La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados emitió este lunes dictamen favorable sobre el proyecto impulsado por Máximo Kirchner para proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohibir la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar que se realicen en estos predios emprendimientos inmobiliarios o especulativos.
El despacho de mayoría fue respaldado por 17 diputados del Frente de Todos, los del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, mientras Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría en rechazo a la iniciativa del titular del bloque oficialista.
El presidente de la comisión, Leonardo Grosso, abogó por la aprobación de la ley porque «hace varios meses hay incendios donde se han quemado 900 mil hectáreas y en el 95% son el resultado de la acción humana»
En este contexto, es «necesaria una respuesta desde el conjunto de las fuerzas políticas, no solo por los incendios sino por los desmontes para proteger nuestro ecosistema», sostuvo.
«Muchas veces los fuegos anteceden a un negocio. No queremos que el fuego sea un negocio en la Argentina. Queremos llegar antes del fuego porque vamos a tener problemas con el agua potable por culpa de los incendios intencionales», afirmó Grosso.
El diputado aludió al dictamen en minoría al considerar que «Juntos por el Cambio se pone otra vez del lado de los negocios y no del lado de la salud de la sociedad y de la protección del planeta».
La iniciativa determina que, por el término de 60 años, no se podrá cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, e impone una limitación de 30 años en el caso de que la afectación se produzca en una zona agrícola.
De esta manera, no se podrán usar los bosques o territorios para otros emprendimientos inmobiliarios. La sanción de la ley era respaldada desde las redes sociales con el hashtag «Ley de Fuego ya».
La vicepresidenta de la comisión, la radical Brenda Austín, dijo compartir «la intención y la preocupación expresada por muchos diputados del oficialismo de que tenemos que trabajar fuertemente en este tema, pero hay una disociación entre la herramienta que están eligiendo y los objetivos que están buscando».
«Con esta ley no se da mayor protección a los bosques, sino todo lo contrario. Dan menor protección porque modifican un artículo de la ley de Manejo del Fuego, de 2017, que estableció una protección a perpetuidad de esos bosques», agregó al justificar el rechazo al proyecto.
La diputada del Frente de Todos Daniela Vilar aseguró, al explicar los detalles del proyecto, que es necesario aprobarlo para que las tierras incendiadas no tengan «como destino emprendimientos inmobiliarios o especulativos».
«Lo más importante es evitar que esas tierras se puedan utilizar con otro fin. Es importante pensar en el futuro de nuestros pibes y pibas, nosotros estamos legislando con este proyecto también para ellos y ellas», agregó.
El diputado de Unidad Federal para el Desarrollo José Luis Ramón señaló que «hay dos cosas que nos deben quedar en claro: que es un problema ambiental y muy lejos es un problema económico, por lo cual se tienen que tomar medidas fuertes»
La diputada oficialista Gabriela Cerrutti marcó la necesidad de «cambiar las leyes y la cosmovisión. El que siente que esta ley lo está castigando es quien quiere seguir prendiendo fuego los suelos para sus negocios sin sufrir consecuencias», agregó.
La radical Josefina Mendoza señaló que «el proyecto no crea mayor protección ambiental, sino que la disminuye, por ejemplo, en lo relativo a bosques nativos».
«Se prohíbe el uso del suelo por 60 años en caso de incendios en bosques nativos, cuando la ley de bosques nativos lo prohíbe a perpetuidad, con lo cual estaríamos retrocediendo en lo relativo» a esas plantaciones, añadió.
