Diputados y diputadas de casi todos los bloques legislativos de la provincia de Santa Fe coincidieron en rechazar el sistema de denuncias sobre abuso sexual del Arzobispado, según el cual las personas que cuenten con información sobre casos puntuales podrán dirigirse a la Iglesia, lo que supone una “usurpación” de funciones respecto de la tarea de la Justicia.
Representantes de los bloques de diputados del socialismo, el PJ, el GEN y el Frente Social y Popular rechazaron de plano la injerencia de la Iglesia en las funciones que son propias del Estado. Desde Cambiemos relativizaron el problema y valoraron que la Iglesia se involucre en las investigaciones sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes. En tanto, los bloques “celestes” de Somos Vida y Somos Vida y Familia evitaron expresarse sobre el punto.
La reacción del arco político provincial se da al mismo tiempo en que se ampliaron las presentaciones penales contra los arzobispos de Santa Fe y Rosario, Sergio Fenoy y Eduardo Eliseo Martín, por la puesta en marcha del sistema para recibir informes de abuso sexual. En las últimas horas el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck, amplió la demanda inicial (por el delito de “usurpación de autoridad pública”) tras la publicación por parte del Vaticano de un “Vademécum sobre cuestiones procesales ante casos de abuso sexual de menores, cometidos por clérigos”, documento que ratifica la intención de la Iglesia de recepcionar las denuncias
De acuerdo a un relevamiento realizado por la periodista de Diario UNO Bárbara Favant, quien investigó los procedimientos del Arzobispado de Santa Fe, casi todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados coincidieron en rechazar las maniobras de los religiosos:
* Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) realizará un pedido de informes “para saber cómo el Ministerio de Justicia va a trabajar el asunto y cómo va a trabajar la Justicia. Usar la mayor transparencia desde la Legislatura para que justamente se trabaje mejor, o si hay que hacer mejores asignaciones presupuestarias para cuidar a las víctimas en cualquier lugar, en ámbitos privados y públicos. Así que me parece que es un pedido de informes amplio para los tres poderes para que respondan sobre semejante posibilidad que ha tenido la institución muy representativa como es la Iglesia para poder encubrir estos delitos y por qué no fueron a otros lugares. Y ahora que se sabe, qué tipo de atención se va a dar a las familias y a los chicos”.
“Me sorprende que un hombre inteligente como Fenoy a quien entrevisté en su momento justamente a raíz del caso Storni cuando él estaba a cargo de lo que era la interpretación del código canónico, lleve adelante una oficina de denuncias por supuestos abusos sexuales dentro de la iglesia. Me parece que termina siendo, y él lo sabe, una especie de encubrimiento de delitos muy fuertes que lamentablemente se han repetido muchísimo especialmente en los últimos 30 años de historia de la Iglesia en cualquier lugar del mundo y fundamentalmente en occidente. Me llama muchísimo la atención y me parece que es imprescindible la investigación del Ministerio Público de la Acusación, de los fiscales. Me parece muy bien lo que hace el doctor Ensinck porque no le corresponde a la Iglesia meterse en acciones que son decididamente del Estado a través de sus tres poderes. Por eso me parece que hay una especie de retroceso conceptual a lo que fue el concilio del Vaticano segundo. Aquello que Juan XXIII llamaba abrir las ventanas de la iglesia al mundo porque acá se estaría en una cuestión preconstitución del Estado argentino en donde la iglesia quiere abarcar cosas que no le corresponden. Me parece que es un delito”.
“En segundo término, es absolutamente irracional porque es encubrimiento de un delito gravísimo. Así que me parece que hay una cuestión de concepciones muy profundas que hay que empezar a desarticular por el bien de la propia iglesia. Porque esto por ejemplo, es algo que tenía muy claro Vicente Faustino Zazpe cuando decía claramente que había que colaborar con el Estado pero nunca invadir el territorio del Estado. Había que cuestionarlo, presionarlo, pero nunca reemplazarlo. Ocultar una denuncia me parece, insisto, un delito”.
“La Iglesia de Santa Fe a Storni siempre lo protegió, incluso con Arancedo. Cuando José María Arancedo asumió como arzobispo lo terminó protegiendo a Storni y terminó sus días en una casa particular muy bien montada en La Falda pagada por los fondos del Arzobispado de Santa Fe. Eso en su momento lo denunciamos también, como cuando denunciamos en soledad los abusos de Storni en el diario Rosario 12 y que después a nivel nacional Olga Wornat, que reseñó el libro nuestro ‘La iglesia y la construcción de la impunidad’ donde denunciamos todo esto. Por eso conocemos esta cuestión. Así que me parece increíble que la iglesia santafesina, o los sectores conservadores que lamentablemente siguen en ella sigan entendiendo que lo mejor es encubrir sus sombras. Al contrario, eso la termina destruyendo. Por eso cada vez más crecen otras religiones que son más abiertas, más transparentes y menos hipócritas”.
“La Iglesia no puede reemplazar al Estado. Tiene que estar al lado, cuestionarlo o en todo caso que esté ausente. Nosotros no tenemos ley provincial de educación desde 1947, y el último texto que había sido consensuado, aprobado en Diputados, duerme en el Senado por la presión que hicieron tres arzobispos de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Porque se hablaba de educación sexual integral, es increíble que haya un peso tan conservador de la iglesia que piensa que determinadas cuestiones en el siglo XXI, siguen como en el siglo XIX con la idea de que la iglesia es propietaria del cuerpo, la cabeza, y la moral. No tiene nada que ver con una iglesia de puertas abiertas, realmente comprometida”.
* Lucila De Ponti (PJ): “Me parece importante que la Iglesia Católica empiece a reconocer los delitos sexuales cometidos por sus propios miembros y autoridades, la mayoría de las veces en contextos institucionales y ejerciendo un claro abuso de poder sobre otros y otras creyentes. Me parece que esto es importante si está guiado por la búsqueda de esclarecimiento, reparación y sanción para que estos delitos dejen de ser cometidos, tanto en el ámbito religioso como en cualquier ámbito. De cualquier manera creo que las recientes iniciativas de la Iglesia Católica de Santa Fe y Rosario de promover espacios internos de denuncias tienen que estar también acompañadas por un protocolo sancionatorio, pero fundamentalmente tienen que darse en un trabajo profundamente articulado con el Estado, que permita que los delitos sexuales denunciados en el ámbito interno de la Iglesia Católica lleguen al ámbito judicial, sean investigados por el MPA y puedan ser juzgados de acuerdo a la legislación vigente”.
“También la articulación del Estado tiene que estar dada en el plano de la capacitación de quienes lleven adelante esas tareas, por ejemplo realizando los espacios de formación que establece la ley Micaela. ¿Por qué no pensar incluso que toda la jerarquía eclesiástica pueda formarse en las capacitaciones de la ley Micaela que buscan prevenir la violencia de género en cualquiera de sus formas? También hay que tener en cuenta que a partir de 2019 los delitos sexuales cometidos a menores de edad son delitos de acción pública por lo cual deben ser denunciados ante la Justicia por el mayor que obtenga la información”.
* Mónica Peralta (GEN-Frente Progresista): “Decir esto «si el que sufrió el delito es un menor, es un delito de instancia privada. Ni vos ni yo podemos ir a denunciar el delito. Solo lo pueden denunciar los padres o los tutores» (en relación a la entrevista a la que se puede acceder haciendo clic aquí). ¿Y para qué tenemos la ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes con los servicios locales en todas las ciudades de la provincia?, ¿qué pasa, el Arzobispado desconoce las instituciones y las leyes para la intervención en situaciones de abuso a las infancias? Cualquier ciudadano o ciudadana o institución puede y debe presentarse ante el Estado o la Justicia y denunciar este delito”.
Amplían denuncia contra arzobispos de Santa Fe y Rosario por el sistema de denuncias de abuso sexual
“La iglesia es una Institución y como tal debe respetar primero y antes que ninguna otra cosa las leyes del Estado. Decir que «el abuso sexual de menores es un delito de instancia privada» es por poco decir que está permitido. Todas las instituciones son el primer nivel de intervención ante estos hechos o sospechas. La Iglesia ha sido la impulsora de silenciar y domesticar a las y los fieles. Todo al cajón secreto de la confesión y nada de andar sacando las mugres afuera de la familia, y así estamos todavía sosteniendo que esto es un delito de índole privada. Aberrante. quiero dejar afuera de este comentario a muchos curas y monjas que se la han jugado por tantas pibas y pibes en los barrios atravesados por la falta de derechos en total soledad ante este este sistema religioso reproductor y promovedor del patriarcado. La mayoría de niñas y niños abusados están en su ámbito familiar o círculo de cercanía. Debería quizás el Arzobispado buscar asesoramiento dentro del mismo Estado más allá de los protocolos que deben desarrollar como cualquier institución sobre cómo actuar en este tipo de denuncias tan graves», comentó a UNO Santa Fe.
* Erica Hynes (Partido Socialista-Frente Progresista): “La generación de espacios de escucha y de contención a las víctimas de violencia de género, que en este caso sería violencia sexual, abuso o acoso necesitan ser espacios donde haya una gran claridad de los objetivos para que se abren, un enorme compromiso de las instituciones y una decisión política de hacerlo para darle jerarquía e importancia, y la formación de las personas que están a cargo con perspectiva de género y experiencia de campo. También se debe tener en cuenta la confidencialidad. Todo esto tiene que conducir a que no se revictimice a las personas y que encuentren un apoyo, una escucha, o si quieren hacer una consulta para que les den apoyo o ayuda. De la conferencia de prensa quedan muchas dudas acerca de todas estas instancias que menciono, porque justamente se destaca que las personas que van a estar al frente tienen experiencia en otros campos pero no en este. Quizá vienen de una gran buena voluntad pero esto no garantiza que se puedan satisfacer las necesidades ni brindar derechos a las personas”.
“Está superpuesto un objetivo de dar satisfacción a una carta del Papa con intenciones de proteger y dar un abrigo pastoral, pero eso claramente no es suficiente porque se corren riesgos muy altos de revictimizar o de obstaculizar que justamente es lo que no se tiene que hacer. Estos espacios tienen que garantizar el acompañamiento a la víctima y tienen que asegurar de alguna manera que no van a constituir un obstáculo más, una barrera más o una distracción de las múltiples que ya sufren las víctimas de violencia. Vemos una divergencia, que se abre una puerta y no se sabe muy bien cuál es el rol y se corre el riesgo de una revictimización; no se aclara para qué sirve y si tiene una intención que sea convergente con la garantía de derechos. No se trata solo de buenas intenciones, sino que son espacios que requieren de mucha competencia, mucho compromiso político para recorrer todas las garantías”.
* Matilde Bruera (PJ): “Hay que tener claro que cuando hay delitos de abusos sexual, o cualquier delito en una institución educativa, laica o religiosa contra distintas personas ya sea menor o mayor, el único organismo que puede intervenir es el Ministerio Público de la Acusación para impulsar la investigación. No puede haber mecanismos internos de la propia institución. Por las características de este tipo de abusos sexuales, de personas que tienen una relación de autoridad con la víctima, no pueden ser interferidas por instancias que parten del propio lugar de pertenencia del supuesto agresor. En este tipo de cuestiones las convenciones internacionales son claras. No hay instancias conciliatorias y la única instancia que tiene que intervenir para investigar es la Justicia. Es cierto que hay un derecho canónico, pero se ocupa de cuestiones religiosas, no se puede ocupar de delitos”.
“No hay un fuero penal propio en la iglesia, eso está prohibido. Además uno de los problemas más graves de los abusos sexuales y de la pedofilia en las instituciones religiosas es el encubrimiento. Entonces no se pueden crear organismos que generen sospechas de encubrimientos. Acá el único mecanismo para abordar el tema de los abusos sexuales en instituciones educativas o religiosas es implementar como corresponde la ESI, para que los chicos sepan cómo defenderse y cómo proceder. Y cuando hay una sospecha de abuso tienen que ir al MPA, que con los jueces intervengan ya que son los encargados de investigar si existe o no un delito. No puede interferir ninguna otra institución y mucho menos una a la cual pertenece el posible agresor”.
* Julián Galdeano (UCR-Cambiemos): “La decisión de la Iglesia me parece acertada, significa un avance importante en reconocer un problema aportando una solución. Dejar de esconder ya es un paso adelante. Entiendo que el Papa persigue algo parecido en países donde la iglesia es mucho más cerrada y donde han existido casos y se han ocultado. Es cierto que con los antecedentes del caso Storni, en Santa Fe debería haber una actuación más cuidadosa y mayor articulación con el Ministerio Público de la Acusación, pero conozco la trayectoria de Fenoy y lo considero una persona que tiene una mirada moderna de la iglesia en sintonía con el propio Papa. Entiendo que busca colaborar desde otra mirada y no obstaculizar las investigaciones o procedimientos que lleve adelante el MPA”.
“Acerca de la denuncia que efectuó el presidente del Colegio de Abogados, no comparto que esa sea la vía, principalmente porque no hay delito y daría la impresión que solo busca protagonismo. La preocupación del MPA es legítima, y se resuelve con un intercambio de información con el Arzobispado, probablemente si no hubiera existido la denuncia se hubiera dado naturalmente”.
