La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), el nuevo organismo que dispone de los objetos secuestrados por la justicia penal y gestiona que pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización, fue visitada este martes por los diputados del Frente Progresista, Clara García, Rubén Galassi, Victoria Tejeda, Alicia Gutierrez, Oscar Pieroni, Verónica Benas, y del bloque justicialista, Héctor Cavallero. Los legisladores estuvieron acompañados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y por el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza.
“El decomiso de bienes provenientes del lavado y el narcotráfico es una herramienta fundamental en la lucha contra el delito porque apunta a las ganancias de la criminalidad organizada”, consideró el jefe del bloque de diputados socialistas, Rubén Galassi, al tiempo que subrayó que “Santa Fe es la primera provincia en contar con un mecanismo de esta naturaleza y se inscribe en una agenda de trabajo fijada con el Gobierno Provincial y sus Ministros, para golpear a los delincuentes donde más les duele”.
El objetivo de este cambio en el sistema –una iniciativa que se puso en marcha en Santa Fe tras la sanción de la ley Nº 13.579– es afectar el poder económico de las bandas delictivas y darle a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que servirán a los fines sociales en hospitales o escuelas, por ejemplo.
Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein consideró que “a nivel nacional se debate la extinción de dominio por parte de los bienes que provienen del delito, pero Santa Fe no esperó esa norma y aprobó una ley por la cual, después de seis meses, los bienes se rematan para que la sociedad reciba lo producido. Es un sustituto eficiente -mientras aguardamos la ley nacional- y para todos los delitos, como parte de un proyecto político alternativo en el país”, consideró el ministro.
A su turno, el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, de quien depende el nuevo organismo, explicó que “la agencia, que ya está funcionando en la práctica, busca atacar al crimen donde más le duele, es decir, en lo económico. Todos los bienes utilizados o adquiridos producto de delitos provinciales serán decomisados por el Poder Judicial y se ponen a disposición de la provincia, en algunos casos los subastaremos y en otros los vamos a destinar a políticas sociales concretas o asignar a organizaciones sociales”.
“El objetivo es devolverle lo recaudado a la sociedad porque en definitiva es a la sociedad a la que se le robó para poder adquirir estos elementos”, puntualizó el funcionario y destacó el trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Luego, Figueroa Escauriza detalló que “hay computadoras incautadas en el marco de causas por juego clandestino, tenemos unos 80 autos de alta gama, 150 celulares, 60 computadoras, dos desarmaderos decomisados que representan 500 mil piezas. Estamos buscando compactarlas y aprovecharlas”.
Finalmente, el funcionario subrayó que “por sus características y funciones encomendadas, la Aprad no tiene antecedentes en el país, incluso se escrituraron cuatro inmuebles expropiados a una red de prostitución en la ciudad de Melincué. Esas propiedades, valuadas en dos millones de pesos, pasaron a manos del Poder Ejecutivo y serán utilizadas con fines sociales”.
El gobierno provincial tiene previsto hacer el primer remate de autos en las próximas semanas.
La agencia fue creada por la ley Nº 13.579, presentada como proyecto por la cartera de Justicia y Derechos Humanos en 2016. El depósito de Alvear, con casi diez mil metros cuadrados entre superficie cubierta y descubierta, alberga una importante cantidad de bienes incautados, entre ellos 80 automóviles, correspondientes a las circunscripciones judiciales de Rosario y Venado Tuerto. El gobierno también habilitó otro predio, de cinco mil metros cuadrados, en Santo Tomé donde son destinados los objetos secuestrados a raíz de sumarios penales en las circunscripciones de Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
La flamante agencia es un ente autárquico que trabaja articuladamente con el Ministerio Público de la Acusación y la Oficina de Gestión Judicial, instituciones de la nueva justicia penal. La ley que la crea -aprobada en septiembre de 2016 y reglamentada por el Poder Ejecutivo en febrero del corriente- establece que los bienes sin utilidad probatoria podrán ser subastados con autorización judicial. Entre los efectos ya en depósito se encuentran automotores, computadoras, monitores, celulares, notebooks, TV led y muebles.
