La Cámara Diputados aprobó ayer y convirtió en ley el proyecto que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga y establece límites a los aumentos de las cuotas para afiliados mayores, tras aceptar los cambios realizados en el Senado a la norma.
El proyecto -aprobado por 190 votos a favor- contó con el respaldo en el recinto de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, GEN, el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, el Peronismo Federal y Proyecto Sur, en tanto que el PRO y la Coalición Cívica se abstuvieron.
La sesión impulsada por el oficialismo había comenzado a las 14.30 con la presencia de 129 diputados en el recinto, luego de que fracasara por falta de quórum el plenario convocado previamente por la oposición.
Entre sus puntos centrales, el proyecto establece que, a partir de cierta cantidad de años de aportes, las prepagas no podrán aumentar las cuotas para esos afiliados mayores, por entender que los aportes que hicieron de jóvenes saldan ampliamente la brecha.
Tampoco, y con la sanción de esta norma, habrá plazos extensos irrazonables de carencia, a diferencia de lo que ocurre actualmente en cuanto a que las prepagas exigen determinada cantidad de pagos para que el afiliado pueda hacer uso efectivo del servicio.
De esta manera, y tras varios años de debate parlamentario, la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones realizadas el año pasado por el Senado sobre la sanción original votada en 2008 por la cámara baja, en base a un proyecto impulsado por la ex diputada del oficialismo Patricia Vaca Narvaja.
Se trata de un proyecto marco que el Congreso intentó debatir desde hace varios años para buscar regular la actividad de las empresas privadas que prestan servicios médicos a más de 4 millones de personas en el país.
El punto más cuestionado por algunas empresas de medicina prepaga es el artículo 10 que establece que las «enfermedades preexistentes pueden establecerse por declaración jurada y otros medios complementarios a cargo de la entidad de medicina prepaga, y podrán ser tenidas en cuenta a efectos de admitir nuevos usuarios».
Al defender el texto en el recinto y abrir el debate, el titular de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Antonio Morante, consideró «oportuno y más que necesaria» la sanción de la ley que regula la medicina prepaga.
En ese mismo sentido, se pronunció al cierre del debate, el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, aseguró que se trata de «una buena ley» y recordó fue elaborada «en base a las denuncias históricas y permanentes que realizaron usuarios y consumidores del sistema».
«Esta ley genera un marco regulatorio que no tenía una actividad que, además de ser una actividad con fines de lucro, tutela un bien social básico que no tenía regulación. Ese es un motivo más que importante para celebrar esta sesión», afirmó el legislador, en el marco del plenario.
Desde el radicalismo, Agustín Portela, vicepresidente de la comisión de Salud de la cámara baja, consideró que el tema «tiene una implicancia social muy fuerte» aunque cuestionó algunos puntos, al sostener que «no fue armada con el sentido de establecer una regulación que garantice el equilibrio de funcionamiento del sistema de prepagas».
Si bien la UCR votó a favor del texto aprobado por el Senado, Ricardo Gil Lavedra, cuestionó la norma y dijo que esa bancada «espera que se encare el debate en serio», al considerar que «el tema no está en la protección de quiénes más tienen sino que la salud pública pueda llegar a todos en condiciones de igualdad».
Desde el bloque Peronista, Graciela Camaño, sostuvo que con esta ley «se va a lograr modificar el status de los pacientes que van a dejar de ser usuarios y van a pasar a ser pacientes» y, tras cuestionar algunos puntos, admitió que se trata de «un paso importante».
A su turno, el diputado del Peronismo Federal, Felipe Solá, respaldó el proyecto y dijo que escuchó «varias veces la idea que con estos cambios peligra el futuro de las prepagas cuando, en realidad lo que peligra es la altísima rentabilidad, peligra el liberticidio de poder hacer lo que quieren y romper el contrato que deberían cumplir».
«Creemos que esta ley es necesaria», aseguró el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, quien destacó la importancia de la regulación del mercado de la medicina prepaga y afirmó que se trata de «un paso adelante respecto a la situación actual».
Tras anticipar su respaldo al proyecto, la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, miembro informante de la iniciativa, consideró que se trata de «una norma marco que le dice a la Autoridad de Aplicación qué límites deben tener las empresas».
Por otra parte, tanto los diputados de la Coalición Cívica -que destacaron algunos avances introducidos por la norma- como el PRO anticiparon en el recinto su postura y pidieron abstenerse, a pesar que ambos habían respaldado el texto cuando la cámara baja lo sancionó en 2008.
Por la CC, Juan Carlos Vega, afirmó que se trata de «una buena ley, pero el problema es el ámbito de aplicación» y cuestionó que la norma «excluye de su ámbito a quienes reciben el servicio de salud de entidades mutuales o cooperativas gremiales».
Por el PRO, la diputada Gabriela Michetti consideró que la norma «genera un peligro importante de la disminución de la calidad de la prestación de servicios de uno de los subsistemas y no tiene en cuenta a los otros subsistemas».
La ley, según se establece en el texto, deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los ciento veinte días a partir de su publicación, en tanto, las empresas “tendrán un plazo de 180 días» para la adaptación del presente marco normativo.
