«Siento que me usaron, que me engañaron y que no me dieron lo que me corresponde, que es lo que corresponde a cualquier persona que trabaja. Yo venía de una familia muy pobre, no tenía las herramientas para enfrentarlos y decirles que no está bien trabajar gratis. Ellos te mienten con el cuento de la vocación y la familia» dice una de las varias mujeres en su texto de denuncia que señalaron a la ultraconservadora organización Opus Dei, acusándolos de trata de personas, explotación y reducción a la servidumbre.
Luego de que 43 mujeres, siete de ellas de Rosario, denunciaron públicamente en diferentes medios de comunicación que fueron utilizadas sistemáticamente por el Opus Dei, los legisladores peronistas Mónica Macha y Eduardo Valdés levantaron el guante y elaboraron un proyecto para que la Cancillería argentina pida un informe a la organización religiosa para que si tiene vínculos con determinados sacerdotes y, en el caso de tenerlos, dar precisiones sobre su residencia.
Las denunciantes afirman haber sido reclutadas siendo menores de edad «con el pretexto de brindarles una educación superior» pero que el verdadero objetivo era «hacerlas trabajar gratis» como empleadas domésticas de la entidad. En sus relatos, sostienen que nunca percibieron una remuneración por las labores realizadas en las casas de los sacerdotes o en el colegio del Opus Dei.
Según ellas, se les imponía el uso de mortificación corporal a través de cadenas o un cinturón metálico atado a los muslos para causar dolor, la flagelación en los glúteos por medio de una especie de látigo y baños de agua fría. Tampoco poseían las llaves de la casa que habitaban, no tenían acceso a medios de comunicación, no salían solas a la calle, ni tenían horarios laborales o días de descanso. Los nombres de las explotadas rosarinas son Norma Beatriz Pedrozo, Norma Gladys Martínez, Claudia Beatriz Encina, Estela Maris Martínez, Susana Irene Lencina, Laura Patricia Mareco y Claudia del Carmen Carrero.
«Siento que me usaron, que me engañaron y que no me dieron lo que me corresponde, que es lo que corresponde a cualquier persona que trabaja. Yo venía de una familia muy pobre, no tenía las herramientas para enfrentarlos y decirles que no está bien trabajar gratis. Ellos te mienten con el cuento de la vocación y la familia», manifestó una de ellas en la denuncia, según citaron los propios diputados y diputadas en la presentación del proyecto. Y agregan: «Fuimos esclavas, estuve 18 años y nunca cobré un peso por mi trabajo».
En la letra del pliego presentado ante Cancillería, los legisladores advierten que «De ser cierto lo expuesto, se estarían afectando gravemente los derechos de los niños y de las mujeres establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966), y la Convención sobre los Derechos del Niño».
Los religiosos de Rosario señalados por la legislatura son Jorge Palma, Ángel Ruiz, Eduardo Varea, José Antonio Silva y José Luis Vidal. Desde allí se señala la Asociación Santafesina de Cultura, presidida hasta el año pasado por el ex primer decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, Omar Carranza Fernández. Una de las denunciantes señaló a éste último como dueño del hogar donde trabajó siendo menor de edad y sin cobrar un salario.
Otros de los edificios señalados como propiedades relacionadas al Opus Dei son la casa normanda de calle 9 de Julio y Ayacucho que le dio hogar a la residencia Universitaria Litoral de varones, como también la residencia Cheroga de mujeres de Santa Fe al 2044, entre otras tantas ubicadas en Pérez o en el corazón de Fisherton.
Rosario, la cuna del Opus Dei en Argentina
Siete de las mujeres denunciantes son oriundas de la ciudad, la cual fue escenario de la creación y primer izado de la bandera nacional, y también de la organización Opus Dei en el país, un 12 de marzo de 1950, fecha en la que se inauguró la primera residencia de la institución en el país.
Actualmente, la organización ultraconservadora tiene 7 colegios en todo el país, y guarda relación con múltiples entidades y asociaciones civiles: la Universidad Austral, otrora conocida como el Instituto de Altos Estudios Empresariales (IES); los colegios Mirasoles, Los Arroyos, el Jardín de Infantes Manantiales y Los Senderos.
La primera casa hogar fundada por los integrantes del Opus Dei en Argentina tuvo lugar en San Juan 865, en la ciudad de Rosario, en una modesta vivienda, de la mano de Anotnio Caggiano, obispo de la ciudad. La segunda sería habilitada en Buenos Aires dos años después.
Al comenzar la década de los 60, los miembros del Opus Dei en la Argentina eran pocos. No pasaban de 50, entre hombres y mujeres, casados y solteros, sacerdotes y laicos.
Las perlas de Caggiano no se detuvieron sólo en la importación del Opus Dei al país: también inauguró los primeros cursos de guerra contrarrevolucionaria dictados en el Ejército. Y en 1961 prologó la edición en castellano de “Marxismo Leninismo» para orientar a los soldados católicos en la “lucha a muerte” contra el comunismo, además de ser un fiel acompañante del presidente de facto Juan Carlos Onganía.
Si bien para las autoridades del Opus, la denuncia de las ex nax (como se conoce a las numerarias auxiliares dentro de la Obra) no hizo mella en la institución, hubo movimientos que demuestran lo contrario. No sólo se fueron de Rosario, primera ciudad argentina donde se instalaron en 1950, sino que se re diagramaron territorialmente en la Región del Plata.
El comunicado del Opus Dei tras la denuncia
Una vez conocido el caso, desde el Opus Dei manifestaron que respetan la voz de las mujeres que realizaron las acusaciones: «El principal interés es lograr escuchar, acompañar y generar un canal de diálogo que permita comprender en profundidad cada experiencia, para dar una respuesta adecuada a cada una de ellas». De todas formas denunciaron no lograr esto porque el abogado que las representa no permitió conocer cada uno de los casos.
Con respecto a la situación laboral, y ante la supuesta falta de denuncias formales a la justicia, informaron: «La Prelatura creó una Comisión de Escucha y Estudio a través de la cual se busca entender y dar una respuesta adecuada a cada persona. A través de este proceso de Escucha ya se ha logrado resolver el reclamo de algunas mujeres». Por su parte, frente a las acusaciones de reclutamiento y reducción a servidumbre, remarcaron que «son falsas y hacen referencia engañosa y descontextualizada a una iniciativa socioeducativa llamada ICES» aprobada por las autoridades
