Los diputados provinciales que integran la comisión de seguimiento del Caso Vicentin presentaron este miércoles, en Santa Fe, su primer informe en el cual remarcan la necesidad de proteger los puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de la empresa agroexportadora. También pidieron una reunión con el interventor designado por el gobierno nacional en la empresa, Gabriel Delgado, para acercarle el informe y conocer los pasos a seguir en el marco de la intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández.
En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión de Información y Seguimiento de la empresa Vicentin resumieron los tres principales objetivos de su tarea: hacer todo lo posible para el mantenimiento de los siete mil puestos directos de trabajo que tiene el grupo empresarial en la provincia de Santa Fe, impulsar la participación nacional en el negocio de la agroexportación y conocer el destino de los 150 millones de dólares prestados por el Banco Nación a Vicentin en los últimos cuatro años.
El informe –que será presentado este jueves en el bar El Cairo de Rosario– se divide en seis partes. En la primera se reseñan los hechos que motivaron la investigación, la convocatoria del director del Banco Nación Claudio Lozano, quien disertó el 12 de marzo en la Legislatura convocado por el diputado Rubén Giustiniani (Igualdad) y la decisión tomada ese mismo de crear la comisión de seguimiento a propuesta del diputado Luis Rubeo (PJ).
La creación de la comisión, con aval del propio Lozano, fue aprobada por unanimidad. Los legisladores eligieron a Rubeo como presidente. Y designaron como integrantes a las diputadas Mónica Peralta y María Laura Corgnialli (Frente Progresista), Betina Florito (Somos Vida) y a los diputados Giustiniani, Fabián Palo Oliver (UCR), Ariel Bermúdez (Creo), Walter Ghione (Somos Familia y Vida), Gabriel Real (PDP), Gabriel Chumpitaz (PRO-Cambiemos), Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Oscar Martinez (PJ).
La segunda parte del informe da cuenta de las tareas realizadas por la comisión entre marzo y los primeros días de junio. Entre ellas, las visitas a Reconquista y Avellaneda –a mediados de mayo– donde se reunieron con el juez Fabián Lorenzini, encargado del concurso de Vicentin, con representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, con los intendentes Dionisio Scarpín (Avellaneda) y Enrique Vallejos (Reconquista) y con autoridades de la empresa.
También se consigna la visita de los diputados Rubeo, Del Frade y Lucila De Ponti (PJ) a la Aduana de San Lorenzo. Allí le entregaron al jefe de la División Operativa de San Lorenzo, Néstor Ramón Guará, un pedido de informes dirigido a la AFIP sobre todas las acciones legales que la Aduana llevó adelante desde el año 2010 contra Vicentin, entre otros motivos, por subfacturación de exportaciones y posible evasión tributaria.
Además, en ese apartado del informe se consignan los documentos recabados en los primeros meses de trabajo: el primer informe de Claudio Lozano del 16 de enero de 2020, en donde hace un análisis económico de Vicentin; un segundo informe de Lozano del 14 de febrero en el que se trata la estructura de la empresa; un informe acompañado por la empresa Vicentin sobre la situación actual del funcionamiento de sus plantas industriales y el desarrollo del proceso concursal; y un informe del Estudio Moyano y Asociados, de Paraguay, en donde se avisa sobre el comienzo de un proceso de investigación sobre Vicentin Paraguay y Renova.
La tercera parte del informe da cuenta de las actividades legislativas desarrolladas por la comisión (pedidos de informes a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y a la Administración Provincial de Impuestos) y la cuarta parte aporta datos sobre las causas judiciales abiertas: el concurso preventivo que se tramita en los Tribunales de Reconquista y la causa penal que se lleva adelante en Buenos Aires contra los ex directivos del Banco Nación por los préstamos millonarios que otorgaron a Vicentin durante el macrismo.
La fiscalía recibió documentación del Banco Nación en la causa Vicentin
En la quinta parte del informe se consigna la estructura de empresas controladas por el Grupo Vicentin (se mencionan 20 firmas entre las radicadas en el país, en otros países de Sudamérica y en Europa), todas vinculadas al negocio de los alimentos y de los biocombustibles. De esa información se desprende que el Grupo Vicentin consolidó una compleja estructura off shore en paraísos fiscales con el objetivo de eludir impuestos en nuestro país.
También en ese apartado del informe se consigna el crecimiento exponencial de Vicentin durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Según datos de la revista Mercado, la empresa pasó de ocupar el puesto 25 en 2015 entre las que más facturan a nivel nacional (27.100 millones de pesos anuales) al puesto 7 en 2019 (118.015 millones de pesos).
En la última parte del informe se presentan las conclusiones de las actividades llevadas a cabo por la comisión. Allí se hace un duro diagnóstico sobre el vaciamiento de Vicentin: “Estamos hablando del incumplimiento de una empresa que en el periodo 2015-2018 no hizo más que expandir su facturación. Si tomamos los últimos 14 años, solo en 2013 exhibe una ligera retracción de sus ventas”.
Una fuga millonaria
El diputado Palo Oliver, uno de los integrantes de la comisión, explicó que la decisión de pedir una reunión con el interventor designado por el gobierno nacional obedece a la necesidad de conocer cómo continuará el proceso “porque el concurso está vigente y hay 2600 acreedores que están certificando sus deudas“.
“Mi duda tiene que ver con el concurso. La intervención por 60 días está clara, porque tienen todas las atribuciones y las mismas facultades que establece el estatuto de la empresa”, añadió el legislador del Frente Progresista.
“Vicentin ya figuraba con informe negativo del Banco Central de la República Argentina con categoría 4. No había ninguna posibilidad con la normativa vigente de que no solo el Banco Nación, si no ninguna entidad crediticia le otorgaría un nuevo crédito. Sin embargo, con el informe negativo y en cesación de pagos, las autoridades del Banco Nación le otorgaron 90 millones de dólares“, advirtió Palo Oliver.
“Lo que hay que saber es qué se hizo con ese dinero, si se lo invirtió o se lo fugó como parte de la fuga de divisas que se dieron en los últimos cuatro años y, sobre todo, en el último año de gestión de Mauricio Macri”, finalizó el legislador.
