Luego de casi 4 años de mandato, el gobierno nacional que postuló como uno de sus principales logros la integración internacional y la apertura comercial flexibiliza, a contramano del mundo, la importación de residuos. Si bien esta práctica se venía realizando, el decreto 591/2019, firmado por el presidente Mauricio Macri el pasado 27 de Agosto, adecua requisitos para autorizar su importación eliminando la exigencia del certificado de “no peligrosidad” y establece “que la sustancia u objeto se utilice para finalidades específicas, que exista un mercado o demanda, que satisfaga los requisitos técnicos para finalidades específicas que su uso no genere impactos adversos para el ambiente o la salud”, entre otros. La nueva normativa se enmarca en un paradigma de valorización de los residuos discriminando ciertos tipos –chatarra ferrosa, no ferrosa, papel y cartón, vidrio y plástico– en tanto insumos para diversos procesos productivos. Lo que oculta el decreto es que en Argentina, aproximadamente sólo el 6% de los residuos generados es recuperado y reciclado. Los materiales existentes sobran, lo que hace innecesaria su importación. Uno de los motivos que pueden deducirse entre los que probablemente fundamenten la sorpresiva norma, es la demanda de las empresas procesadoras de incrementar su renta a través una disminución en el costo de adquisición de las materias primas, es decir, de los residuos sólidos urbanos.
Recuperadores y recuperadoras urbanas, protagonistas de un trabajo invisibilizado
A comienzos de 2001, los recuperadores/as urbanos/as ganaron protagonismo en las calles, empujados no sólo por la profunda crisis económica, política y social sino porque los precios de los materiales recuperables como el cartón, vidrio o papel, habían aumentado a causa de la devaluación de la moneda, y la actividad de recolección y venta de residuos se convertía en una atractiva posibilidad para generar ingresos. Sin embargo, más allá de las condiciones de surgimiento expansivo, la permanencia y consolidación del sector se explica a partir de la desigual estructura económica y social Argentina, que al igual que países como Brasil y Colombia, cuenta con industrias capaces de procesar grandes volúmenes de basura, alimentados a partir de pautas de consumo sumamente diferenciadas entre sectores de alto poder adquisitivo que producen residuos y una gran porción de la población que debe recurrir al cirujeo para garantizar su subsistencia.
Esta labor se convierte en el primer eslabón de una cadena de valor que termina en un puñado de grandes y concentradas industrias cuya rentabilidad se sustenta en el trabajo precario. Así, la importación de residuos podría provocar una baja de precios del mercado de materiales reciclables, afectando los magros ingresos de subsistencia de los recicladores/as.
Los residuos, una cuenta pendiente en Rosario
En Rosario, unas tres mil familias viven del reciclado informal de residuos, aunque en el último tiempo, probablemente, el número de trabajadores/as que realizan esta tarea se haya incrementado. A pesar de la irremplazable labor ambiental y social que realizan, no existe conciencia sobre el verdadero valor de su trabajo ni sobre las condiciones que deben soportar, desprovistos/as de protecciones mínimas de seguridad, tirando con su propio cuerpo un carro cargado hasta el tope de residuos reciclables, durante jornadas interminables –que pueden llegar hasta 18 horas de trabajo– para poder llevar un plato de comida a sus hogares. Sin embargo, el sistema de gestión de residuos y las políticas orientadas a la valorización del trabajo de recuperadores/as informales presentan numerosas limitaciones en su capacidad de incluir a quienes trabajan en la actividad. En la ciudad existen algunas pocas experiencias propiciadas desde espacios gubernamentales que han incluido social y laboralmente a recuperadores urbanos. Se trata del Programa Empleo Verde, Programa Separe, o el predio Bella Vista donde existen emprendimientos productivos, como también de clasificación y comercialización. Entre ellos, se destaca la incapacidad de poder dotar de recursos económicos y laborales a los emprendimientos fomentados, y garantizar de ese modo una real mejora de las condiciones y calidad de vida de los y las involucrados/as en las ofertas de inclusión y reconversión. Si comparamos el presupuesto asignado a estas iniciativas con el volumen de recursos que requiere la contratación de empresas privadas para la gestión de los residuos en la ciudad, resulta evidente que las políticas orientadas a los recicladores/as están muy lejos aún de producir impactos significativos en la vida de quienes llevan adelante esta imprescindible tarea.
Propuestas de la economía popular para una gestión de residuos con inclusión social
Ante las limitaciones de las políticas de inclusión gubernamentales, existen grupos de cartoneros/as que han reconocido la necesidad de avanzar en la organización asociativa y autogestionada de su trabajo. Lo hacen como forma de enfrentar su situación de exclusión a través de la conformación de cooperativas, avanzando en el ordenamiento de sus tareas, en el reconocimiento de sus saberes y en la valoración de su tarea ambiental al rescatar y recircular lo que la ciudad desecha. Luego de años de lucha, han logrado elaborar y presentar proyectos en la Legislatura Provincial, en Concejos Municipales y en reuniones con funcionarios que plantean alternativas posibles a la problemática de los residuos. Estas propuestas tienen como demanda fundamental la consideración de su condición de trabajadores y la inclusión laboral con derechos y condiciones dignas, como también el derecho a participar en la discusión sobre la distribución de los recursos destinados a la gestión de los residuos, poniendo sobre la mesa la sustentabilidad ambiental y la integración social. En 2016, por medio del diputado Carlos del Frade, en el ámbito legislativo provincial se presentó un proyecto de Ley que propone la creación de un sistema de gestión de los RSU gestionado por cooperativas de cartoneros/as en cogestión con el Estado. En ese camino, en Rosario, a mediados de 2017, un grupo de organizaciones sociales y ambientalistas conformado por el Taller Ecologista, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (integrante, a su vez, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores) y el Grupo Obispo Angelelli, presentaron un proyecto de ordenanza que plantea la creación de un Servicio Público de Recuperación de Residuos Reciclables en la ciudad. Para esto, aclaran, se deberían desarrollar convenios entre la Municipalidad y agrupaciones y cooperativas de cartoneros para la prestación de servicios de recolección diferenciada de residuos, promoción ambiental para la separación en origen y clasificación y tratamiento de los residuos. En función de ello, impulsaron el decreto Nº 51.224, que encomienda al Ejecutivo municipal el desarrollo de una experiencia de separación en origen incluyendo a los cartoneros/as como actores principales del sistema: a partir de organizarse en cooperativas, se les debe adjudicar determinadas zonas de la ciudad para que, en dicho circuito, se ocupen tanto de la separación en origen y clasificación, como de la difusión y promoción del cuidado ambiental, implementando un sistema de retiro puerta a puerta. Para llevar adelante sus disposiciones, se creó una mesa de trabajo entre las organizaciones y la Secretaría de Ambiente municipal que, con marchas, contramarchas y no pocas dificultades, está elaborando los acuerdos para llevar adelante esta experiencia, a modo de “prueba piloto”. Cabe destacar que en este marco se inscribe el programa de Promotoras Ambientales del MTE, llevado adelante por mujeres cartoneras que, desde una innovadora mirada, recupera y revaloriza el rol de la mujer en el sector. A través de las campañas de sensibilización, ponen en juego los saberes populares construidos a partir de su experiencia en la recolección y separación de residuos reciclables, y buscan interpelar y generar mayores niveles de adhesión de la ciudadanía a las políticas de separación en origen.
¿Organización popular o lobby empresarial?
Por todo esto, es destacable la organización en el ámbito de los recuperadores/as urbanos/as, ya que resulta ser clave en pos de las estrategias de integración al sistema de recolección de residuos y una herramienta para la conquista de derechos y acceso a mejores condiciones de trabajo (obtención de materiales, vestimenta de trabajo, acceso a vehículos para trasladar el material recuperado, etc). El proceso de organización abreva en una construcción política que busca la unidad del sector, la resistencia, y la lucha para defender la posibilidad de poder trabajar libremente. Será por estas razones que, una vez más, el gobierno prioriza y asume las demandas de los sectores empresariales antes que fortalecer los sistemas locales de recuperación, separación y acopio, incluyendo socialmente a quienes llevan adelante un trabajo que ni el Estado ni las empresas están dispuestos a realizar. Si durante estos años numerosos sectores productivos industriales fueron enormemente perjudicados por la liberalización del comercio exterior, provocando el cierre de fábricas y la pérdida de miles de puestos de trabajo, este decreto es el corolario que reafirma el carácter indiscriminado con que se implementó la apertura comercial, al impactar en plena crisis sobre los sectores más castigados por la política económica neoliberal al punto que, literalmente, no les deja ni las sobras del ya alicaído consumo nacional.
Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular y Solidaria
CEDET Rosario – UNR
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