las competencias con galgos puedan ser consideradas un deporte como esgrimen los defensores de esa actividad, al señalar que la propia Confederación Argentina de Deportes (CAD) no la tiene catalogada como tal.
«(La CAD) no considera a las carreras de perros como un deporte porque no interviene el ser humano en la participación de las mismas. Las carreras de galgos son un negocio, una industria de juego clandestino, de apuestas ilegales siendo prioritarias las ganancias que provienen de esta actividad», resaltó.
El macrista Daniel Lipovetsky abonó la misma postura al hacer hincapié en el «sufrimiento» de los galgos que son «explotados para una actividad que tiene un fin comercial y que es fruto de apuestas clandestinas».
«Seguir permitiendo estas carreras clandestinas es permitir que se sigan explotando a estos seres que sufren, que muchas veces son inyectados con anabólicos para correr y que cuando se lesionan son arrojados a las calles, o cuando llegan al limite de su vida útil que son los cinco años», apuntó.
En sentido contrario se pronunció la diputada del FpV-PJ Diana Conti quien con vehemencia denunció la «criminalización de argentinos y argentinas que encuentran un trabajo digno en esa actividad», y argumentó que las carreras de galgos «están instaladas en la idiosincrasia de la cultura popular».
Al igual que su compañera de bancada, el kirchnerista Alejandro Abraham calificó de «inconstitucional» la normativa y sugirió que en todo caso se proponga el aumento de las penas para aquellos que sean responsables del maltrato de los perros.
«Si vamos a decir que el galgo no es un deporte y es un juego, después vamos a ir por las carreras de caballo. O vamos a ir por el polo, gran deporte argentino, o el pato», advirtió.
El diputado Rodolfo Tailhade (FpV-PJ) abrió fuego contra la iniciativa al denunciar la «orgía punitivista» del oficialismo, que hace que no «haya sesión donde no agravemos las penas».
En cambio, la diputada del Frente Renovador Graciela Ocaña llamó a no ir a contracorriente del «nuevo paradigma» vinculado al respeto a los animales, mientras que Néstor Pitrola (Partido Obrero-Frente de Iquierda) defendió la medida porque, según dijo, sirve para luchar contra «la red de complicidades que rodea a este lucro perverso».
