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Diputados: continúa la puja por una banca entre Giustiniani y Palo Oliver

El Frente Amplio, que considera que la banca le corresponde a Fabián Palo Oliver, le solicitó al Tribunal que hasta tanto no se defina la cuestión de fondo no le permita asumir a Giustiniani, candidato por Igualdad y Participación

El Frente Amplio por la Soberanía presentó un planteo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Electoral de Santa Fe en la puja por la banca número 50 de la Cámara de Diputados provincial, que obtuvo el ex senador nacional Rubén Giustiniani, ya que estima que se debe considerar el umbral de votos para la aplicación del sistema D’Hont.

El Frente Amplio, que considera que la banca le corresponde a Fabián Palo Oliver, le solicitó al Tribunal que hasta tanto no se defina la cuestión de fondo no le permita asumir a Giustiniani, candidato por Igualdad y Participación.

La autoridad electoral entendió que Giustiniani es el ganador de la banca luego de aplicar el sistema D’Hont sin tener en cuenta el porcentaje de votos que marca el umbral mínimo para acceder a la Cámara baja, establecido por el decreto ley número 9280/83.

En su artículo 5to, esa norma establece que «no participarán en la distribución de cargos» las listas «que no logren un mínimo del 3% del padrón electoral del distrito.

La lista de Giustiniani obtuvo en las elecciones generales provinciales del 10 de septiembre el 2,52% del total de empadronados, pero el Tribunal no tuvo en cuenta el decreto y con ello otorgó la última banca al espacio Igualdad y Participación.

Ante esa determinación, el Frente Amplio por la Soberanía, que logró el 4,70% de los votos y consiguió dos bancas (Carlos Del Frade y Claudia Balagué), presentó el recurso de inconstitucionalidad a través de un escrito de 39 páginas.

Entre sus argumentos, el actual diputado provincial Palo Oliver consideró que el Tribunal, al otorgarle la banca a Giustiniani, desconoció «la legislación vigente y la jurisprudencia en la materia», en tanto el exsenador nacional sostiene que «el decreto 9.280 está orgánicamente derogado y es inconstitucional».

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