En la mañana de este jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Financiamiento de Universidades Nacionales. Había cuatro dictámenes, y el aprobado, con cambios aceptados para sumar apoyos, fue el promovido por la UCR por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención, correspondiente al mendocino Lisandro Nieri.
El proyecto de mayoría era el impulsado por Unión por la Patria, que a la hora de votar fue rechazado por 90 votos afirmativos y 126 en contra. El primer dictamen de de minoría correspondía al oficialismo, y fracasó por mayor margen: 86 votos a favor y 130 en contra.
El tercero, de los radicales, corrió mejor suerte gracias a modificaciones previamente acordadas con otros bloques que antes de someterse a votación fueron leídos por la diputada Danya Tavela. Desde UP, la diputada Blanca Osuna otra serie de cambios, la mayoría de las cuales fueron aceptadas. Y así se consiguió la media sanción y el pase al Senado para su tratamiento.
El proyecto fue incorporado al debate al cabo de una fuerte insistencia del radicalismo en la previa de la sesión. Es que había convocado a una sesión especial para el miércoles por la tarde para debatir solo este tema, pero en las negociaciones con el oficialismo para el quórum, consiguió sumarlo al cronograma de este miércoles. La amenaza de la UCR fue no sentarse en las bancas y retacear el número necesario de legisladores presentes, con lo cual la sesión se caía.
En el medio de las idas y vueltas, hubo chicanas y contrachicanas. Antes de la votación, la diputada Daiana Fernández Moledo (del PRO por la ciudad de Buenos Aires) pidió conocer el costo fiscal de ese dictamen. El radical Martín Tetaz le contestó que era “el costo fiscal de los fondos especiales de la Side, más la pauta presupuestaria de YPF”, en referencia a los 100 mil millones de pesos para gastos reservados que el Gobierno nacional le concedió a los espías bajo la influencia del asesor estrella Santiago Caputo y al geométrico aumento de presupuesto para publicidad de la petrolera con apoyo estatal digitado por el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing, Guillermo Garat, socio de Santiago Caputo en la consultora Move.
La sesión maratónica de Diputados había arrancado el mediodía del miércoles, luego de que los radicales lograran incluir en el temario su proyecto de financiamiento universitario, una propuesta que es resistida por la Casa Rosada bajo el argumento de que implica un impacto fiscal de 1,4 billones de pesos y ello complica el objetivo de déficit cero que se impuso el presidente Javier Milei a base de motosierra y estiramiento en el pago de obligaciones.
El debate por el financiamiento de las universidades comenzó a las 4.30 de este jueves, cuando la sesión llevaba ya 17 horas. El trasfondo social para la propuesta es la masiva y transversal movilización que impulsó la comunidad universitaria el pasado 23 de abril: la «Marcha Nacional» que contó con un inédito acompañamiento en su reclamo de una urgente recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento y pago de salarios. El Gobierno sólo atendió, a medias, lo primero. El segundo punto, ninguneado, motivó las recientes medidas defuerza de docentes y no docentes de la educación superior.
En el debate, el diputado por el bloque del Frente de Izquierda Nicolás del Caño coincidió con el radical Tetaz al señalar que «para los 100 millones de dólares que le van a destinar a la Side para hacer todo tipo de operación no hay ningún tipo de preocupación, pero para este proyecto la preocupación es tremenda», marcó la doble vara del oficialismo. Y resaltó que el «atraso salarial enorme» de los trabajadores de la universidades es consecuencia de «un ataque y una postura ideológica del gobierno de Milei en contra de las universidades públicas».
La radical Danya Tavela sumó una comparación: «Un docente universitario, titular de cátedra, con exclusividad y un doctorado, cobra lo mismo que un jefe de despacho de cualquier diputado», dijo. Y completó: «Les están faltando el respeto a los docentes universitarios al no convocarlos a la paritaria».
La diputada por Entre Ríos de UxP Blanca Osuna, miembro informante del dictamen de mayoría que no resultó aprobado, alertó que «las universidades están en un punto crítico» y consideró que su financiamiento «es un derecho constitucional».
A su turno, el oficialista José Luis Espert repitió el argumento de la pesada herencia para oponerse al marcar que el Ejecutivo nacional «está solucionando varios problemas en materia de educación superior heredados del gobierno de Alberto Fernández». Y cerró con un descalificativo al proyecto aprobado, al que definió como «una ley de fantasía» que va «en contra del déficit cero, porque es el instrumento para mantener a raya a la inflación».
El texto redactado por la UCR con el acompañamiento de los bloques de Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, más las modificaciones aceptadas a propuesta de UxP, establece una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año previa que mide el Indec y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y el restante 25% atado a los aumentos de las tarifas de servicios públicos.
También propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva.
