Los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata) brindaron este jueves testimonio en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la primera de las audiencias testimoniales por el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, en el que fue citado el fiscal federal Carlos Stornelli.
En el quinto encuentro de la Comisión de Juicio Político por el proceso que se le sigue a los magistrados del máximo tribunal, Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosekrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un documento denunciando la «ilegalidad» de la comisión, mientras la mayoría de los legisladores opositores abandonaron el recinto; aunque algunos volvieron media hora después.
La convocatoria de ambos magistrados federales estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en uso de licencia, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como «Consejo de la Magistratura» y «Coparticipación».
En el inicio de la declaración de Ramos, el diputado oficialista, Rodolfo Tailhade, consultó al juez federal cómo explica en términos jurídicos el concepto de ‘filtración’ de datos.
Ramos pidió que se lo dispense de declarar sobre puntos que ya están definidos en la resolución escrita de la causa.
El magistrado, en ese sentido, reiteró en más de una oportunidad: «No me voy a mover ni una palabra de la resolución», porque «no solamente me perjudica en lo personal que yo pueda hacer alguna modificación con lo que ya está escrito en la resolución, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa».
En otro pasaje de su declaración, Ramos sostuvo que «la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectado la garantía de un particular», sea o no funcionario público según aclaró.
El magistrado señaló que «dictar el archivo» de la causa «fue una medida urgente», y aclaró que «en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba», como el allanamiento de un teléfono celular.
Después de dos horas del inicio de la reunión, declaró el juez federal Ramos Padilla, quien manifestó que «si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante tres años conmigo mientras llevaba varias causas».
Al ser consultado por el legislador López si conocía al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió: «A Alberto Fernández no lo conozco. A la Vicepresidenta la vi dos veces en diferentes ámbitos como el velatorio de Alfredo Bravo en 2003, pero ella no me registró. A Axel Kicillof no lo conozco».
Sobre la utilización de las escuchas ilegales como prueba en una causa judicial, Ramos Padilla recordó que durante la gestión anterior «se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montó para hacer persecución política en el penal de Ezeiza».
Allí, el diputado López planteó que esas intervenciones telefónicas «estaban autorizados por un juez», lo que el diputado Leopoldo Moreau (FDT) aclaró que «lo que fue ilegal fue la circulación de la transcripción de esas conversaciones».
Durante la jornada, la mayoría de las preguntas a Ramos fueron realizadas por los diputados del oficialismo, mientras que a Ramos Padilla las hicieron los legisladores de la Coalición Cívica que volvieron a la sala para «velar por el cumplimiento del debido proceso», según dijeron.
Otro invitado fue Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, quien fue consultado por Leopoldo Moreau sobre una inundación que habría afectado documentación en el despacho del asesor de Rosatti, Silvio Robles.
“En el mes de enero hubo una inundación que no fue en la vocalía de Rosatti, sino que fue en un piso superior y que el agua llegó hasta planta baja no solamente al cuarto piso. Esa inundación afectó al despacho de Robles, fue en el mes de enero”, explicó.
Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema, fue interrogado sobre el ingreso, la asignación y la circulación de las causas y peticiones a la Corte: «Nunca se sortearon expedientes, siempre los asignó por materias porque tiene secretarías temáticas. El presidente decidía que secretaria según la trascendencia. Los presidentes consensuaban con los jueces de la Corte qué causas de otra naturaleza se asignaban a la secretaría en la que trabajábamos u a otra”.
A su turno, Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios) fue consultado por José Luis Gioja sobre su incidencia en el fallo relacionado sobre la medida cautelar referida a la distribución de la coparticipación, a lo que el funcionario judicial respondió que no había participado en dicho trámite, para dar detalles luego de un par de reuniones d ellas que formó parte y a partir de las cuales la Corte intentó una conciliación entre Ciudad y Nación.
Al cerrar la jornada, la diputada Myriam Bregman (FIT) señaló que «son escandalosas las escuchas ilegales en Argentina» mientras que el presidente del bloque del Frente de Todos (FDT), Germán Martínez, pidió citar como testigos a los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta.
El diputado Eduardo Valdes (FDT), a su vez, fundamentó que el pedido de citación de Stornelli es porque «Ramos lo involucró al declarar que él se basó en el dictamen del fiscal» en la causa de los chats entre Robles y D’Alessandro.
Cabe recordar que el fiscal Carlos Stornelli fue quien, durante el transcurso de la última feria judicial, propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, y Marcelo D´alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires.
El argumento esgrimido por Stornelli para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.
“Del análisis de ambas denuncias que nos ocupan, no se observa la existencia de ningún otro medio o elemento autónomo y autosuficiente distinto de aquellas supuestas comunicaciones que podrían haber sido obtenidas ilegalmente, producto quizás de actividades de inteligencia ilegal”, sostuvo el fiscal que invocó además que le había tocado intervenir en una denuncia sobre el mismo tema presentada por el propio D´alessandro contra el diputado Rodolfo Tailhade.
“Considero que convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia”, afirmó Stornelli.
Previo a las declaraciones de los testigos, el presidente del bloque de Coalición Cívica, Juan Manuel López, leyó el documento presentado en la Cámara de Diputados donde denunció que «hay hechos de extrema gravedad institucional que suceden en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema».
En respuesta, el presidente del bloque del Frente de Todos (FDT), Germán Martínez, criticó la actitud de Juntos por el Cambio al aseverar que «la oposición está intentando buscar un atajo, una colectora para no dar el debate que estamos dando con un seguimiento muy preciso con lo que dice la Constitución y el reglamento de la Cámara y de la Comisión de Juicio Político».
Con respecto a la continuidad del cronograma de trabajo, la comisión volverá a reunirse el próximo martes 7 de marzo a las 13; en tanto que el jueves de la semana próxima lo harán los asesores de cada legislador.
El impasse de doce días fue dispuesto a los efectos de poder enviar y esperar respuestas de los oficios a los nuevos testigos, que a partir de la próxima reunión se agruparán en tandas de cuatro o cinco, para evitar que se sucedan extensas jornadas, como la de hoy que superó las siete horas y media.
