“Yo nunca quise custodia personal, porque pienso que todos los vecinos somos iguales”. Estas palabras las pronunció ayer a la tarde a quien esto escribe el gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti, quien, como se sabe, junto con su esposa, la psicóloga Silvia Tróccoli, fueron víctimas de un atentado gravísimo: cuatro encapuchados, que se desplazaban en dos motocicletas, dispararon contra la vivienda que el matrimonio tiene en la zona norte de la ciudad. Las versiones señalan que al menos uno de los delincuentes se bajó de la moto, apuntó y disparó hacia el interior de la casa, con lo que queda claro que la intención no fue dejar sólo un mensaje, sino causar daño. Como bien dijo la fiscal Cristina Rubiolo, que tiene a su cargo la investigación, “pudo haber sido una tragedia”.
¿Hay pistas sobre quiénes podrían ser los autores? Hasta ayer no se tenían datos, pero una fuente judicial señaló que “esto puede venir por el tema de las drogas, pero desde ambos lados: de la zona norte y de la zona sur. En el lugar se encontraron vainas de proyectiles 9 milímetros, pero también de calibre 11.25, que corresponden a las viejas 45. Y estas armas –añadió la fuente- corresponden a las que se comercializan clandestinamente en las villas”.
El ataque es, por el estilo y el destinatario, de una gravedad jamás vista en la provincia de Santa Fe desde el advenimiento de la democracia. Por otra parte, y como bien ha señalado el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, es evidente que hay sectores molestos por el accionar del gobierno provincial y el Poder Judicial contra ciertos delitos como el narcotráfico, entre otros.
Algunas cosas, en el marco de este suceso delictivo están claras: los atacantes sabían que el gobernador y su esposa estaban en su casa, que no tenían custodia y que podían perpetrar el cometido y huir sin complicaciones, como finalmente lo hicieron.
Un hecho plausible, no obstante, en un marco penoso y grave, pudo rescatarse luego de la balacera contra la casa de Bonfatti: la solidaridad demostrada por todo el arco político. La pronta disposición del ministro de Defensa, Agustín Rossi, como del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni o del propio jefe del Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina, pusieron sobre el tapete de la mesa política, para que se vea sin dudas, la decisión de ocuparse a través de la compañía y el saludo. Es bueno. Claro que es mejor la pre-ocupación, entendida esta como la necesidad de que todas las fuerzas políticas, nacionales y provinciales, se sienten a la mesa de trabajo para elaborar ideas y ejecutar acciones más coordinadamente, que impidan no ya sólo la reiteración de hechos como el vivido hace unas horas, sino los continuos sucesos que tienen a mal traer a toda la población en materia delictiva.
Y mitigar esta situación, no es una tarea que dependa exclusivamente del gobierno de la provincia. Hay otros actores que deben participar aún más y esto involucra al gobierno nacional con la adopción de medidas que estén vinculadas con el tratamiento que debe darse a un delito como el narcotráfico, que es de orden federal. La justicia federal y las fuerzas de seguridad del ámbito nacional (fuerzas federales), por otra parte, también deben impulsar más acciones para aliviar una situación que es causa de gran daño para la sociedad.
De garantías y menoscabos
Asimismo, se debería pasar nueva revista al Código Procesal Penal provincial y lo propio debería hacerse con las normas penales del orden nacional. A estas alturas de la filosofía jurídica, una sola cosa está clara en el lugar donde desarrolla su vida no ya sólo el ciudadano común, sino cualquier autoridad o dirigente: las garantías para la sociedad, para las familias y para cualquier persona, están seriamente menoscabadas.
Es cierto que mayores penas, por sí mismas, no resolverán la cuestión delictual, y que el delito se morigera con derechos básicos satisfechos y una adecuada educación, pero no es menos cierto que garantías extendidas y excedidas para el que delinque sólo conllevan, como está sucediendo en todas partes, un drama social.
“Todos los vecinos somos iguales”, dijo ayer el gobernador. Tiene razón, y por eso el ataque contra él y su esposa es, también, el triste resumen del ataque que cotidianamente sufren y padecen cientos de miles de personas en este país. Un ataque que requiere de todo el poder político, de todo el Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad, una respuesta precisa.
Ayer el ministro coordinador del Gabinete provincial, Rubén Galassi, mandó, en ese sentido, un claro aviso en cuanto al tratamiento que el gobierno de la provincia le seguirá dando a la actividad delictual: “Seguimos como hasta ahora, y más que nunca, coordinando esfuerzos con la justicia provincial y federal y con el gobierno nacional”.
