La Cámara de Diputados de España aprobó este jueves el proyecto de ley de autodeterminación de género desde los 16 años, tras meses de tensiones dentro del Gobierno progresista y en el movimiento feminista.
La iniciativa insignia del partido de izquierda Podemos, aliado de los socialistas del PSOE en el Gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez, recibió 188 votos a favor y 150 en contra, además de 7 abstenciones, e iniciará ahora su trámite en el Senado, informó la agencia de noticias AFP.
Si el texto es aprobado definitivamente en la Cámara alta en las próximas semanas, España se convertirá en uno de los pocos países del mundo que autoriza la autodeterminación de género, presentando solamente una solicitud personal.
Argentina aprobó en 2012 la ley de identidad de género que permite que las personas sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos personales, mientras que Dinamarca fue el primer país europeo en conceder este derecho en 2014.
Concretamente, la principal novedad del texto con media sanción en España es que permitirá realizar el trámite administrativo de cambio de sexo y nombre en el DNI en el Registro Civil sin aval médico ni tratamiento hormonal previo.
También prohíbe las terapias de conversión que tienen como objetivo cambiar la orientación sexual de las personas LGTB+.
Además, hasta ahora, esta modificación solo estaba permitida para personas mayores de edad que aportaran un informe médico y acreditaran haberse sometido a un tratamiento hormonal durante al menos dos años.
«Esta ley repara una deuda histórica del Estado con las personas trans» y «por fin despatologiza las vidas trans», además de garantizar sus derechos, había defendido ayer ante los diputados la ministra de Igualdad, Irene Montero, principal impulsora del texto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad en el 2018.
«Les mujeres trans son mujeres», agregó la integrante de Podemos, denunciando la «transfobia».
La iniciativa, bautizada como «ley trans», debe permitir también que las personas de entre 14 y 16 años puedan cambiar la mención de su sexo en el Registro Civil, siempre que durante el proceso reciban asistencia de sus tutores legales.
En el caso de las personas de entre 12 a 14 años deberán contar con aval judicial.
Actualmente, todas las personas menores de edad deben obtener esta autorización de un juez.
Para todos los casos, la ley prevé que el solicitante deba acudir al Registro Civil en un plazo de tres meses desde la comparecencia inicial para ratificar su petición, «aseverando la persistencia en su decisión».
Aprobado en el Consejo de Ministros hace más de un año, este proyecto de ley provocó fuertes tensiones entre Podemos, que convirtió esta iniciativa en un pilar central de su acción gubernamental, y los socialistas de Sánchez, que trataron en vano de modificar el texto.
También generó profundas divisiones en el feminismo, entre quienes comparten la visión de Irene Montero y militantes históricas, en guerra abierta contra el proyecto.
Para un sector del feminismo y del PSOE, la norma «borra» a las mujeres y desdibuja la discriminación que sufren en base a su sexo biológico.
Sin embargo, la legislación incluye medidas para evitar que hombres que transicionan a mujeres se beneficien de cuotas o vean reducidas sus penas por violencia de género.
«Cuando se reivindica el género por encima del sexo biológico (…) me parece un retroceso» para las mujeres, valoró la exnúmero dos del gobierno de Sánchez, la socialista Carmen Calvo, en una entrevista con el diario El Mundo en septiembre.
Para algunas feministas, el permitir cambiar de sexo sin necesidad de dos años de hormonación y un informe médico, «borra» a las mujeres, sitúa el género -al que consideran una construcción social del machismo- por encima del sexo biológico y «puede destrozar la potente legislación de igualdad», en palabras de Carmen Calvo.
Además, las feministas ortodoxas temen que personas del sexo masculino que se autoidentifiquen como mujeres puedan participar en competiciones deportivas femeninas o cumplir condenas en prisiones de mujeres.
Sin embargo, en cuanto a las cárceles y al peligro de que hombres que transicionaron a mujeres agredan a las internas, la ley no modifica el funcionamiento de los centros penitenciarios que desde hace años se rigen por una instrucción que permite a las personas trans ingresar en el módulo correspondiente a su identidad de género.
Haciéndose eco de estos temores, los socialistas presentaron una enmienda para extender la necesidad de contar con autorización judicial también para los jóvenes entre 14 y 16 años, pero acabó siendo rechazada.
Militante LGTBI+ y primera mujer transgénero elegida diputada regional en España, Carla Antonelli abandonó el PSOE en octubre en protesta por la intención de su formación de modificar el proyecto de ley.
«Hemos visto a un sector del PSOE y del feminismo pasar de defender los derechos de la minoría trans a boicotear con saña nuestra propia existencia», afirmó hoy Antonelli en un artículo publicado en El País.
